EL VALLADOLID REPUBLICANO

 

            Los años de la republica, poco más de cinco, son años de una gran intensidad. Son años de cambio y transformación, y por tanto son tiempos también de importantes tensiones que se verán reflejados en la vida vallisoletana al igual que sucederá en el resto de España. Como ya apuntamos la república es aceptada con apoyo generalizado favorecida por la propia descomposición del régimen monárquico. Pero dentro de la sociedad, y aun con riesgo de ser simplistas, podemos encuadrar a la población en tres grandes sectores, no proporcionados en número y apoyo social. En uno de ellos estarían personas y grupos sociales que se consideran afines a la monarquía, que reconocen la inviabilidad, al menos temporal de la monarquía, pero que mantienen unas convicciones iguales en relación a la estructura social, ideológica y económica del tiempo de la monarquía. Son herederos por una parte de la España caciquil, y también de la intransigente en el cambio de valores de la sociedad arraigada en el catolicismo y la tradición; aunque también conscientes que han de darse algunos pasos de avance sobre todo en temas de justicia social. Antes de que el barco monárquico se hundiese se movilizaron y organizaron para llevar las riendas del nuevo régimen con el fin, como afirma Alcalá Zamora (Borrás, pág. 169) “encabezar un movimiento a favor de una República de derechas”.

            Otro sector de población, nutrido por los más desfavorecidos históricamente, jornaleros de Andalucía, Extremadura o Castilla, obreros de fabricas catalanas o mineros asturianos, agrupados en sindicatos como la CNT y también aunque minoritarias en algunas agrupaciones del sindicato o el Partido Socialista, también recibieron positivamente la llegada de la república; pero para ellos las diferencias del nuevo sistema eran mínimas con respecto a los valores de la monarquía, y por tanto había que luchar para imponer su revolución contra la república, igual que contra la monarquía. Para los anarquistas, lo inmediato debía ser desencadenar la revolución e instalación del comunismo libertario, y para los socialistas, la república era solo un periodo de transito en el camino a la revolución. Revolución que tenía como espejo la Revolución de Octubre de 1917 en Rusia.

            El tercer sector, y por ende, el mayoritario entre la población, desde jornaleros, pequeña burguesía, capas intelectuales etc., son conscientes que el sistema económico ejercido durante la monarquía carece de los mínimos parámetros de justicia social y reparto económico justo, lo que ha conducido a tener una población con unas tasas de mortandad, miseria y analfabetismo que no se corresponden con la realidad económica del país, y que simplemente solo se justifica por una falta de normas, valores y derechos que beneficien a la generalidad de la población. Este sector mayoritario, también comprende que la participación ciudadana, derechos sociales y sindicales, extensión de la educación a toda la población son necesarias, además de un alejamiento de la influencia eclesiástica, reivindicando los valores laicistas. Pero para conseguir esos fines entienden que el camino ha de ser dentro de los cauces y normas de una democracia burguesa equiparable a la de otros países democráticos como Francia, Inglaterra, o Estados Unidos. Preconizan un claro rompimiento con la Restauración de 1875, pero a la vez son enemigos de los movimientos totalitarios que se imponen en algunos países como Italia o Rusia.

            Para conocer la sensibilidad política de los vallisoletanos es interesante conocer los resultados de las citas electorales que tienen lugar en estos años en la capital y provincia(datos recogidos de Gómez Cabornero, S. Tesis, pág. 562-567….falta cita de Marcos) para la constitución de la Asamblea Constituyente en 1931 hay una participación del 78,9 % (ver Marcos, 1995, 219) donde los votos son mayoritarios en Valladolid y en la provincia para la coalición republicano – socialista, con algo más del 50%, y las otras opciones alcanzan alrededor del 42%..

            En las elecciones generales de 19 de noviembre de1933 ganan las derechas, pero en Valladolid y provincia la segunda fuerza es el partido socialista. Si en la provincia los socialistas alcanzan el 30 % en la capital prácticamente igualan el número de votos que los católicos y agrarios. De ello se desprende, según Gómez Cabornero, “que la preeminencia de la agrupación socialista no desciende en el marco urbano como sucede en las zonas rurales, sino que se consolida a pesar de las condiciones electorales adversas que afronta en estos comicios”. Recordar que la capital tuvo siempre un alcalde socialista, si exceptuamos el periodo de imposición de otro alcalde por el gobernador civil, tras la huelga de octubre del 34.

            Para Gómez Cabornero (pág. 566, 567)“las elecciones de 1933 suponen en el ámbito de Valladolid un momento de desconcierto y desmoralización de los partidos republicanos. Un ascenso generalizado de las derechas, más como producto de un voto de castigo a la izquierda que como debilitamiento real de la fuerza socialista, sobre todo en la capital y, finalmente una ocasión clara para constatar la limitada penetración social que las formaciones moderadas o centristas han alcanzado en el contexto vallisoletano. Destaca asimismo Gómez Cabornero la creación por parte de Acción Popular de una sección de juventudes en la provincia que es acogida con una importante implantación. Es importante este dato porque llegado 1936, las juventudes de este como de otros partidos no democráticos, se unirán a la bandera de falange proporcionando un numero sustancial de afiliados, organización y posteriormente allanamiento del camino en la integración al movimiento franquista con la llamada unificación de abril de 1937. Señala Preston que solo en la primavera de 1936, al menos 15000 miembros de las JAP (juventudes de la CEDA) se unieron a Falange (Preston P. “El Holocausto Español” . Barcelona 2013. p. 173)

            Hasta los prolegómenos de la sublevación, falange era una “banda” más que un partido, muy activos, muy violentos, pero muy escasos en numero. Para Valladolid se apunta una cifra de unos 500 en los inicios del 1936, que parece incluso exagerada, pues aunque reconocemos que no hemos hecho un estudio minuciosos sobre esta cuestión, hemos podido percibir, que falangistas “camisas viejas” eran inexistentes en la mayoría de los pueblos, que en los testimonios orales y en los documentos consultados aparecen muchos falangistas que en realidad han recalado de partidos no republicanos, o de los grupos de organizaciones católicas. Incluso relataba un viejo falangista al que entrevistamos, que con ocasión de solicitar ayuda a un cacique local en los prolegómenos de la sublevación, este le rechazo argumentando que les temía más a ellos (los falangistas) que a los de los sindicatos.

            En las elecciones de febrero de 1936 se presentan dos grandes coaliciones, la denominada Antirrevolucionaria que encuadra a los partidos básicamente antirrepublicanos, y el Frente Popular en donde se coaligan republicanos y socialistas. Los resultados difieren en la capital respecto a la provincia (Marcos, 1995, pág. 295) (Cabornero, pág. 575). Mientras en la capital el Frente Popular ronda el 50,76% la coalición Antirrevolucionaria el 41,97 %. En la provincia el Frente Popular alcanza aproximadamente el 37,90 % y la candidatura Antirrevolucionaria el 51,50 %.  Las diferencias son claramente comprensibles por la mayor influencia del catolicismo y de la cultura tradicional rural en las poblaciones de la provincia. Mientras en la capital la pujanza industrial y comercial, o los centros de influencia educativa como la universidad facilitan la implantación de ideas más innovadoras. Significativo es el escaso apoyo de las candidaturas fascistas polarizadas en Falange que en el cómputo global ni siquiera alcanza el 2%. Para conocer con mayor profundidad el desarrollo de las elecciones en Valladolid recomendamos acudir a los trabajos de Marcos (detallar) y Cabornero.

            No queremos dejar de citar un párrafo de la tesis de Sonsoles Gómez, al realizar un análisis de los resultados electorales y sus consecuencias. Comentarios que de una u otra manera otros historiadores comparten al materializar el porque del fracaso democrático republicano, y que puede dar justificación o explicación al levantamiento militar. Expone Sonsoles: (pág. 578) “La victoria electoral de esta coalición en España supone una revancha para la izquierda (elecciones febrero 1936), frente a la dinámica de desquite adoptada desde 1933 por la derecha en el poder. Dicha política queda plasmada en la aprobación de las leyes de amnistía para los sublevados y en la restitución de la legislación reformista derogada, Nos hallamos ante el rotundo triunfo del substrato excluyente, violento, intolerante vivo en las culturas políticas de la Republica. Los principios democráticos elementales inspiradores del sistema han desaparecido definitivamente para dar paso a los componentes autoritarios, intransigentes e insurrecciónales heredados de la política tradicional. La ciudadanía no ha conseguido realizar una transición completa hacia la madurez democrática y ello nos explica, en buena medida, la inestabilidad, la polarización y, finalmente, el fracaso, de la anhelada democracia republicana. El predominio de estas actitudes extremas y antidemocráticas llevará a que la política frentepopulista sea contestada por los sectores conservadores hostiles a través del golpe de estado militar de julio de 1936”.

            No compartimos estas afirmaciones que entendemos pueden terminar achacando el fracaso a una responsabilidad colectiva, minimizando de alguna manera la responsabilidad de los sublevados y los grupos civiles minoritarios que les apoyaron. Aunque esta historiadora como los demás historiadores vallisoletanos citados concluyan que los enfrentamientos callejeros y el deterioro de la vida social y política no fueron la causa de la sublevación, sino la voluntad de una parte del ejército, ni siquiera la totalidad del estamento militar, lo que ocasionará el fracaso del golpe y la generación de la guerra civil.

            Entendemos que se quieren cargar responsabilidades en el conjunto de toda la población entendida como masa activa y movilizada, y diluir las verdaderas responsabilidades de grupos realmente más minoritarios pero con gran peso y capacidad de desestabilizar, más que de movilizar masas. Lo que no significa que no haya que reconocer que se aprobaron políticas por los gobiernos progresistas que si bien podían tener una justificada razón social e histórica, la contundencia o rapidez en la aplicación de los cambios podían causar incomprensión y resistencias en otros sectores de la población, y sirva como ejemplo el tratamiento de la cuestión religiosa. Y que también tengamos que reconocer que esta población esta muy polarizada en Valladolid y provincia, unos con los socialistas y otros con partidos de escasas convicciones republicanas, lo que provoca fracturas y tensiones.

             Es evidente que España llega  a la república no por una evolución del sistema político, sino como desenlace agónico de un fracaso más en la necesaria renovación social y política. Esta situación singular, propicia por una parte una enorme resistencia en los grupos económicos e ideológicos que históricamente han manejado los hilos de la política del país. Como escribe Jacson: (pág 272, 1999)” No hay clase de seres humanos más crueles que una clase dominante amenazada, que se creé élite natural desde el punto de vista histórico, económico y cultural, y que se siente desafiada por una masa obstinada que ya no reconoce sus privilegios”.

            La realidad es que desde el día siguiente de las elecciones de febrero del 36, los sectores golpistas se lanzan a la preparación del golpe de estado, lo que significa que les es indiferente la política que puedan aplicar los nuevos gobiernos. De hecho mucho antes, cuando a los pocos meses de llegar la república fueron conscientes de la dificultad de asemejar el estado republicano al estado monárquico, surgieron los grupos claramente golpistas, que después de la intentona fracasada de Sanjurjo en el 32, aminoraron su proceso de conspiración ante la posibilidad de involucionar el proceso democrático por los posibilistas de la CEDA a través de las urnas; pero que una vez ganadas las elecciones por el Frente Popular en febrero del 36 se lanzaron a propagar un ambiente de violencia que facilitara su sublevación; manejaron con maestría la represión para paralizar a sus oponentes y se encontraron con un  gobierno que tardó unos meses esenciales en reaccionar contra la sublevación, que de otro modo nunca hubiera salido adelante. Porque a pesar de todas las rupturas y desencuentros sociales que se quieran señalar, lo cierto es que los “bandos” se van definiendo no por las movilizaciones de los ciudadanos, sino por la adhesión o no de las guarniciones militares de cada lugar al orden establecido o la sublevación. Es la profunda división de los militares lo que va a producir que desemboque la sublevación en una guerra.

            ¿Cual es la realidad de la vida política en nuestro Valladolid y provincia?. En las conclusiones sobre las elecciones de febrero Marcos del Olmo (Marcos del Olmo, Concepción, “Las Elecciones del Frente Popular en Valladolid, Valladolid, 1986, pp. 164 – 165), destaca que “sin un republicanismo de envergadura, las convocatorias electorales fueron siempre en nuestra provincia el enfrentamiento entre una derecha de corte agrario-cedista y una izquierda capitalizada por el socialismo”. Pero Marcos ante esta polarización y radicalidad destaca que en ambos bloques lejos de colocar en sus candidaturas personas y posturas claramente rompedoras con el nuevo sistema democrático, realizan gestos de suavización del radicalismo. Señala Marcos que en la candidatura Antirrevolucionaria “la presencia de tres hombres de la CEDA es prueba de que la derecha vallisoletana está, como siempre lo estuvo, imbuida de un espíritu conservador, pero no reaccionario”. Y entre las fuerzas del Frente Popular señala que “Tampoco se `puede hablar de un radicalismo exacerbado. El socialismo, incluso el más revolucionario, pudo ser eje de este bloque; pero ceder dos puestos a los republicanos de izquierda y aceptar – aunque sea sobre el papel- un retraso en la aplicación de sus doctrinas, no puede entenderse sino como una muestra de un deseo conciliatorio”. Es más como prueba de que la sensibilidad más extendida entre la ciudadanía no es la del extremismo, apunta Marcos, que en la candidatura Antirrevolucionaria “el candidato monárquico es el menos votado y, además, quien decide sustituir algún nombre de la candidatura completa no suele hacerlo para beneficiar al falangismo, ni siquiera al agrarismo, sino al auténtico republicanismo conservador –al candidato radical-.

            En la capital el alcalde García Quintana, figura reconocida por propios y adversarios por su labor al frente del ayuntamiento al servicio de todos. Nadie le acusa de sectarismo, ni de haber propagado tensiones en la ciudad. En Valladolid los católicos a través de una grieta legal que en modo alguno fue dificultada por las autoridades siguieron impartiendo la enseñanza. En la sentencia militar que le conduce a la muerte a Quintana, la condena no lo es por sus obras y dedicaciones que han defendido en el juicio personas de relevancia en el nuevo régimen de los sublevados, la condena es porque sus ideas se oponen a las ideas de concepción ideológica y social que “defienden” los golpistas, para que la nueva España siga siendo la de siempre.

             Cuando hemos investigado en las actas municipales de los pueblos, lo que nos encontramos es que antes de 1931 las actas municipales son un  reguero de despacho de cuestiones meramente administrativas, con mínima voluntad de inversión pública, en todo caso la que podía favorecer los intereses de los propios gestores que a la vez coincidía que pertenecían a las familias con mayor poder económico de la población. No falta cada año la aprobación del salario de los jornaleros, que hasta la republica se decide entre los representantes que más pagan en impuestos, por propiedad urbana, rústica etc. Es decir imponen el salario los mismos que facilitan el trabajo, sin representación real de los asalariados. A partir de la llegada de los ayuntamientos democráticos, es norma en los pueblos como en la capital la enorme preocupación de las corporaciones en la promoción de obra e inversión pública así como la protección de los trabajadores más necesitados. Sirva como ejemplo la población de Cigales, a falta de escuelas, sin lavaderos públicos, se lavaba la ropa en el río situado a tres kilómetros; sin un matadero, sin aceras en las calles, sin casas para los maestros etc. El alcalde republicano Ángel Sotillo, emprende un plan para satisfacer estas necesidades conjugando el alquiler de tierras comunales, que serviría para pagar un crédito a 30 años (1936-1966), las ayudas del gobierno central, y sin necesidad de subir los impuestos. Este plan es contestado vivamente por las fuerzas tradicionales de la población, que alimentan una campaña, acusando a la corporación de querer vender las propiedades comunales o de intento de enriquecimiento personal del alcalde. El alcalde en un gesto de claras convicciones democráticas convoca a los vecinos a un referéndum, para que sea mayoritariamente como se tome la decisión. La sublevación terminara con este plan y Ángel Sotillo el primer asesinado, además casi todos lo concejales igualmente terminaran siendo asesinados o encarcelados.

            Ángel Sotillo pertenecía a una de las familias de riqueza media de la población, poseía sus tierras, una panadería. De inquietudes sociales, ya entre 1929 y 1932, como presidente del Sindicato Católico emprenderá una iniciativa que le granjea la enemistad de los caciques locales. En concreto gestionara la compra de 67 hectáreas de terreno situadas junto al pueblo, que en alquiler habían mantenido pobremente explotadas  algunos de estos caciques locales. Estas tierras repartidas en parcelas de unos 4000 metros cuadrados serán vendidas a precio de coste entre los trabajadores del pueblo, lo que significó para muchos el acceso a la propiedad, además de ayudarles en su subsistencia.

            Con todo lo expuesto anteriormente queremos apuntar que se realizan afirmaciones en los planos teóricos y se pierde el suelo. Y desgraciadamente la realidad es que en las grandes obras y las grandes miserias, demasiadas veces son enormemente simples las razones “profundas”, las reacciones y las consecuencias. Estos cambios, estas nuevas formas de gestión en la vida local y nacional como la detallada para Cigales, rompen las bases, la pirámide de relación social tradicional; y los menos apoyaran la sublevación y la enorme represión para conseguir el “reequilibrio”, pero los más de estas élites locales guardaran un cómplice silencio.

            Otra cuestión importante y que habitualmente cobra protagonismo por encima de los logros o fines de la república, son los acontecimientos violentos que se sucedieron en los cinco años de experiencia democrática. (Para la capital, tesis de Sonsoles, para la provincia Ignacio)

            El relato telegráfico de sucesos violentos, se resume por un prematuro inicio en los primeros meses de implantación republicana de actos de protesta con agresiones físicas protagonizados por estudiantes católicos. Destaca entre ellos por su reiteración quién será jefe de las milicias, protagonistas de los llamados paseos, Antonio Girón de Velasco, en ese momento estudiante universitario. Estudiantes de tendencias contrarias responderán en unos casos a esas agresiones y en otros serán los protagonistas de las mismas. Son actos violentos que se producen sobre todo en circunstancias concretas, como los disturbios protagonizados tras la aprobación de la constitución en diciembre del 31, o en el traspaso al gobierno de las dependencias de los Jesuitas del colegio San José. 

            Hay un salto cualitativo importante cuando en marzo de 1934, tres años después de implantarse la república, se produce la primera muerte a la salida del acto que realizó Falange y las JONS en el teatro Calderón. Acto que tiene una viva respuesta entre las fuerzas de izquierda, pues falange se definía claramente como antirrepublicana y defensora de la implantación del fascismo. Se producen cargas policiales y enfrentamientos personales, que como consecuencia acaban con la vida  en la Plaza de los Arces del estudiante Ángel Abella. Muerte de la que es responsable un militante o militantes de izquierda.

            En mayo se produce un asesinato frío y calculado cuando salía de su domicilio sobre el joven Luciano Sánchez Peña, que vivía con su tío de conocidas ideas libertarias.

            En octubre del 34 la huelga general en Valladolid y provincia no tiene otros incidentes que los propios de una huelga, a excepción de Medina de Rioseco en donde se producen enfrentamientos con las fuerzas armadas, saldándose la jornada del día 5 con la muerte de un sargento de la guardia civil, heridas de arma de fuego a cinco miembros de las fuerzas de seguridad y el asesinato, nunca investigado, de dos de los huelguistas, la misma noche de su detención, además de numerosas palizas, que en el caso de otro huelguista necesitó dos meses de hospitalización. Sobre los sucesos de octubre en Valladolid estudiamos algunos juicios significativos de la ciudad y provincia en nuestro trabajo titulado: La Revolución de octubre en Valladolid. Algunos ejemplos significativos: Cigales, Medina de Rioseco, Tudela de Duero, Valladolid (Valladolid, 2009).

            En el año 35 se refleja en la prensa algunos enfrentamientos entre jóvenes de tendencias políticas contrarias que en algunos casos necesitaron curas en la Casa de Socorro.

            Ese año 35 en la capital el hecho más significativo fue la entrada en el Casino Republicano, situado en la calle Leopoldo Cano de seis o siete individuos, quienes amenazaron a los presentes, y rompieron mobiliario y cristales. Los protagonistas fueron detenidos posteriormente en la sede de las JONS.

            Llegado el año 1936, expusimos al inicio de nuestras líneas que los datos que reflejamos se corresponden a los que encontramos en historiadores que han dedicado trabajos generales a Valladolid y provincia, como Palomares, Martín Jiménez, Sonsoles Cabornero o Berzal, datos que en el caso de los hechos violentos, también hemos podido seguir, sobre todo a través de la prensa del momento y de los juicios de algunos de los casos. Hacemos hincapié en lo anterior porque en una de las obras consultadas (Berzal, E. El Valladolid Republicano, 2006, pág 68) se puede leer “que un historiador da la cifra de 21 muertos en Valladolid” por actos violentos, que serian antes de la sublevación. Pero además de no citarse la fuente, tampoco se da cuenta concreta de los sucesos.

            El año se inicia con huelgas, y conviene matizar que en aquel tiempo, al igual que hoy era un derecho legal de trabajadores y sociedad en general. Lo decimos porque en no pocas ocasiones vemos que en el mismo saco de los incidentes que pueden suponer un daño o ruptura a la convivencia, se introducen las huelgas de carácter pacífico, reivindicativo o de protesta reguladas legalmente.

            Lo que se hace evidente es que a partir de las elecciones de febrero, tanto en Valladolid como en el resto de España se va a producir un salto cuantitativo y cualitativo de la actividad violenta. Violencia de la que serán protagonistas y sobre todo precursores los grupos que demandan y apoyaran el golpe de estado. Violencia que será respondida como veremos por grupos de ideología contraria. Violencia ejercida por grupos minoritarios, siempre muy jóvenes y que por supuesto tiene una gran repercusión en la vida de una ciudad en la que históricamente no se han vivido episodios de sedición, levantamiento o de violencia como se pudieron vivir en otras zonas de España.

             Estos actos de violencia que desde febrero dejan de ser puntuales como ocurrió los años anteriores, llenando a la ciudad de estupor, indignación y miedo, provocaran también una reacción en la sociedad y en la política, de tal manera que en junio cesó el Gobernador Civil, llegando a la ciudad Luís Lavin, antes gobernador civil en Soria, que casi de inmediato consiguió minimizar los incidentes aplicando una política de registros, cacheos y detenciones, además de revisar y recoger todas las licencias de armas.

            Sobre quienes crean ese ambiente de violencia y con que objetivos cita Preston (“El Holocausto Español. P. 188) como “Mola había lamentado el 1 de julio de que la planeada espiral de provocación y represalias no hubiera convencido a la opinión pública de la legitimidad de un alzamiento militar. Menos de dos semanas más tarde se consiguió el objetivo”. Primero con la muerte por parte de los falangistas del Teniente de la Guardía de Asalto, José del Castillo el día 12 y la posterior represalia con el asesinato de Calvo Sotelo al día siguiente.

             El alcalde García Quintana en dos ocasiones se dirigió a los vallisoletanos con graves palabras, el 19 de junio expresa “…quiero dedicar unas palabras a la situación de guerra civil y de dolor que sufre la ciudad, una ciudad tradicionalmente pacifica, donde todos han podido convivir a  pesar de las diferencias políticas y sociales, hasta que han sido importados métodos de lucha y terrorismo que nunca han existido en nuestra ciudad……Pido a todos los vallisoletanos que depongan sus diferencias y cesen en la lucha civil que esta entablada……y quiero expresar el sentimiento de la Corporación por las victimas de todas las luchas que sufre la ciudad”. (Berzal. 2006, pág. 72).

            Antes, “el día 6 de mayo las organizaciones de izquierda –comunistas, socialistas y anarquistas- organizaron una huelga general contra las agresiones fascistas.: la convocatoria fue un éxito, pero no un remedio” (Berzal, 2006, pág. 70). Sonsoles cita el comunicado de los huelguistas: “como protesta contra las constantes agresiones fascistas y contra la pasividad y complicidad de las autoridades y superiores y subalternos, por lo que se pide la destitución del gobernador civil, del comisario de policía, del jefe de la cárcel y de los jefes y oficiales de la fuerza pública”.

            Siguiendo a Sonsoles (falta página), el día 14 de junio, explota un artefacto en la Casa del Pueblo, lo que suscita una campaña de jóvenes socialistas contra otros viandantes y el saqueo del Centro Tradicionalista. El día 18 un grupo de obreros acuchillan a unos falangistas que gritaban ¡Arriba España!. Y les disparaban con pistolas que según sus declaraciones, habían robado a otros fascistas. El atentado más grave fue el cometido por los hermanos Igea, militantes de Falange, también el día 18 que dispararon en el interior de tres cantinas situadas en las calles Zapico, Nicasio Pérez y Renedo, matando a un cliente e hiriendo a otras siete personas. El día 19 los grupos que había convocado la huelga del día 6 realizan una nueva convocatoria, lo que no impide que en esta ocasión sea asesinado Juan Sainz Sainz, militante de Acción Popular y tesorero de la Federación de Sindicatos Agrícolas de Valladolid. También resultaron heridos su hijo y tres transeúntes.

            En este ambiente de autentico terrorismo callejero protagonizado por grupúsculos de ideologías encontradas, llega Lavin el día 22 de junio, que como indicamos anteriormente toma estrictas medidas de control férreo sobre los ciudadanos; recogiendo y revisando las licencias de armas, se aumenta la presencia policial en la calle y multiplica los cacheos, se detiene a elementos sospechosos, consiguiendo que se reduzcan de forma muy importante los incidentes. Su labor apenas llegó al mes y será uno de los primeros asesinados tras un juicio sumario en agosto.

            En la provincia y siguiendo las investigaciones de Ignacio Martín Jiménez (falta página), destaca la muerte el día 1 de mayo de 1934 en Peñafiel del joven Eladio Alonso de 16 años, como culminación de una jornada de enfrentamientos entre jóvenes socialistas y falangistas. El 18 de mayo también es asesinado el alguacil de Peñafiel, Leocadio Vázquez. En Villanueva de Duero una discusión entre siete personas de ideología contraria acabará con la muerte de Eusebio Maroto del sindicato católico.

            Se relatan otros incidentes de enfrentamientos en otros pueblos de Valladolid con insultos o agresiones que no tienen consecuencias graves. Cita Jiménez (pág. 18-19, 2000) el testimonio que recoge Ronald Fraser, en su historia Oral de la guerra civil española, Barcelona, 1979, pp 119 y ss.) de Alberto Pastor, miembro de las JONS desde 1932, sobrino de un terrateniente de la localidad de Tamariz señalando “que con la llegada de la república cambiaron radicalmente las relaciones de camaradería que hasta entonces existían entre los jornaleros del campo”. Alberto Pastor tiene toda la razón, la ruptura se produce cuando las relaciones de orden y jerarquía social tradicionales se rompen; y eso es precisamente lo que se produce cuando son aprobadas las normas democratizadoras en 1931, como el derecho a la huelga, la Ley de Términos Municipales (28-IV-1931), las mesas de negociación salarial, los Jurados Mixtos (4-XII-1931) Ley de Contrato de Trabajo (21-XI-1931) Ley de Laboreo Forzoso de las tierras. Un orden de siglos, en el que los dadores del trabajo son asimismo los que imponen las condiciones del trabajo y del sueldo, con un importante aditamento además de paternalismo, fruto de la “caridad cristiana”, es literalmente minado por unas nuevas normas, teniéndose que sentar en la misma mesa, con la misma voz y con las armas que les proporciona la legalidad para discutir el horario, el sueldo. Y en el caso de no llegar a un acuerdo los trabajadores antes serviles, y ejerciendo su derecho constitucional de huelga, pueden decidir estar uno o cincuenta días sin acudir al trabajo y poner en un apuro al “amo”.