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Categoría: La Represión
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LA REPRESIÓN

            Entre las muchas obras que han tratado la cuestión de los fines, cifras o razones de la represión que se desencadena en el territorio nacional a partir del 18 de julio, queremos citar por el singular interés que nos despierta, la obra coordinada por Santos Juliá: “Victimas de la Guerra Civil”, Madrid, 1999. Un trabajo más reciente de Pablo García Colmenares “Los Usos Públicos de la Historia: La memoria de la represión de la guerra civil en Palencia” (1936-1939), Palencia, 2005, y el libro de Enrique Escanell “1936, La Conspiración”, Madrid 2008.

            Lo primero que cabe señalar es que Valladolid y su provincia no ofrecieron apenas resistencia a los sublevados. En una semana y con un bajo número de victimas toda la provincia quedó bajo control militar. Es más, a través de las actas municipales comprobamos que en la mayoría de las poblaciones el traspaso de poder de las corporaciones democráticas a las gestoras impuestas por los sublevados, se condujo guardando estrictas formas de normalidad, dentro de la circunstancia; que corrientemente consistía en la llegada a la población de un destacamento de la guardia civil que acordaba con las personalidades afines a los sublevados una corporación, que sobre todo en los primeros meses suele estar compuesta por personalidades que ya habían tenido alguna responsabilidad en la vida municipal antes de la llegada de la democracia de 1931, además de otras personas claramente comprometidas con los sublevados. En el ayuntamiento eran citadas las autoridades que habían sido elegidas en las elecciones democráticas de la republica, y se recogía en acta el traspaso de poderes a las nuevas autoridades por mandato de la autoridad militar; haciendo entrega del bastón de alcalde, el alcalde saliente al entrante. De los 230 municipios de Valladolid, y como irá comprobando el lector en el estudio  pormenorizado de los municipios, en apenas una decena de poblaciones se producirán incidentes de oposición o resistencia. En la gran mayoría la situación es aceptada con gesto de resignación.

            Una pregunta que suscita interés es que ocurre en las horas y días posteriores a la sublevación en las poblaciones, antes de que lleguen las autoridades sublevadas, con las personas que son claramente afines a los sublevados. Por las informaciones conocidas sabemos que los incidentes son mínimos, apenas se constatan detenciones y ningún asesinato. Sobre todo, los miembros de partidos y sindicatos de significación progresista se limitan a patrullar por las calles, con cuchillos, pistolas o escopetas de caza. En algunos casos requisan armas a otros particulares con la finalidad de defenderse de los que puedan llegar como sublevados al pueblo, y en otros casos son requisadas las armas a las personas menos afines o enemigas de la republica.

            A la vista de lo que sucederá a partir de la implantación de la sublevación, más de 2000 personas detenidas entre finales de julio y finales de octubre constatadas por Martín Jiménez (La Guerra Civil en Valladolid (1936-1939), pág. 183) , y los cientos de asesinatos en esos mismos meses, bien por los “paseos” bien por los juicios sumarios, cabría deducir que estos sucesos son producto del “paroxismo de violencia” como cita el anterior autor en los tiempos previos a la sublevación; pero la realidad, y sirva de fuente la propia Causa General, causa abierta por las autoridades golpistas a partir de mayo de 1939 para conocer las “barbaries rojas”, es que en Valladolid en los años previos no hay mayores incidentes que los propios, aunque graves, de un tiempo de crisis y cambio, y que justo en esas horas y días inmediatos al 18 de julio, cuando salta la chispa, no se producen detenciones ni asesinatos fríos como los que se prolongan a partir del dominio de la situación por los sublevados; y se constata además que los escasos incidentes con victimas en aquellas primeras horas y días son siempre en enfrentamiento armado.

            Al hilo de las frases anteriores referentes a que en los años previos a 1936 no hay mayores incidentes que los propios, aunque graves, de un tiempo de cambio y crisis…y dado que abunda entre algunos historiadores la convicción de que el clima de violencia pudo jugar un papel determinante para la sublevación, quiero incluir esta cita de Pilar Aguilar (Colmenares, 2005, p. 39) en relación a la Transición Española:“ En contraste con lo que suele decirse del caso español, que ha pasado a la historia como el tránsito “pacifico” por excelencia, cabe destacar que fueron más de 460 las muertes violentas ocurridas en el periodo comprendido entre 1975 y 1980”.

            En los preparativos de la sublevación del 36 se produce en las formas y objetivos inmediatos un cambio sustancial con los golpes de estado de corte decimonónico, en los que un grupo de militares se conjuraban para hacerse con el poder, desmantelando el gobierno o la cabeza de estado de turno, pero sin instrucciones de represión contra la población civil, que entendían no jugaban un papel determinante. En esta ocasión los directores de la sublevación son conscientes que mayoritariamente la población no es afín a sus propósitos, y por otra parte también saben que no se mantendrá al margen de sus veleidades. Pues como ya hemos comentado en otras líneas, la república que es auspiciada por las fuerzas unidas a la oligarquía e ideología más tradicional, fracasa en su intento de construir una Republica “controlada” como lo fue la Restauración de 1875.             La razón del golpe de estado no esta en los temores de una revolución anarquista o socialista; intentonas revolucionarias que ya habían fracasado, y fueron controladas fácilmente por las fuerzas militares y políticas. Es significativo como un buen numero de historiadores a estos intentos revolucionarios, sobre todo el socialista de 1934, lo utilizan como justificación de un fracaso colectivo que favorecerá la sublevación, cuando en realidad, además de tener esos movimientos revolucionarios como el del 34 un área de extensión geográfica poco generalizado, las fuerzas militares no solo obtuvieron un éxito militar en pocos días, sino que al mismo tiempo camparon a sus anchas en Asturias, o en Valladolid en el caso de Medina de Rioseco, vengando con total crueldad e impunidad los asesinatos de militares por parte de los huelguistas, sin ser cuestionados ni por el gobierno, ni por la oposición.

            Su miedo y la razón de su sublevación esta en la pujanza de unas clases medias, trabajadores e intelectuales que han adquirido no solo una clara conciencia democrática, sino además un claro compromiso de defensa de esa democracia, que a pesar de muchas dificultades, incluso errores, iba afianzándose en la vida publica. Es por esas razones que la cabeza visible de la sublevación, el general Mola, en la instrucción reservada número 1 de 25 de mayo de 1936, que envía a los responsables de la sublevación en cada zona, dice: “Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego, serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al Movimiento, aplicándose castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas”.

            Otra circular del 24 de junio de mola afirma: “El movimiento ha de ser de una gran violencia. Las vacilaciones no conducen más que al fracaso”. Iniciada la sublevación ordena: “Es necesario propagar una atmósfera de terror….cualquiera que sea, abierta o secretamente, defensor del Frente Popular debe ser fusilado”.

            De especial interés nos parece también el bando de guerra que el general Saliquet emitía el día 19 para cumplimiento en la 7ª División. Son quince puntos en los que básicamente se impone que todo el control de la vida civil y jurídica queda bajo el mando militar. Que para cualquier acto de oposición o resistencia se autoriza el empleo de la máxima violencia armada.

            Destacamos algunos de los puntos del bando de Saliquet que unidos a las ordenes de Mola, que por otra parte no debemos olvidar durante dos meses tuvo su despacho en Valladolid, nos ayudan a comprender como se organizo la represión y a quiénes se le aplicaron las normas represivas. En el Artículo 1º del bando de Saliquet se expone: Queda declarado el ESTADO DE GUERRA en todo el territorio de esta División y, como primera consecuencia, militarizadas todas las fuerzas armadas, sea cualquiera la autoridad de quien dependían anteriormente, con los deberes y atribuciones que competen a las del Ejército y sujetas igualmente al Código de justicia militar.

             Artículo 2º: No se precisarán intimidación ni aviso para repeler agresiones por las fuerzas indicadas anteriormente……Se tendrá en cuenta la misma norma para impedir los intentos de fuga de los detenidos.

            Artículo 11º: Los jefes más caracterizados o más antiguos de la Guardia Civil, Carabineros, Seguridad o Asalto, con mando, se harán  cargo del mando civil en los territorios de su demarcación, siempre que en ellos no haya fuerzas del Ejército a quien compete en primer lugar.

            Hay que tener en cuenta que la alcaldía de Valladolid recae en manos de un militar, el gobernador civil también es un militar; militar también es el presidente de la diputación. El aparato judicial es asimismo militar, siendo por tanto militares los que dirigen y dirimen la vida pública desde la implantación de la sublevación. En el bando de Saliquet y precisamente en el punto primero expone con clara rotundidad que las fuerzas armadas quedan militarizadas y por tanto bajo las órdenes de los militares.

            Las milicias de civiles son armadas por los militares y en los incidentes en los que por alguna razón se ven implicados miembros de estas fuerzas milicianas, en todos los casos son denominadas como fuerzas auxiliares del ejército, y por tanto según sus propias palabras sujetas y amparadas al código militar.

            ¿Porqué hacemos tanto hincapié en destacar esta realidad de imposición en todos los estamentos de los elementos militares?. La razón es simple, en la historiografía local de Valladolid, como la que podemos encontrar a nivel de otros lugares de España, hay un predominio de dos corrientes a la hora de explicar las responsabilidades sobre los asesinatos generalizados y masivos que se suceden sobre todo en los meses de agosto y septiembre en los lugares en donde primero se impuso la sublevación, y que después se extenderán de igual modo en los lugares de España que fueron siendo conquistados en la guerra. Las explicaciones más llamativas, y que no hacen otra cosa que seguir propagando el discurso de la dictadura, abundan que esta represión fue cometida por grupos de incontrolados que en el fragor y exaltación de los primeros meses camparon sin control. Siendo incluso los propios militares quienes hagan serios esfuerzos por controlar esta situación de desmanes. Otras corrientes, con diferentes matices, vienen a reconocer que estas fuerzas, armadas por los militares, eran de alguna manera controladas por estos y, que se les dio mano abierta para ejercer la represión sobre personas o colectivos. Personas, las asesinadas, que reunían unas características, en cuanto a sus implicaciones sociales o políticas, pero que eran elegidas por los propios ejecutores y no por los jefes militares de quiénes dependían.

            Tanto una como otra explicación de la represión de esos primeros meses,  que se extenderá por todo el territorio nacional a lo largo de la guerra, materializada en los llamados “paseos”, resulta ya de principio cuanto menos sorprendente. Los militares copan todos los puestos de mando de la vida civil, como se ve en el punto 11º, incluso se faculta a mandos de la guardia civil o carabineros para que se hagan cargo del mando civil en las demarcaciones, siempre que no haya, dicen, militares. Es decir deja claro que los territorios se dividen en demarcaciones que son controladas por fuerzas militares. Incluidas las milicias, a las que no se arma, como si ocurrió con el gobierno republicano tras la sublevación que abrió los arsenales repartiendo armas de forma indiscriminada y sin control militar, sino que estás milicias que operan bajo la bandera de Falange, desde el primer día están militarizadas y por tanto bajo la responsabilidad y control de los jefes militares. Por tanto, reiteramos resulta sorprendente que puedan estar meses actuando a su libre albedrío, o con mano abierta para elegir que personas, y en que momento han de ser eliminadas o encarceladas.

            Es cierto que nos faltan evidencias de cómo se organizo la represión. Gracias a la ley de amnistía, ley de punto final cabría definir de 1977, y a la complacencia de muchos historiadores con las versiones ofrecidas por la propia dictadura. Durante la guerra y la dictadura el bando vencedor se preocupó de castigar a todos los que pudieron producir asesinatos o desmanes del lado republicano, además de todos los demás por sus implicaciones democráticas. Pero nuestra democracia no ha juzgado a los responsables y al régimen de los sublevados, cosa que al parecer la mayoría de españoles esta o estuvo de acuerdo en que así se hiciera en aras de una nueva convivencia. Pero es que también se ha tratado de crear confusión y desconocimiento sobre aquellos sucesos en el plano histórico. Lo cual resulta inaceptable desde el punto de vista del debido conocimiento de los hechos, además de injusto e inaceptable desde el punto de vista de la obligada justicia y dignificación de las victimas.

            Estimamos que a pesar de los inconvenientes señalados tenemos los suficientes datos, fruto de los documentos encontrados, sobre todo en las causas de juicios sumarios, que nos dan luz de cómo las autoridades militares sublevadas tuvieron un cuidado máximo en establecer una gradación de penas acorde a las responsabilidades o personalidades de los inculpados; un cuidado máximo para asegurarse y no confundirse que las personas condenadas son merecedoras de esa pena y no de otra. Y para ello, como veremos, en cada localidad hay establecidos unos comités de apoyo a los sublevados, que guardan entre ellos contrastadas características sociales y políticas; lo que les permite a los mandos militares dilucidar de la forma más objetiva, quienes y porqué han de ser unos y no otros los condenados y cuales han de ser sus penas.

            Vayamos por partes y ejemplificando los argumentos. En primer lugar, de lo que hoy apenas hay controversias entre los historiadores es que los objetivos y fines de los sublevados y las fuerzas civiles y eclesiásticas que les apoyaron, buscaban “dar la vuelta al país”. No solo no había intención de devolver la democracia, ni siquiera hubo intención de instaurar en España un régimen Fascista. Adquieren sus formas, pero nada más, de hecho el decreto de unificación de abril del 37 significa el control por parte de los militares del falangismo y el carlismo. El Jefe de Falange, Hedilla, termina en la cárcel y con dos penas de muerte, y el Jefe de los Carlistas,  Fal Conde, tiene que huir a Portugal. En el primer gobierno de Franco de enero de 1938, los falangistas tienen una sola cartera ministerial y poco representativa. El nuevo régimen dará en los años siguientes prebendas a los que se adaptan, además de dejarles parcelas de poder poco significativas en los planos de control del estado.

            Consideraban los sublevados que tanto la democracia nacida en 1931, como todo el movimiento social e intelectual de corte modernizador, liberalizador y progresista que desde finales del siglo XIX se venia propagando por la sociedad española, representaba un peligro a las esencias ideológicas y tradiciones de España. No les valía con ganar una guerra e imponer su orden, sabían que eso no era posible conseguirlo sin eliminar físicamente a los representantes sociales mas destacados en los terrenos políticos, sindicales e intelectuales, además de tener que encarcelar, depurar, desterrar y aterrorizar a otros muchos españoles; y a esa labor dedicaron toda su maquinaria represiva y propagandista, que no culminara con el fin de la guerra; pues a pesar de su victoria, entre los años 1939 y 1949 mueren por ejecuciones o por las condiciones de las cárceles no menos de 60.000 españoles, además del medio millón que sale del país.

            Los sublevados y el régimen que impusieron, desde sus primeros decretos eliminaron todos los derechos de los trabajadores: jornada de ocho horas, derecho de huelga, mesas de negociación salarial etc.etc.; regresando a la vieja tradición de relaciones “amo – jornalero”. Todos los derechos democráticos de elección de representantes fueron suspendidos. Los alcaldes, por ejemplo, son nombrados por el Gobernador Civil. La mujer perdió no solo su derecho al voto, si no sobre todo sus avances hacia la igualdad con el varón, y su papel protagonista en la vida económica y pública. En la educación fueron de nuevo separados en las escuelas los niños de las niñas, y los progresos pedagógicos conseguidos en los años anteriores y durante la república en la enseñanza, fueron relegados en aras de una formación en la que por encima del conocimiento se fomentará el adoctrinamiento. Para esta labor, la iglesia que ya antes de la republica había visto muy disminuida su influencia en la sociedad española, pues desde hacia muchos años el país evolucionaba en una clara espiral laicista, se convirtió en pilar fundamental de justificación del nuevo orden y de adoctrinamiento.

              Todos los maestros, todos los funcionarios pasaron por tribunales de depuración, que sirvieron para eliminar a todos aquellos que hubieran destacado minimamente en la democracia. Los acuartelamientos militares reforzaron su presencia en las ciudades, en un claro signo de que ellos no estaban para la defensa de la población ante las agresiones externas, si no para controlar y recordar quienes dirigían la vida y velaban por el control de la población. Para entrar en la administración y para muchos trabajos eran preceptivos hasta el final de la dictadura los informes de buena conducta, e informes de personas de “orden” que avalaran la adhesión al régimen del peticionario.

             Los que pasaron por las cárceles, fueron depurados o apartados por sus compromisos con la democracia, y en ese afán de que siempre estuvieran relegados, durante toda la dictadura fueron controlados policialmente, sin posibilidad de ejercer derechos sociales o políticos; incluso como gesto de aviso y a la vez entendemos que vejatorio, cuando el Dictador Franco se desplazaba a algún lugar de la península; a lo largo del recorrido los que habían estado en las cárceles o se les consideraba poco comprometidos con el régimen eran llevados a los cuarteles de la guardia civil.

            Queremos a continuación ir abriendo algunos casos que sirven de ejemplo sobre que personas se ejerció la represión, como se discernía la gradación de penas, quienes eran los responsables y ejecutores de las condenas, o como esa represión obligatoriamente debía ser ejercida. Mostramos en primer lugar los sucesos acaecidos en Cáceres en la navidad de 1937.

            Cáceres dependía orgánicamente de la VII División con cabecera de mando en Valladolid. Por tanto las instrucciones generales de Mola, como las especificas de Saliquet son las mismas de aplicación. Al igual que Valladolid la oposición a la sublevación fue mínima, pero en el desarrollo de la represión se producen unos hechos singulares, que serán corregidos de forma expedita. 

            La obra que nos sirve de referente es la publicación del catedrático Julián Chaves, “Tragedia y Represión en Navidad”. Doscientos republicanos fusilados en la Navidad de 1937, Cáceres, 2008.

            En este trabajo de investigación del profesor Chaves, un primer documento que nos parece de interés es la confirmación de un dato que habíamos recogido en algunos testimonios orales, y que también se anuncia en el bando de Saliquet, aunque con poca concreción, como era la presencia en determinados núcleos de población de militares que ejercían una labor de mando sobre varios municipios de la provincia. En Tudela de Duero nos hablaban de un capitán del ejército. En Renedo de un teniente, etc. Señala Chaves (p. 59) que la provincia de Cáceres a partir del 19 de julio se dividió en zonas, y se puso al frente de cada una a un delegado gubernativo que se encargo de la dirección de los sublevados y sus apoyos. Para cumplir su cometido les fueron remitidas las siguientes instrucciones firmadas por Saliquet: 1º) Se presentaran a la Autoridad Militar (Jefe de Línea de la Guardia Civil) de cada cabeza de Partido, presentándole su nombramiento para que se pongan a sus ordenes. 2º) Circulará urgentemente órdenes a todos los puestos de la Guardia Civil para que se incauten de los ayuntamientos de su demarcación, entre tanto se designan las comisiones gestoras…………Este documento tiene gran interés porque no solamente los militares han militarizado a las fuerzas armadas y milicias civiles, han copado los puestos de mando civil, como el de Gobernador Civil, han encomendado a la guardia civil de cada comandancia la responsabilidad en la aplicación de los bandos militares, si no que además el territorio se divide en demarcaciones con delegados nombrados directamente por la cúpula militar golpista y con plenas atribuciones. En definitiva se aprecia una preocupación máxima para que su poder de control, y sus instrucciones no solo tenga los mínimos resquicios, si no que además son ellos, los militares, y no otros, como podían ser fuerzas civiles afines a los golpistas, los que ejerzan las labores de dirección y control de la sublevación.

            En Cáceres como en el resto de provincias ganadas por los sublevados, de inmediato se aplican medidas represivas. Señala Chaves (p. 85) que una singularidad de la represión en Cáceres, es que tras la caída de Mérida y Badajoz, muchos milicianos cacereños que regresaron a sus casas, fueron casi de inmediato asesinados por medio de los “paseos”. A lo largo de los primeros meses se prodigaron los juicios sumarios como los realizados a las máximas autoridades, el Alcalde de Cáceres, Antonio Canales González o el Presidente de la Diputación, Ramón González Cid. Pero si comparamos Cáceres con Valladolid o Palencia, comprobamos en primer lugar que las condenas a muerte en los juicios sumarios alcanzan a un numero inferior en el numero y categoría de responsabilidad entre los dirigentes republicanos, y por otra parte que esas condenas a muerte como es el caso del Alcalde de Cáceres, el Presidente de la Diputación y otros directivos republicanos, van pasando los meses y no son ejecutadas. Incluso en la sociedad civil cacereña proclive a la sublevación, hay una sensibilidad manifiesta para preservar la vida de estas personas. En poblaciones de fuerte compromiso republicano como Malpartida de Cáceres o las Navas del Madroño, la represión tampoco tuvo en los primeros meses un gran efecto, exceptuando los que habían resistido con armas y son paseados.

            Pasado más de un año de la sublevación, en octubre del 37, se produce un hecho que tendra una fuerte repercusión. Las fuerzas militares sublevadas descubren la presencia del guerrillero comunista Máximo Calvo Cano, que había sido alcalde del pueblo de Cadalso, quien es acusado de estar preparando un complot en las líneas de retaguardia, con el fin de hacer caer la provincia cacereña en manos gubernamentales. Desde esas fechas los militares comienzan a detener a numerosas personas de militancia de izquierda, bajo la acusación de ser sospechosas de ayudar al guerrillero. Se propala en la opinión pública a través de los medios de propaganda una importante alarma por riesgo de un ataque republicano a la capital cacereña, y lo mas llamativo es que cuando Máximo es localizado y muere en el enfrentamiento el 27 de diciembre, le es incautado un diario en el que sin guardar las mínimas normas de discreción y protección, tiene anotados los nombres de decenas de personas con las que ha mantenido contactos o le sirven de apoyo para el presunto complot. Las conclusiones que presenta Chaves (p.244) una vez investigado el caso y recogido testimonios sobre la personalidad de los implicados que: “el susodicho complot no existió, que fue una invención de las autoridades para desencadenar una espiral represiva que acabo con la vida de dos centenares de personas”.

            Se forma un Tribunal de Urgencia en la capital Cacereña en diciembre de 1937, y para instruir las causas judiciales llega desde Valladolid el Teniente Coronel de Caballería Ricardo Fajardo. Este militar esta siempre presente en la vida jurídica vallisoletana desde la sublevación, y representaba la máxima autoridad para velar por el cumplimiento de las medidas represivas de los sublevados. “Desde que llega a Cáceres como juez permanente sus competencias en esta materia estaban por encima del mismo Gobernador Militar, aunque este fuese el encargado de aprobar las sentencias” (Chaves, p. 174).

            Una de las primeras instrucciones de este tribunal, cuyos componentes por bando de 25 de diciembre de Saliquet, fueron sustituidos del anterior, ordena: “Remitan relación nominal de todos los señores que al iniciarse el Movimiento desempeñaron el cargo de Alcaldes y Concejales del Frente Popular, indicando el cargo de cada uno, señas de su domicilio, situación actual, y nueva residencia en el caso de que vivan en otra localidad. De igual forma y con idénticos datos, facilitarán, caso de existir antecedentes en dicho ayuntamiento, los de aquellos que al iniciarse dicho Movimiento, fueron Presidentes y Secretarios de cuantas Casas del Pueblo hubiera, y también de los Presidentes de las distintas sociedades obreras extremistas que, en aquella fecha existieran” (Chaves, p.174).  Señala Chaves (p.175) que la intención de esta orden era comprobar si esos nombres de responsables republicanos estaban en las libretas de Máximo Calvo, pero la realidad es que fueron detenidos muchos otros hasta llegar a la cifra de 322, algunos ya estaban detenidos, incluso juzgados. Y como colofón de este proceso al presunto complot de Máximo Calvo, en los meses de diciembre y enero fueron pasados por las armas dos centenares de personas, entre ellas todos los que habían sido juzgados y condenados a muerte, que permanecían en las cárceles sin ser ejecutados como el Alcalde de Cáceres o el Presidente de la Diputación.

            Es importante reseñar que el alcalde de Cáceres, Antonio Canales González, guarda muchas similitudes con el alcalde Valladolid, Antonio García Quintana. Ambos pertenecían a los sectores moderados de las agrupaciones socialistas, y ambos gozan de una buena reputación en la ciudad entre los responsables y dirigentes de todas las ideologías. Recoge Chaves (p.181) la nota de prensa aparecida en el Diario de Extremadura, “guardián de la derecha más reaccionaria”, tras su reposición como alcalde después de las elecciones de febrero de 1936: “Esperamos que la ecuanimidad y dotes del Señor Canales, cuya capacidad de trabajo y espíritu de sensatez hemos reconocido, para aparte de ideologías que no compartimos, poder siempre dedicarle la misma consideración y justicia”. En ambos casos las fuerzas civiles de contrastada ideología, en el juicio que se celebra evitaran las acusaciones contra ellos, pero en ambos casos los militares hacen caso omiso y les pasaran por las armas con argumentos muy similares, que en el caso del juicio de este alcalde, en la sentencia a muerte dictaran que a Antonio Canales se le aplica la máxima pena “por ser notoria su perversidad reflejada en la importancia político-social que con matiz marxista tuvo desde la implantación de la republica”. Esta sentencia es de agosto de 1937, es decir pasado más de un año del golpe de estado, pero por otra parte como hemos apuntado, no se cumplimenta hasta las navidades del 37, cinco meses después y tras la imposición de un nuevo tribunal por Saliquet y la presencia de Ricardo Fajardo.

            En estos sucesos de la navidad cacereña también se ven implicados 16 soldados de Valladolid, que habían sido movilizados y se encontraban en acuartelamientos cacereños. Todos ellos aparecían en los presuntos diarios de Máximo Calvo. Por los datos que tenemos algunos habían estado encarcelados en Valladolid antes de ser movilizados, o tenían antecedentes como militantes de organizaciones de izquierda. El primero en ser fusilado será Pablo Losa Cesteros, natural de Alaejos, militante de izquierda, un hermano suyo es herido de bala en incidentes ocurridos el 19 de julio de 1936 en Alaejos con fuerzas falangistas y de la guardia civil.

            El libro de Chaves, muy minucioso, destaca algunos aspectos que pudieron justificar esta represión, como la personalidad violenta y africanista del Gobernador Militar, Ricardo Rada, o las incursiones guerrilleras en la sierra que habían conseguido ejecutar algunos sabotajes, siempre de poca intensidad. Pero también Chaves escribe en sus conclusiones, que si bien es cierta la presencia del guerrillero Máximo Calvo y la ejecución de algunos sabotajes, no es menos cierto que no hay tal complot y que todo es un montaje de las autoridades militares para desencadenar una importante ola de represión, un año y medio después del golpe militar.

             En nuestra opinión el hecho de que se destine a Cáceres en diciembre del 37 a una persona que en Valladolid ha cumplimentado con absoluta diligencia los bandos de guerra represivos, el hecho de que se nombren nuevos miembros del Tribunal de Urgencia, el hecho de que el juez Fajardo tenga capacidad de decisión por encima del propio Gobernador Militar, el hecho de que las principales autoridades republicanas sigan todavía vivas, al igual que un gran numero de dirigentes republicanos, que en las otras provincias de la VII División ya habían sido eliminadas, nos induce a concluir que en Cáceres no se estaba aplicando la política represiva que había sido aprobada por las máximas autoridades de la sublevación. Que tampoco están dispuestos a aceptar las opiniones o presiones de los sectores civiles, y por último entendemos y reiteramos que además de ganar una guerra, los sublevados se habían propuesto que el país que surgiera después de la contienda en nada se iba a parecer al de cinco, diez o treinta años antes; y para ello debían aplicar una solución, que desgraciadamente veremos aplicada después en otros países, como era la eliminación física de las personas que pronto o tarde podían ir en contra de sus intereses, porque representaban un modo de entender la sociedad y la vida pública de otra forma. Es por ello que el alcalde de Cáceres, Antonio Canales, como el de Valladolid, Antonio García Quintana, sobre los que no hay controversias entre la mayoría de sus convecinos, sean asesinados, porque sus ideas políticas no coinciden con las de la nueva España que se proponen imponer. Igual justificación sirve para la eliminación de los cientos de alcaldes, representantes sindicales, maestros y un largo etcétera.

            En segundo lugar queremos fijarnos en dos juicios sumarios, el 188/36 (Ferrol Caja 131) y el 15/37 (Ferrol, Caja 134). El primero de los juicios es uno más de los cientos de juicios en los que se vieron implicados ciudadanos de la mayoría de los pueblos de Valladolid. Una parte importante de estas causas judiciales reúnen a un número indeterminado de personas de la misma población, que pueden llegar como en el caso de Cigales a un centenar. Estas causas judiciales, en general tienen de común que suelen estar relacionadas con sucesos, aunque sea de mínima oposición a los sublevados. Puede ser algo tan simple como haberse manifestado o patrullado por las calles la tarde del 18 de julio con palos, hoces o escopetas; sin haberse opuesto o resistido en ningún momento a las fuerzas, generalmente de la guardia civil, cuando llegaban con el mandato militar de sustituir las corporaciones municipales democráticas por otras afines a los golpistas. La sentencia en los juicios solía concluir con la condena a la pena capital de una parte de los reos, y distintos grados de condena carcelaria para los demás. En algunos casos, como en el juicio de Alaejos que vamos a analizar, algunos de los encausados ni siquiera llegan a la vista porque ya habían sido asesinados por el método de los “paseos”.

            La vista oral de los juicios, de la que podían salir siete, diez personas condenadas a muerte y otras tantas a penas de cárcel, no duraban ni una hora. El abogado defensor, un militar de menor grado que el fiscal o jueces, solía conocer a sus representados en la misma sala, y pocas horas antes haber recibido para su estudio la causa. Por lo que este militar que hacía funciones de abogado defensor solía limitarse a pedir cierto grado de clemencia al tribunal. Los miembros del tribunal ni siquiera en ocasiones tenían formación jurídica. Dicho todo lo anterior y, si solo se ven por encima las causas judiciales parece que todo aquello era un paripé, un circo y que los encausados y las condenas caían de forma arbitraria y aleatoria. Pero cuando se analizan una a una estas causas con detenimiento, nos damos cuenta que los militares tienen un cuidado escrupuloso  en que las personas que son condenadas sean las que se lo merecen y no otras y, que las penas, sobre todo, si la que van a aplicar es la capital, no quieren tener dudas de que han obtenido todas las seguridades antes de su debida condena o ejecución.

            Habrá otros cinco juicios a vecinos a lo largo de la contienda civil en Alaejos, pero el que tiene una mayor trascendencia por el numero de personas encausadas y por la gravedad de las condenas es el numero 188/36 (Archivo Militar IV, A Coruña,  Ferrol, Caja 131). En esta causa de juicio sumarisimo se ven implicadas dieciséis personas. Entre los encausados figura el alcalde, dos representantes sindicales, un vecino con un floreciente negocio de telas, que le permitía incluso poseer uno de los poquísimos coches a motor de la época. Las detenciones bajo jurisdicción de los militares se inician el día 19 de julio de 1936, y el último encausado lo será el día 2 de septiembre. La vista judicial y sentencia es de fecha 31 de diciembre de 1936. El juez instructor, el Comandante Juez Permanente de la 7ª División D. Ricardo Fajardo.

            Han pasado seis meses desde la primera detención hasta la sentencia, en el procedimiento sumarial comprobamos que la maquinaria judicial se pone en marcha de inmediato. A los primeros detenidos ya se les toma declaración judicial el mismo día 21 de julio. Con celeridad las autoridades judiciales piden informes de las personas detenidas y de las que pueden ser detenidas, además de informes sobre hechos de resistencia armada o desordenes ocurridos desde el día 18 de julio en Alaejos; y como consecuencia vemos un continuo ir y venir de documentos de instrucción sumarial.

            Pero lo que nos interesa, más que el relato concreto de lo sucedido en Alaejos, es exponer lo que de común apreciamos a todas las causas de juicios sumarios. En primer lugar se piden informes al alcalde de Alaejos impuesto por el gobernador civil de la provincia, del que recordemos es responsable un militar. En el caso de Alaejos, como en otros muchos pueblos, a las cinco de la mañana el comandante de puesto de la guardia civil había impuesto una corporación con alcalde y concejales que habían ejercido ese cargo en corporaciones pretéritas. Esta corporación es sustituida por otra el día 21 de julio, esta vez nutrida por personas de total confianza de los sublevados. Entre los concejales, el Jefe Local de Falange, Joaquín Pardo (personaje que cobrara importancia en nuestro relato).

            Además de los informes del alcalde sobre las personas que están siendo detenidas, también se solicitan los de la Falange y los del Comandante de Puesto de la Guardia Civil, que en Alaejos ejerce un brigada.

            Los informes tienen un distinto tono, pero de común van dilucidando que papel han jugado los encartados en la población durante el periodo republicano, y que postura adoptaron desde el momento que es conocido el levantamiento en Marruecos.

            Los primeros detenidos y a la vez los primeros sobre los que se abren diligencias, por ser considerados “inductores directos o indirectos” de los sucesos de resistencia acaecidos en Alaejos, son Antonio Losada, Hilario González, Leoncio Puertas y Francisco del Valle. Con fecha 22 de julio tanto el escrito mandando  por el comandante de puesto de la guardia civil de Alaejos, como el del alcalde, evidencian que las personas que tenían antes de la sublevación y durante esta, capacidad de dirección, de movilización y organización de masas eran el alcalde Antonio Losada, sobre quién en escrito de agosto el nuevo alcalde informa que es afiliado de Izquierda Republicana, anotamos nosotros: un partido progresista, pero muy alejado de cualquier intención revolucionaria. De igual filiación es reconocido Hilario González, hombre como ya señalamos que había adquirido una desahogada posición económica gracias a la comercialización de telas. Hilario si bien no es acusado de intervenir en la organización de ninguna resistencia a los sublevados, si se irá evidenciando que había animado la instalación de una Casa del Pueblo en Alaejos, además de considerarle  un propagandista de ideas avanzadas. Y como hemos podido ver en las actas municipales, en 1933, los jornaleros le habían nombrado su representante para las mesas de negociación salarial. Como nota curiosa y que vemos repetido en otros sumarios, en escrito posterior de fecha 2 de septiembre de este mismo alcalde de los sublevados, Antonio e Hilario ya no pertenecen a un partido de contenido moderado, si no que han pasado a ser militantes y dirigentes socialistas marxistas muy peligrosos. De ambos, también se informa que el día 18 por la mañana estuvieron en Valladolid, que llegaron a entrevistarse con el Gobernador Civil, Lavin y, después en la Casa del Pueblo con el diputado socialista Landrove, el ex diputado socialista Eusebio González, y el dirigente socialista Garrote Tevar, además de haber participado en el reparto infructuoso de armas.

            En estos mismos informes de agosto, en los que se escriben las acusaciones de responsabilidades más graves, también se incluye a Leoncio Puertas y Francisco del Valle, detenidos con los dos anteriores, Antonio e Hilario. Si bien en el informe de la guardia civil no se les achaca tanta responsabilidad en la “reunión de las masas (el día 18 de julio) para excitarlas que atacaran por todos los medios”, si que los define como “directores y encargados de organizar las masas para la ejecución de las ordenes de sus dirigentes”. En el informe del alcalde les define como comunistas, aunque por las informaciones orales recabadas por la ARMH ambos debían ser socialistas. Ejercían como serenos, y en el caso de Leoncio cumplía funciones como Delegado de Trabajo de la población. También le atribuye el alcalde a Leoncio ser el primero en disparar con un arma de fuego el día 18.

            De los restantes procesados, a Fermín Hernández Cimarra, Fernando del Valle Gracia, Emiliano y Aurelio Gallego Cimarra, Paulino Caballero Santos y Vicente Santana Guerra se les condenara en el juicio a muerte. De todos ellos en la instrucción sumarial además de resaltar su militancia política activa como comunistas o socialistas, son acusados de ser los que portaron armas y resistieron o atacaron con disparos a los grupos de falangistas que se manifestaban por la población de Alaejos.

            Los otros seis procesados son condenados a cadena perpetua. No están acusados de resistirse con armas de fuego, pero si de otras circunstancias y delitos que justifican también penas tan graves. En el caso de Saturnino Nieto del Valle, es identificado como dirigente de los comunistas de Alaejos, y aunque no salió de su casa los días 18 y 19, ni trato de movilizar a otros convecinos contra el Movimiento; se le acusa de que estuvo en Valladolid en la mañana del día 18 con el fin de recoger armas con las que “rebelarse contra el Movimiento”.

             Más llamativo es lo que ocurre con Edmundo González, hijo de Hilario. En los informes del alcalde se nota que hay un claro afán de protegerle, recogiendo que es de buena conducta, sin militancia conocida, ni se ha percibido conducta contraria al Movimiento. Pero los informes de guardia civil y de falange le implican en ser el responsable junto con Saturnino de haberse desplazado el día 18 a Valladolid con el fin de recoger armas que se pensaba iban a repartir a los civiles desde el Gobierno Civil. Edmundo permanecía mientras tanto en libertad durante los meses de julio y agosto. En la instrucción militar se piden nuevos informes al alcalde para que explique su disensión con los informes de las otras dos fuerzas afines, y no olvidemos militarizadas. Concluyendo este proceso con la detención de Edmundo en septiembre, y la condena a cadena perpetua. Otro de los condenados a cadena perpetua es el secretario del ayuntamiento Alfonso García Hernández. Es detenido en agosto, cuando ya cumple funciones de Alférez Provisional en el ejército sublevado; por tanto ha conseguido ciertos avales de protección, que son insuficientes para librarse del juicio, porque según la instrucción del juez militar, Fajardo, además de haber demostrado claras ideas republicanas, “después de acompañar a los dirigentes Marxistas a la Capital, siguió en el pueblo acompañando al Alcalde cuando este prevenía a los Marxistas que se reunieran con armas, y se lanzasen contra el Movimiento Nacional, circunstancias que le colocan al lado de los contrarios a este Movimiento e incurso en el delito de rebelión que se castiga”.  Pilar Mangas, la dueña de una taberna desde la que se hacen disparos, se le condena por ser su casa el centro de reunión común de los obreros “comunistas”, y lugar desde donde se hicieron los disparos que acabaron con la vida de un falangista.

            En este punto queremos relatar que ha pasado con  las cuatro personas que en la instrucción sumarial eran considerados los principales representantes de la vida pública de Alaejos hasta el día de la sublevación. Lo primero que debemos destacar es que hay una abundante documentación en la pieza sumarial 188/36 de estas cuatro personas que han sido detenidos los días 19 y 20 de julio. Ya el día 21 han prestado declaración judicial. El día 24 de julio el Juez de Instrucción de la Ciudad de Nava del Rey y su Partido, acuerda la detención y situación de disposición de los cuatro a la Autoridad Militar en el Deposito Municipal de Nava del Rey. El día 3 de agosto en oficio del Fiscal de la VII División se pide que el juzgado militar asuma la competencia para juzgar a estas tres personas por estar incursas en el articulo 3º del Bando declaratorio del Estado de Guerra (Art. 3º Quedan sometidos a la jurisdicción de guerra y tramitados por PROCEDIMIENTOS SUMARISIMOS: a)..……b) Los delitos de rebelión, sedición y los conexos de ambos; los de atentado y resistencia a los agentes de la autoridad; los de desacato, injuria, calumnia…..).

            De fecha 6 de agosto hemos encontrado un importante documento, en donde el jefe de Falange de Alaejos, Joaquín Pardo, desde la prisión Provincial de Valladolid manda un oficio al Señor Auditor de Guerra de Valladolid para comunicar: “Tengo el honor de comunicar a V.S. que con esta fecha, he sido encargado del traslado de los detenidos que al dorso se indican (Antonio, Hilario, Leoncio y Fernando), desde la cárcel de Nava del Rey, a esta Prisión Provincial, los cuales al llegar al kilómetro 20 de la carretera que une Nava del Rey a Tordesillas, trataron de fugarse, lo que obligó a la fuerza de mis ordenes a hacer fuego, sin que hayan aparecido ninguno, ignorando por tanto su paradero”. A partir de esa fecha son varias las providencias en las que se informa del suceso, incluso se pide a la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid que realice gestiones para la localización de estas personas; contestando el Jefe de la Comandancia que nada se ha podido averiguar de ellos. Curiosamente no hay ninguna providencia en la que se pida a este miliciano falangista que aclare algo más de las circunstancias de la huida de los presos, máxime cuando uno de ellos, Hilario González, tiene 54 años y arrastra desde joven una cojera que le impide correr. Pero lo más llamativo es el oficio que con fecha 31 de octubre de 1936 expone que cumpliendo la instrucción del Excelentísimo Señor General Jefe del Ejército del Norte, publicada en la Orden de la División de 14 de agosto último, se suspende el procedimiento en cuanto a ellos, y se suspende cualquier tramitación. El jefe del ejército del norte es el general Mola. No hemos tenido acceso a esa orden del general, pero deducimos que irá en la misma línea que la de fecha 3 de agosto, unos días antes, en la que Mola ordena que cesen las autopsias de las personas que aparecen por campos y cunetas, limitándose los médicos y forenses a realizar una simple descripción de los individuos y las heridas, porque las causas de sus muertes, justifica el general, son como consecuencia de los sucesos relacionados con este Movimiento. A todas luces las providencias que se suceden en el sumario, no son otra cosa que una fachada de jerga judicial, sin contenido ni otra finalidad que mantener esa apariencia de normalidad jurídica, que se remata con este oficio, que clarifica que ni siquiera es necesario mantener esas apariencias formales.

            Sobre las responsabilidad de los militares en estas desapariciones, y el papel que juega la patrulla miliciana de Joaquín Pardo, lo vamos a exponer y analizar cuando veamos en otra página la Causa 15/37 en la que se ve incurso el falangista Joaquín Pardo. Si queremos finalizar esta descripción con lo sucedido con estas cuatro personas, informando que en sendas campañas arqueológicas ejecutadas entre los años 2002 y 2003, pudimos localizar la fosa que contenía sus cuerpos, en parte desaparecida y desperdigados sus restos por el paso de maquinaría pesada por el lugar. Esta fosa estaba en la zona indicada en el oficio de Joaquín Pardo, y se pudieron recoger evidencias suficientes que justificaban la muerte de estos hombres por disparos de armas de fuego a corta distancia.

            De la parte de este juicio que hemos relatado hasta este momento, nos interesa fijar la atención sobre una serie de puntos. En primer lugar y en consonancia con el bando de guerra se detiene y abren diligencias judiciales a las personas que han tenido un carácter representativo, directivo o de relevancia en la democracia que se intenta descomponer.  Los dirigentes de la sublevación, como hemos visto, por una parte han militarizado o han puesto directamente bajo sus ordenes a una serie de fuerzas, como guardia civil y falange, además de colocar una corporación en el ayuntamiento compuesta por personas afines a la sublevación. Estos tres grupos están presentes en las instrucciones de las causas judiciales, y es fácil apreciar que son parte fundamental del tejido social de cada población, y por tanto no solo protagonistas en la vida social y política de la misma, sino además conocedores de primera mano de los entresijos históricos de cada población. Por eso la corporación municipal, generalmente se compone de representantes de las viejas fuerzas caciquiles, que detentan el poder económico e ideológico tradicional de cada lugar, y que además arrastran un fuerte componente de animadversión a una republica que hacia peligrar su poder tradicional. La falange, que se compone sobre todo de jóvenes muy politizados, pero con ideología afín a los intereses de los militares, pues en buen numero esta nutrida de hijos de los viejos caciques. Y por último la guardia civil, que además de ser una fuerza militar, tiene como ventaja que sus miembros no pertenecen a la localidad en la que prestan sus servicios, y además están al margen de las luchas sociales o políticas que los otros grupos afines puedan haber tenido con sus enemigos en la vida del pueblo. Por tanto es una fuerza que se mantiene al margen de las rencillas personales y luchas de intereses que pueda haber en cada localidad.

            Para descubrir y detener a las personalidades que consideran enemigos en cada población contemplados en el Bando Militar de Guerra, los militares sublevados se sirven de estas fuerzas afines. A la vez en los sumarios judiciales y sentencias se aprecia que para la aplicación de las condenas han establecido una clara tabla de responsabilidades, responsabilidades a las que les cabe una determinada condena. Para conocer esas responsabilidades de los encartados se valen como hemos visto de los informes que piden a esos tres grupos de fuerzas afines. Las condenas que se aplican son de un rigor máximo, y los militares, responsables últimos de la vida de tantos cientos de personas, no quieren realizar una represión indiscriminada, injusta, ineficaz e innecesaria. Es por ello que como vemos en este juicio, ejemplificador de otros cientos, se sirven de tres informes contrastados sobre cada persona, y cuando algún informe es contradictorio con los otros se piden nuevos informes aclaratorios, como hemos apreciado en el caso de Edmundo González.

            El calendario e intensidad de la represión en la provincia vallisoletana tiene distintas fases en razón de las circunstancias y objetivos que se pretenden. Pero de lo que no nos cabe duda, a la vista de la ingente documentación que puede ser consultada, es de que los sublevados no se consideran a si mismos unos bárbaros que con su espada van repartiendo mandobles a diestro y siniestro, si no una élite que ante la grave situación de ver a una España que había instaurado un régimen, el democrático, que descomponía los viejos valores de relación social, económica, religiosa e ideológica, tomaron la grave decisión de restablecer el orden, su orden, sacrificando a la parte de población que desde hacía muchos decenios, pero más concretamente en la época republicana habían impulsado de forma comprometida los cambios.

            Con el contenido de los informes recibidos seleccionan a las personas en cuatro grupos. Un primer grupo, los condenados a muerte o los que sufren los paseos, son aquellos hombres y mujeres que en la población ejercen una clara función de dirección política, sindical o de clara influencia democrática en la población; además de los que han tenido gran capacidad para movilizar las masas, además de los que en las horas o días posteriores a la sublevación, han disparado algún arma de fuego, amenazado o amedrentado a personas afines a la sublevación con cualquier otro tipo de arma. En una segunda categoría, los condenados a cadena perpetua, son personas que sin tener esas características de élite en la dirección o movilización de masas, en la republica han tenido cargos de responsabilidad secundaria en las organizaciones sociales o políticas, o que también han podido tener un papel relevante como propagandistas de ideas democráticas. Y también los que el 18 de julio o los días posteriores no utilizaron o portaron armas de fuego, pero se manifestaron claramente en contra de los sublevados. En la tercera categoría, los condenados entre doce y treinta años, se encuentran los militantes o cargos muy secundarios políticos o sindicales, a los que se suele acusar de obedecer las ordenes de sus dirigentes, pero que no tienen verdadera categoría de dirección, aunque si de participación. Y por último, una cuarta categoría compuesta por afiliados, militantes, familiares de personas con mayor implicación, o personas sensibilizadas con la democracia, que los militares no consideran que puedan suponer un peligro para sus fines, pero que también merecen un cierto escarmiento y advertencia a la generalidad de la población. En los juicios tienen penas cortas incluso la absolución, pero la absolución no significa la salida inmediata de la cárcel, pudiendo estar uno, dos años, incluso pasar a la condición de preso gubernativo y seguir de forma indefinida en la cárcel.

            El cuadro que hemos dibujado anteriormente es muy simple pero ejemplificador de una estricta metodología, que tiene como objeto una represión muy medida y equilibrada para los fines que se pretende.

            La segunda causa relacionada con Alaejos que queremos dar a conocer es la 15/37 (Archivo Militar IV, A Coruña, Ferrol, Caja 134). En este juicio se juzga a tres falangistas por el asesinato cometido sobre otro falangista el día 28 de septiembre de 1936.

            La finalidad de la publicación de este documento, al igual que otros que presentamos es tratar de clarificar quienes tenían cometidos para la eliminación física de personas, y quienes eran los que ordenaban y por tanto eran los responsables de esas muertes.

            Joaquín Pardo era el Jefe de la Falange de Alaejos. También era concejal del ayuntamiento de Alaejos. En la Causa judicial 15/37 es acusado de instigar la muerte de otro falangista de Alaejos, asesinato que es ejecutado por otro falangista. En el proceso judicial encontramos una serie de textos que nos parece de sumo interés. En primer lugar, tanto en la instrucción sumarial como en la sentencia de fecha 1 de marzo de 1937, se señala que Falange Española y de las J.O.N.S. había tomado las armas en defensa de la Nación, y que sus afiliados eran considerados según el Bando de Guerra (de 28 de julio), como fuerza militar. En segundo lugar se apunta en la instrucción que en el artículo 2º de dicho Bando de 28 de julio publicado por la Junta de Defensa Nacional, se establece que los insultos y agresiones a individuos pertenecientes a las milicias que han tomado las armas para defender a la Nación, se consideraran como insultos a fuerza armada y serán perseguidos en juicio sumarisimo aun cuando en el momento de la agresión o insulto no estuvieran aquellos desempeñando servicio alguno. En la sentencia cuando se castiga de forma tan severa a Joaquín Pardo con la pena de muerte, se hace por ser un “agravante la gran trascendencia del hecho por lo que a la indisciplina interior de estas milicias pueda afectar un hecho de esta importancia”.

            Joaquín Pardo reconoce que tenía fuertes discrepancias con el compañero asesinado, pero en su defensa arguye que ha servido fielmente a la causa y que ha cumplido fielmente las ordenes que se le han encomendado, entre ellas las recibidas por el Jefe de Puesto de la Guardia Civil de Alaejos, y saca dos hojas (folios 123 a 125 del sumario) que le ha entregado este jefe de la guardia civil con los nombres, apodos o referencias de personas que han de ser “paseadas”: El hijo del Jorobilla “Espia”, Anselmo “El Cacharrero”, Andrés Casado “Presidente de la Casa del Pueblo”, La Rubia del amor libre, Esteban San Juan, así hasta quince personas.

            En la bibliografía encontramos entre los historiadores sobre todo dos corrientes explicativas sobre la personalidad de las victimas de los paseos, y la responsabilidad de las ejecuciones. Hay menos discrepancia sobre la personalidad de las victimas, que en general se admite que son contrarios políticos que merecen ser eliminados. Más lejos quedan ya aquellas explicaciones que atribuían estas muertes a las viejas rencillas, odios y enfrentamientos, que tenían más que ver con conflictos personales o locales, y menos con la situación de cambio social y político que vivía el país.

            Donde si encontramos lo que entendemos mayores dudas, y afirmaciones que nos parecen poco argumentadas y contrastadas, es sobre quienes son los responsables de la elección de los nombres de las personas que han de ser “paseadas”. No nos parece una cuestión menor por diversas razones. Estamos hablando de crímenes de lesa humanidad y es obligado dilucidar responsabilidades, pues aunque ya no vivan quienes organizaron y dirigieron aquella represión, siguen siendo unos delitos y responsabilidades que no prescriben. Pero es que además, como ya hemos expuesto, no solo en el tiempo de la dictadura, si no ahora mismo no son pocos los apologistas, una parte de la sociedad española y demasiados miembros de nuestra clase política y judicial, que siguen propagando que en la retaguardia se desató una ola de violencia intestina, que pudo ser controlada gracias a la eficaz intervención de los militares, que sembraron orden y cordura entre los violentos y exaltados españoles.

             La sublevación en Valladolid ha triunfado casi de inmediato, aunque durante la siguiente semana al 18 de julio se produzcan episodios puntuales, como el “paqueo” en Valladolid capital o Medina del Campo, u otros enfrentamientos esporádicos. En esos primeros días, falange es el aglutinador de un importante numero de jóvenes que armados por el ejército, y que como hemos visto no tienen independencia propia, porque han sido militarizados. De inmediato desde el día 19 y cumpliendo el bando de guerra son detenidas cientos de personas, tantas que tienen que habilitar como prisión las antiguas cocheras de tranvías o el viejo matadero. Los asesinatos como podemos ver en las tablas de fechas son pocos y generalmente individualizados en los primeros días.

            A partir de una determinada fecha, concretamente la noche del día 5 de agosto al 6, durante todo ese mes y el mes de septiembre se cometerá la mayor parte de los asesinatos con el método del “paseo”. Es decir, los asesinatos curiosamente se generalizan cuando ya no hay focos de resistencia que podían justificar un empleo mayor de la violencia.

             Se iniciaran en agosto los juicios sumarios, y la tramitación aunque dure meses de las principales causas sumariales, en las que se ven implicados cientos de vallisoletanos, sobre los que recaerán gravísimas sentencias.

            Los asesinatos desde ese día 6 de agosto se extienden por casi todos los pueblos de la provincia. Siempre sobre pequeños grupos de vecinos de una población que raramente llegan o sobrepasan la decena. Realizándose varias sacas en la misma población en el caso de que la represión deba alcanzar a un número importante de vecinos. Los que van a ser paseados a veces salen de los propios ayuntamientos, de los depósitos municipales, detenidos previamente por fuerzas milicianas o de la guardia civil; con estancias en esos lugares de los detenidos que van desde unas horas a varios días. Aunque vemos que el modus operandi más extendido es que después de haber pasado los días previos por ayuntamientos o cuarteles, hayan sido detenidos en sus domicilios a primeras horas de la noche, trasladados en camiones a varios kilómetros de su población, generalmente más de veinte kilómetros y asesinados.

            En la provincia de Valladolid quitando los asesinatos de la segunda semana de agosto, los asesinatos y fosas de las siguientes fechas nos es imposible de ubicar en la mayoría de los casos, porque se buscaron lugares discretos y sin testigos.

            El 3 de agosto, el general Mola, da instrucciones como hemos señalado, de que no se hagan autopsias a los cadáveres que aparecen por el campo, también que no es necesario investigar esas muertes porque se deben a los sucesos propios del tiempo de conflicto.

            Otro documento que nos parece de interés es la orden de Andrés Redondo de fecha 4 de agosto, en su condición de Jefe Territorial de Falange por la que “prohíbe las rondas volantes y caduca todas las autorizaciones para ellas, en la capital y provincia, debiendo los camaradas integrantes de ellas acuartelarse de inmediato en Valladolid”. (Palomares,  La Guerra civil en la ciudad de Valladolid, Valladolid, 2001, p. 41). Llamar la atención que será justamente un día después de emitirse esta orden, la noche del 5 al 6 de agosto, cuando las patrullas milicianas falangistas comiencen a actuar  en muchos pueblos cada día, y todos los días durante más de dos meses.

            En una tierra muy alejada de la nuestra, Sevilla y otras ciudades andaluzas, donde al igual que en Valladolid, la sublevación se impuso con relativa facilidad, y donde su figura militar máxima es Queipo de Llano. Se ha encontrado un documento que nos parece afirma y fortalece nuestros argumentos de que en un determinado momento los dirigentes de la sublevación deciden dar un salto cualitativo y cuantitativo en la extensión de la represión. El día 4 de agosto (Preston, pp. 203-204), “Queipo de Llano escribió a López Pinto y le urgió a que acelerara el proceso de eliminación de la izquierda en Cádiz…..La carta de Queipo de Llano reflejaba un momento clave de la represión. Las ciudades y pueblos de Cádiz, Huelva, Sevilla y buena parte de Cordoba y Granada habían caído en manos de los insurgentes. La población andaluza simpatizaba mayoritariamente con los republicanos, los socialistas y los anarcosindicalistas. Había que evitar revueltas cuando las columnas avanzasen hacia el norte. Había que matar a los prisioneros…..Las fuerzas de ocupación emprendieron un proceso de ejecuciones más sistemático a partir del 8 de agosto”. Entre los numerosos asesinatos cita el del alcalde de Puerto Real (Cádiz), José María Fernández Gómez, librero moderado del partido de Azaña, que había impedido los disturbios anticlericales y la quema de un convento el 18 de julio. Fue detenido y fusilado, a pesar incluso, de las suplicas de la madre superiora del convento. En esas mismas fechas (Preston, p.218) Queipo recibe numerosos telegramas de clérigos y derechistas a favor de presos republicanos; entre ellos a favor del ex gobernador civil Diego Jiménez Castellano. Queipo de Llano respondió: “lamento muchísimo no poder acceder a su petición de indulto reos condenados últimamente, ya que circunstancias criticas que atraviesa España obligan no entorpecer justicia, para lograr no solo castigo culpables si no ejemplaridad”.

            Recoge también Palomares (p. 33) las palabras de Jesús Rivero Meneses: “Ha sido injustamente valorada la presencia y participación directa de la Falange de Valladolid en la mas penosa, dura e ingrata, pero inaplazable acción represiva de las primeras horas de intensidad revolucionaria”.

            Chaves (p. 88) cita unas palabras del dirigente falangista Raimundo Fernández Cuesta: “En aquellos años caímos en la trampa porque siempre hacíamos el trabajo sucio, como era el de llevar a cabo los fusilamientos, no todos, pero sí la mayoría. Siempre éramos los falangistas los que teníamos que fusilar a la gente en lugar de los demás….”. Apostilla a continuación Chaves: “que independientemente del tono exculpatorio que pretende dar a sus palabras, muestra el grado de implicación de su organización tanto en los “paseos” como en los diferentes contenidos represivos…)

            Sigamos con otras citas de interés, de nuevo Palomares (p.25). Es nombrado Gobernador Civil desde el día 19 el Teniente Coronel de la guardia Civil Joaquín García de Diego, quién tras nueve meses en el cargo vuelve a prestar servicios en la benemérita. Escribe Palomares: “que cumplía a rajatabla las órdenes y disposiciones emanadas de los organismos superiores: Junta de Defensa Nacional y Junta Técnica del Estado; añade Palomares que siempre le acompaño el estigma de la represión, al igual que a sus sucesor Emilio Aspe, Teniente Coronel de Caballería”.

            Hay muchos historiadores que han interpretado ciertas órdenes de Mola, como un claro intento de hacer cesar una violencia descontrolada y en cierto modo gratuita, que se estaba produciendo en las zonas de retaguardia bajo su jurisdicción. Palomares (p.41) llega a argumentar: “Al amparo del desorden y emergencia de las primeras semanas, las milicias de segunda línea, especialmente las falangistas, vivieron en sus comienzos los frutos del espontaneismo: excesos en sus atribuciones…..impaciencia igualmente manifiesta en tomarse la justicia por su mano o intervenir en asuntos cuya competencia pertenecía a otras fuerzas o instancias del estado”.  Las órdenes de Mola tantas veces citadas son de fecha 11 y 22 de agosto de 1936.

            En la primera ordena Mola: “Ordeno a todas las agrupaciones políticas o militarizadas que luchan a nuestro lado por la causa de España que es necesario cesen los actos de violencia en las personas y cosas cometidos por iniciativas de individuos aislados o pequeñas agrupaciones pertenecientes a estas instituciones, así como las detenciones sin causas justificadas, por estimar podría ser causa que nos comparasen en procedimiento a los bárbaros empleados por las hordas comunistas, que en patriótica cruzada y en lucha noble y honrada tenemos que aplastar para salvar a nuestra querida Patria”.

            En la fecha de día 22. Insiste Mola: “Prohíban en forma terminante que falangistas o fuerzas similares practiquen detenciones sin orden escrita y cometan actos de violencia. Estoy dispuesto a castigar severamente, en juicio sumarísimo, los crímenes que se cometan, llegando incluso a la disolución de las agrupaciones que las realicen”.

            En estos meses de verano de agosto y septiembre, en los que la represión es generalizada en Valladolid, que tiene día y hora de comienzo, y se extiende con un goteo incesante de asesinatos durante meses no solo en Valladolid, si no en todas las provincias bajo jurisdicción del Ejército del Norte del que es responsable el general Emilio Mola; que para más precisión tiene despacho en la capital vallisoletana. Lo que hace que sea obvio que de todo lo que pueda suceder en nuestra capital y provincia tiene  conocimiento y control directo. Pero a la vista de ciertos argumentos encontrados en muchos historiadores, resultaría que tendríamos que concluir, que a pesar de los estrictos bandos de guerra, a pesar de la militarización de todas las fuerzas de seguridad y milicias civiles, además de extender desde el mismo día 18 toda una red de delegados militares por toda la provincia, además de contar con el apoyo inquebrantable de la guardia civil, conocedora y dominadora en cada una de sus demarcaciones de la población. Como decíamos, tendríamos que admitir que durante dos meses con mayor intensidad y otros seis con menor intensidad, se están cometiendo decenas de asesinatos diarios sin control de las fuerzas responsables de la sublevación. Obviamente la contundencia de los hechos y documentos es tal que sobran comentarios. Y debemos pensar que hubo casos aislados de indisciplina o delincuencia como el expuesto de Joaquín pardo.

            Es importante destacar que la parte del ejército que se ha sublevado ha fracasado en sus objetivos de aglutinar a todas las fuerzas militares para dar un giro a la situación política del país, lo que ha provocado que el golpe de estado a diez días del 18 de julio se haya convertido en un fracaso. No nos confundamos, el fracaso del golpe de estado no se debe a ninguna reacción o resistencia de las masas; un ejército que se mantiene unido en una sublevación no hay fuerza que se le pueda resistir. Desde el momento que el ejército se ha dividido y por tanto el país queda fraccionado en dos; las provincias o regiones que han sido dominadas por los sublevados corren un grave peligro de perderse y volver al orden constitucional.  Para Scanell (p. 15) “Para desencadenar un enfrentamiento de esa envergadura era requisito inexcusable la existencia de profundas divisiones en la sociedad y, además, que el abismo originado por las mismas alcanzara al seno del ejército, hasta el punto de dividir sus fuerzas lo bastante como para no poder aplastar al contrario en una hipotética confrontación, no cabe duda de que si en 1936 no hubiese estallado el fogonazo, la mecha no se hubiera encendido. La guerra civil no fue por tanto consecuencia directa del fracaso de las instituciones republicanas como del malogrado golpe de estado que dio lugar  a una cruenta lucha por el poder”.

            Los militares sublevados han emitido unos bandos de guerra muy  duros, porque como ya hemos aseverado en otras líneas son muy conscientes de la escasez de sus apoyos entre las masas de trabajadores. Bandos de guerra que en la investigación de los sucesos vallisoletanos vemos se aplican con diligencia, se suceden las detenciones inmediatas de todos los que consideran peligrosos a sus fines, incluso se cometen o se permiten algunos asesinatos, no muchos, según se comprueba en las estadísticas durante los diez primeros días desde el día 18 de julio.

            El problema y la gran decisión se presenta cuando no solo son conscientes los insurgentes de que el ejército se ha dividido en dos, y por tanto el golpe ha fracasado, si no que además la fuerza militar y miliciana que se encaminaba al asalto de Madrid, ha sido paralizada en la sierra de Guadarrama; pero es que además esta resistencia gubernamental podría ser el principio de una reacción por parte de las fuerzas leales, que haría peligrar seriamente el mantenimiento del frente segoviano, incluso el dominio en provincias como Segovia y la misma Valladolid. Como muy bien señala Ramón Salas Larrazabal, los grandes arsenales de armas quedaron en manos gubernamentales, y solo el rompimiento del estado republicano y el descontrol de los primeros meses facilitaron la resistencia de los sublevados en muchos lugares sobre los que dominaron sin resistencia los primeros días. Es por todas estas circunstancias que los responsables militares toman una drástica y dura decisión, y ya no se conforman con la detención de cientos de personas y el asesinato ejemplificador de algunos pocos, si no que es necesaria la eliminación física de todos aquellos que pueden tener alguna capacidad de reacción, dirección, organización, movilización de masas, y para ello imparten ordenes represivas muy precisas a las fuerzas que les sirven de apoyo y control de la población en cada una de las localidades de Valladolid, y del resto de provincias bajo dominio de los sublevados. Sobre este temor de Mola a una reacción interior o a una contraofensiva de las tropas republicanas señala Scanell (p. 177) que Mola le dirige a Franco reiterados mensajes protestando por la escasez de armas y municiones que recibía. Recoge además Scanell un mensaje angustiado del día 3 de septiembre de Mola dirigido a Franco: “Manda el material que te pedí y me ofreciste el otro día. Estoy pasando verdaderos apuros. Creo que no me dejareis por la cuenta que os tiene sin municiones y demás elementos necesarios”.

            Tampoco a estos militares les sirve y les interesa dejar armas y decisiones al libre albedrío de nadie. En primer lugar porque rompe criterios tan básicos para un militar, como los principios de control, orden y disciplina. Y en segundo lugar porque a estos apoyos de civiles con armas, si se les facilitara cierta potestad y autonomía podrían convertirse en algún momento, dentro de la situación de incertidumbre que se esta viviendo, en un riesgo añadido. Pues entre otras cosas, no debemos olvidar que entre los civiles que les apoyan hay sensibilidades muy diferentes, contrastadas y no tan afines en muchos casos con los planteamientos políticos de los militares sublevados. Baste recordar, una vez más, que las banderas falangistas que a lo largo de toda la guerra acudirán a los frentes, no pueden tener mandos propios con un grado mayor que el de sargento, perteneciendo toda la oficialidad al ejército regular. Y que cuando Fal Conde, líder de los carlistas, quiso crear una academia militar, tuvo que salir del país antes de que lo represaliaran.

            Los “representantes” de los militares en cada población cumplen con los cometidos encomendados por estos de elaboración de las listas, con detalle de las responsabilidades que han desarrollado cada uno de los que en ellas se encuentran antes, durante la republica y desde el 18 de julio. Estas listas e informes son elaborados como hemos visto por tres grupos: los militares, los militarizados y los políticos. Se preocupan los militares sublevados de que no haya contradicciones entre esos informes con el fin de que las decisiones que deben tomar, lo sean con todos los argumentos, y con el menor “riesgo de injusticia” posible. Y son ellos, las cúpulas militares, los que deciden los que deben ser paseados y cuando, los que deben ser detenidos, juzgados. Valiéndose para cumplimentar estas ordenes no sólo de las milicias falangistas, si no también de guardias civiles y soldados. No es inhabitual que en los testimonios recogidos se nos informe como este conglomerado de fuerzas, siempre interactúan en conjunto en las distintas fases del proceso: interrogatorio, detención, traslado o asesinato.