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Categoría: La Represión
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LEY DE AMNISTIA DE 1976 Y 1977.

            En el siguiente documento, recogemos la petición que hace para acogerse  a la Ley de Amnistía de 1977, el ex preso vallisoletano Santiago Sánchez Pérez; quién fue condenado a cadena perpetua en 1937, y posteriormente fue conmutada su pena a 30 años y 12 (ARTM IV, Causa 921/37). Asimismo relatamos los sucesos que dieron lugar a su condena, que no fueron otros, que un presunto complot en la Cárcel de las Cocheras de Valladolid para escapar.

            La ley de amnistía nació, según sus impulsores, con el objeto de buscar la reconciliación social entre los españoles. En la amnistía parcial de 30 de julio de 1976, entre otras medidas y propuestas aprueba la reintegración de los derechos pasivos a los militares sancionados después de la pasada contienda, de los indultos concedidos y de la prescripción, por ministerio de la ley, de todas las responsabilidades penales por hechos anteriores al 1 de abril de 1939.

            En la Ley de Amnistía de 1977 en el párrafo “a” del artículo primero, dice que quedan amnistiados todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese el resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al quince de diciembre de 1976. En el articulo segundo de esta Ley, en su párrafo “a”, expone que quedan comprendidos en esta amnistía los delitos de rebelión, sedición, así como los delitos y faltas cometidos con ocasión o motivo de ellos, tipificados en el código de justicia militar.

            Varias puntualizaciones: La primera, esta ley en cuanto a los acontecimientos de nuestra guerra solo afectaba a una de las partes, porque el 23 de septiembre de 1936, los golpistas han aprobado un decreto por el que quedan exonerados de responsabilidad los que cometieron delitos y asesinatos, como oposición al régimen democrático, cometidos anteriormente a esa fecha. Ejemplificamos el alcance de este decreto, en el capitulo dedicado a los sucesos en pueblos, con un hecho en Peñafiel, en el que hubo como resultado un asesinato por parte de un militante de falange. Una segunda puntualización, es que la enorme documentación con la que contamos, no deja  lugar a dudas, que los golpistas tanto en las zonas en las que no hubo oposición al golpe de estado, como en las que fueron ganando a lo largo de la contienda, no solo buscaron y castigaron a los que pudieron hacer tropelías, incluso finalizada la contienda cuando se encontraban exiliados en el extranjero; si no que además, literalmente, se cebaron con miles y miles de ciudadanos inculpados por ser creyentes o defensores de la democracia, aunque no hubieran cometido actos de violencia. Por tanto, poco se podía amnistiar respecto a los hombres y mujeres que habían estado durante la contienda en la zona republicana.

            En tercer lugar, en el artículo segundo, habla de la amnistía para los delitos de rebelión y sedición, tipificados en el Código de Justicia Militar. Debemos tener en consideracón que casi el cien por cien de los republicanos que pasaron por juicios sumarios, fueron juzgados por los famosos artículos 237 y 238 del Código de Justicia Militar, que tipificaban precisamente el delito de rebelión. Delito de rebelión por el que fue condenado Santiago Sánchez. La Ley de Amnistía todavía hoy vigente, olvidaba y olvida que fueron los sublevados los que se levantaron en contra de un régimen legalmente establecido, y por tanto ellos fueron los únicos que cometieron delitos de rebelión y sedición, no los que se mantuvieron fieles a la legalidad. Estos militares en su estrategia subversiva, y como es lógico, dieron la vuelta al razonamiento y la razón, y convirtieron en rebeldes a los cargos públicos, militares y ciudadanos que defendieron el régimen legal. La Ley de Amnistía lo que hace por tanto, es reconocer como legales aquellos actos de ilegalidad jurídica cometidos por los sublevados.

            Por ello, y en cuarto lugar, van a ser los que pasaron por aquellos tribunales de los sublevados los que tengan que pasar por el filtro de ser amnistiados. Pues los que participaron de cualquier forma en la represión o la sublevación, como nunca fueron enjuiciados y juzgados, no necesitan o han necesitado pedir ser amnistiados.

            Como quinta puntualización, dos incongruencias incompatibles con un estado democrático; la primera, que tanto en 1977 como en la actualidad sigan siendo legales aquellos juicios sumarios realizados por los tribunales de los sublevados. De tal manera que los que fueron condenados son todavía delincuentes. La segunda, que esta ley es incompatible con el Derecho Internacional, porque en España se cometieron crímenes de lesa humanidad, crímenes que no prescriben, y que por tanto son siempre perseguibles. Recordar que en febrero de 2012 el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pidió formalmente a España la derogación de la Ley de Amnistía, por estar incumpliendo la normativa internacional sobre Derechos Humanos.

            La aberración jurídica e histórica que se cometió y comete, cobra mayor significación si conocemos los hechos por los que fueron juzgados. Los hechos que dan lugar al posterior procesamiento de Santiago Sánchez Pérez y otros veinte reclusos más, de los que trece serán pasados por las armas, se inician el 12 de abril de 1937 (cuatro días después del bombardeo de aviación que causo varios muertos en Valladolid capital), cuando un recluso Bernardo Morales Corts, de cuarenta años, natural de Ciudad Real, delineante, domiciliado en Valladolid; y que se encuentra en la prisión de “Cocheras”, esta enmascarado trabajando como espía y chivato de la policía. Denuncia que hay preparado un complot para escapar de la cárcel por parte de un grupo de presos; que profieren frases como: “aprovechando alguna circunstancia favorable como la puesta en libertad de algún preso por la noche (los que salían por la noche, lo eran para ser paseados), el castigo de algún preso por parte de un funcionario, la caída de alguna bomba de la aviación roja, todos los presos se levantarían como un solo hombre, apoderándose primero de la guardia interior y sus armas y después de la exterior, echándose sobre los soldados y tomándoles las armas y ametralladoras que poseían para custodiar la prisión, después de lo cual se retirarían a los barrios extremos, donde morirían matando, todo menos consentir la vida que allí llevaban, ya que dos a dos, tres a tres irían muriendo todos”.

            Curiosamente en el oficio que inicia el proceso, firmado por el director de la prisión, después de señalar las causas que aprovecharían los reclusos para levantarse………en los párrafos finales cambian algunas frases, y ahora escribe: ”aprovecharían para salir matando a los funcionarios y a la guardia militar”.

            Unida a la declaración de Bernardo Morales se halla la de otro espía o soplón de la policía, que será además la más determinante para las graves penas que se cumplimentaran. Esta persona es Alejo Pérez Fernández, 40 años, natural y vecino de Portillo. El día 14 de abril en el patio irán desfilando los presos en grupos de 40, y Alejo (sin ser visto por los demás presos) les ira señalando, remitiendo declaración de las palabras que oyó a cada uno.

             Como dato de interés, el director de la prisión informa que en ese momento hay en “Cocheras” 1438 presos.

            A través de las declaraciones de lo que ha escuchado Alejo y Bernardo, se hace evidente que los presos están en una situación de claro malestar. Pues hacen continuas referencias a la penuria del hacinamiento (los presos dormían en las dos naves en el suelo, de lado unos pegados a otros), muy mala comida, continuas plagas por la falta de higiene. Y sobre todo, son testigos y sufren como a muchos que decían poner en libertad, en realidad desaparecían para siempre. En concreto el preso e inculpado Enrique Rodríguez se queja de la puesta en libertad una la noche de Isidoro Valseca Rodríguez, padre de uno de los encausados, Antonio Valseca Fernández. De lo que caben pocas dudas tras la lectura de la causa sumarial, es que no hay un movimiento realmente organizando para emprender una fuga. Son expresiones que encierran deseos e intenciones, que ni siquiera se profieren con discreción, porque todas las conversaciones se realizan prácticamente en público. Y de hecho, tanto Bernardo como Alejo, que reconocen que no han llegado a tener una relación de confianza con los encartados las escuchan sin dificultad.

            El 21 de abril, prácticamente una semana después de iniciadas las denuncias y procedimientos judiciales se firma la sentencia en la que serán condenados a muerte y ejecutados poco después: Enrique Rodríguez Martínez, Ángel Pascual Burgos, Antonio Valseca (hermano del concejal del ayuntamiento de Valladolid, Víctor Valseca. Julio López Blanco, Nicasio Martín García, Virilo Moro Alonso, Ignacio Jiménez Tabares, Julián Santamaría Ortega, Jaime Álvarez del Prado, Benito García González, Santiago Vega Reglero, Honorio Reinoso Arontes, Leandro Villanueva Barrial. Y condenados a cadena perpetua, nuestro protagonista de la petición de amnistía para su delito, Santiago Sánchez Pérez. Y Clemente Martín Gutiérrez, Serapio Orduña Moro, Ignacio Sanz Pastor, Esteban Gregorio Pérez, Eugenio Reguero Espinosa, Agustín Díaz Fuentes, Saturnino Sánchez García. La condena a cadena perpetua de de Santiago Sánchez se justifica, porque aunque no se le han escuchado frases de referencia o adhesión al complot, de continuo se le veía en compañía de los presuntos cabecillas del mismo.

            Relacionada indirectamente con el juicio anterior, También traemos estas líneas el suceso de aparición de un cadáver (Causa 1280/37, Caja 147). Ocurre el mismo día 21 de febrero en el que se dicta la sentencia anterior. El cuerpo es hallado en el río Pisuerga en el término municipal de Simancas. Se trata de un hombre que tiene las manos atadas y un disparo en la cabeza. Para el juez que presencia el levantamiento del cadáver, la muerte parece “ser como consecuencia del Movimiento Nacional”. El cadáver es de Isidoro Valseca Rodríguez (bombero del ayuntamiento de Valladolid, 47 años), padre de Antonio Valseca, que ese día 21 ha conocido su sentencia de muerte. Isidoro también se encontraba encarcelado en Cocheras con su hijo. La represión, como vemos, se va ejecutando según conviene o apetece. Unos pasaran por juicio porque así interesa para la oportunidad del momento. Nada mejor después del bombardeo del día 8, que un buen escarmiento a los encarcelados. Para otros, el tiro directo en la cabeza. Las autoridades hicieron lo posible para detener a Victor Valseca, hermano de Isidoro y tío de Antonio, de quien ya expresamos fue un representante socialista muy activo durante toda la republica. A falta del concejal Victor Valseca, se cebaron en sus familiares, dos asesinados y al menos otros dos encarcelados.

             La identidad de Isidoro no es conocida hasta el día 1 de mayo de 1937, gracias al reconocimiento que hace de las ropas que portaba su hijo Victoriano, ropas que se conservaban en el juzgado de Simancas. En el mismo acto de reconocimiento expresa Victoriano, “que su padre se encontraba en “Cocheras” detenido, que les comunicaron que había sido puesto en libertad la noche del 8 al 9 de abril (el día del bombardeo), pero que no apareció por su domicilio, habiendo desaparecido”.

            El final de la historia es casi rocambolesca. El juzgado de instrucción que recibe todas las diligencias: Hallazgo del cadáver, autopsia, identificación de la persona etc. pide inhibirse a favor de un juzgado militar, porque de los hechos se deduce: “que pudieron haber ocurrido en choque con la fuerza pública, o por desobediencia de sus órdenes”. El juzgado militar que recibe las diligencias, de inmediato determina que se archiven.

            Las diligencias de la detención de Antonio Valseca, 20 años, estudiante también merecen ser leídas. (ATMIV,Causa 150, Diligencias S/N 1936 (70). El 21 de agosto se recibe denuncia de que se han oído disparos en la calle Niña Guapa, tras el paso de un avión republicano. Una patrulla falangista registra algunos domicilios, encontrando debajo de una cama a Antonio. Antonio en su declaración afirma que se encontraba escondido en casa de su tío, Teodoro Benito Valseca, por temor a ser detenido, ya que es sobrino del concejal Antonio Valseca, y porque su padre había sido hecho preso en esos días. La investigación judicial determina en el procedimiento previo de fecha 10 de septiembre de 1936, que no se han encontrado armas en el domicilio, ni siquiera indicios de que se pudieran haber hecho disparos desde dicha casa, por lo que dan por agotado el procedimiento. Pero por otra parte, considera que Teodoro Benito (militante de UGT) y Antonio Valseca (del que no destacan filiación o actividad política), además del hijo de Benito, Adrián, del que tampoco reseñan militancia alguna, “acusan peligrosidad en los actuales momentos, la que es preciso destacar para que el Exmo. Sr. Gobernador Civil (a la sazón un militar), a cuya autoridad deben ponerse los detenidos, tenga conocimiento de la condición de los mismos, para aplicación de la ley de orden público”.