JUICIO AL ALCALDE ANTONIO GARCÍA QUINTANA

            El ayuntamiento de Valladolid, es tomado por la fuerza hacía las 5,30 de la madrugada del 18 al 19 de julio. Todavía en la fachada son apreciables numerosos impactos de bala. El alcalde García Quintana se esconderá en casa de un cuñado suyo, sito en la calle Claudio Moyano 34, 2º Izq. , hasta que es detenido el día 27 de febrero de 1937. Juzgado en el salón de plenos del Ayuntamiento, será condenado a muerte y ejecutado.

            En el juicio se presentaron en favor de su defensa personalidades afectas al nuevo régimen, como el ex alcalde Vicente Moliner, el notario Vicente Divar, el que fue delegado de trabajo Agapito Zapatero, que alabo su tono dialogante y benéfico para la ciudad. Monjas de Valladolid, incluso Falange Española, a través de Andrés Redondo, hermano de Onésimo Redondo, no emitió acusaciones hacía García Quintana. Toda defensa era igual, el tribunal militar en su sentencia pone en evidencia que por encima de las cualidades personales del alcalde, las ideas que representa, las del nefasto Partido Socialista, son negativas para la nación española, y no cabe otra pena que la muerte.

            Queremos recoger en estás páginas una serie de razonamientos que hacen las autoridades militares en la causa de García Quintana, que de una u otra manera son comunes a todas las causas judiciales. Debiendo recordar una vez más, que estas causas judiciales siguen teniendo consideración de legalidad en España. Son algo áridos de leer los párrafos que exponemos a continuación, pero sirven para apreciar esa voluntad de dar la vuelta a la realidad legal, convirtiendo a los sublevados en gobernadores legales, y a los que se mantuvieron en la legalidad, aunque se hubieran mostrado pasivos para defenderla, por el hecho de no haberse sumado activa o explícitamente a la sublevación (el Movimiento que dicen ellos) serán igualmente culpabilizados, condenados y tratados como alzados.

            El Alférez señor Oñate de Pedro, que ha defendido a García Quintana, una vez recibida la sentencia, recurre la misma. Como en la gran mayoría de las causas judiciales de los juicios sumarios, la condena es por el delito de Rebelión. El alférez expone que en dicha sentencia se ha cometido un error de derecho y otro de hecho. Además de intentar con distintos argumentos exculpar al alcalde de responsabilidades, el letrado en otro párrafo afirma: “que el delito de rebelión militar del art. 237 del código de Justicia Militar, se caracteriza por el alzamiento en armas, contra los poderes legítimos en cualquiera de las formas allí mismo señaladas; y como quiera que, según se demuestra anteriormente es erróneo que el procesado realizara los actos que se le atribuyen, y aún siendo esto cierto, todos ellos son muy anteriores al momento en que el Glorioso Ejército Español asumió los poderes legítimos de España, mediante la declaración de Estado de Guerra que se publicó en la madrugada del día 19, es del todo evidente el error de derecho en que se incide al considerar tales actos como constitutivos del delito mencionado.

  1. b) También constituye otro error de derecho el considerar a este defendido, como adherido a la rebelión, ya que este delito no puede cometerse si no, después de producida la rebelión en Valladolid. Ni antes de la misma, ha realizado García Quintana acto alguno que acredite su voluntad de adherirse a la rebelión de referencia.
  2. c) Y finalmente considerar a mi defendido como autor por inducción del expresado delito de rebelión, constituye otro nuevo y manifiesto error puesto que, según las sentencias pronunciadas por los consejos de guerra ordinarios de esta plaza, los autores materiales de la rebelión habida en ella con ocasión del Gloriosos Movimiento Nacional, lo fueron todos, sin excepción alguna, por participación directa y voluntaria, esto es; por impulso propio, y ello, según doctrina del Tribunal Supremo en su sentencia de 2 de Diciembre de 1902 y 3 de julio de 1917, impide en absoluto que sea apreciada la inducción, hasta que el supuesto inductor estuviere animado de los mismos sentimientos y designios que los rebeldes”.

            La respuesta del juez, insiste en la justificación razonada de la presunta legalidad de los sublevados, y desmonta los razonamientos del alférez, lo que nos sirve para apreciar la forma y argumentación que emplean para convertir lo blanco en negro, el agua en vino, en definitiva, como ya hemos dicho, convierten en sublevados y alzados a los fieles a la legalidad. Dice el juez en uno de los párrafos: “que a partir de tales hechos su calificación es acertada, porque al asumir las Autoridades militares iniciadoras del Movimiento Patriótico, el Poder Legitimo de la Nación desde el 17 de julio último, la oposición armada al mismo, dirigida y sostenida por el entonces Gobierno de Madrid, constituye evidentemente la rebelión militar definida en el art. 237 del Código de Justicia Militar, según sienta el Tribunal, sin que la responsabilidad por este delito requiera la intervención material en el alzamiento, porque de una parte la inducción directa que el Consejo estima es, naturalmente, anterior y distinta  a la ejecución, no obstante lo cual el art. 14 del Código Penal las equipara en la calidad de autor, apareciendo, además los hechos probados, de dirección e intervención que se imputan al encartado, como determinante de la rebelión surgida en Valladolid, con virtualidad suficiente a generar la condición de autor en esa relación inmediata, directa, de causa a efecto; de otro lado establece la concurrencia del culpable a las reuniones rebeldes del Gobierno Civil del día 17 y 18 de julio de 1936, para combatir al Estado Nacional surgido, luego esa actuación preparatoria lleva también, derechamente, a la figura de la inducción, una vez producido el delito, y como ya tuvo lugar después de planteada en otros lugares la oposición armada a las nuevas Autoridades salvadoras, cabe admitir la coexistencia de la inducción con la adhesión del nº 2º del art. 238 del Código de Justicia Militar, que reflejada en una comunidad o identificación espiritual, tampoco requiere actos de ejecución del levantamiento armado, representativo de otra modalidad del propio nº 2º de art. 238. Por tanto estas conclusiones de derecho de la sentencia se ajustan a la ley sin que puedan prevalecer, consiguientemente, las alegaciones contrarias del defensor. En lo demás la súplica subsidiaria de este sobre conmutación, como se refiere a un aspecto puramente agraciable no puede tomarse aquí en cuenta si no tramitarla por separado en informe relativo a indulto. Anotamos: con argumentos calcados o similares fueron condenados miles y miles de Vallisoletanos y españoles.