La Represión

EL VALLADOLID REPUBLICANO

 

            Los años de la republica, poco más de cinco, son años de una gran intensidad. Son años de cambio y transformación, y por tanto son tiempos también de importantes tensiones que se verán reflejados en la vida vallisoletana al igual que sucederá en el resto de España. Como ya apuntamos la república es aceptada con apoyo generalizado favorecida por la propia descomposición del régimen monárquico. Pero dentro de la sociedad, y aun con riesgo de ser simplistas, podemos encuadrar a la población en tres grandes sectores, no proporcionados en número y apoyo social. En uno de ellos estarían personas y grupos sociales que se consideran afines a la monarquía, que reconocen la inviabilidad, al menos temporal de la monarquía, pero que mantienen unas convicciones iguales en relación a la estructura social, ideológica y económica del tiempo de la monarquía. Son herederos por una parte de la España caciquil, y también de la intransigente en el cambio de valores de la sociedad arraigada en el catolicismo y la tradición; aunque también conscientes que han de darse algunos pasos de avance sobre todo en temas de justicia social. Antes de que el barco monárquico se hundiese se movilizaron y organizaron para llevar las riendas del nuevo régimen con el fin, como afirma Alcalá Zamora (Borrás, pág. 169) “encabezar un movimiento a favor de una República de derechas”.

            Otro sector de población, nutrido por los más desfavorecidos históricamente, jornaleros de Andalucía, Extremadura o Castilla, obreros de fabricas catalanas o mineros asturianos, agrupados en sindicatos como la CNT y también aunque minoritarias en algunas agrupaciones del sindicato o el Partido Socialista, también recibieron positivamente la llegada de la república; pero para ellos las diferencias del nuevo sistema eran mínimas con respecto a los valores de la monarquía, y por tanto había que luchar para imponer su revolución contra la república, igual que contra la monarquía. Para los anarquistas, lo inmediato debía ser desencadenar la revolución e instalación del comunismo libertario, y para los socialistas, la república era solo un periodo de transito en el camino a la revolución. Revolución que tenía como espejo la Revolución de Octubre de 1917 en Rusia.

            El tercer sector, y por ende, el mayoritario entre la población, desde jornaleros, pequeña burguesía, capas intelectuales etc., son conscientes que el sistema económico ejercido durante la monarquía carece de los mínimos parámetros de justicia social y reparto económico justo, lo que ha conducido a tener una población con unas tasas de mortandad, miseria y analfabetismo que no se corresponden con la realidad económica del país, y que simplemente solo se justifica por una falta de normas, valores y derechos que beneficien a la generalidad de la población. Este sector mayoritario, también comprende que la participación ciudadana, derechos sociales y sindicales, extensión de la educación a toda la población son necesarias, además de un alejamiento de la influencia eclesiástica, reivindicando los valores laicistas. Pero para conseguir esos fines entienden que el camino ha de ser dentro de los cauces y normas de una democracia burguesa equiparable a la de otros países democráticos como Francia, Inglaterra, o Estados Unidos. Preconizan un claro rompimiento con la Restauración de 1875, pero a la vez son enemigos de los movimientos totalitarios que se imponen en algunos países como Italia o Rusia.

            Para conocer la sensibilidad política de los vallisoletanos es interesante conocer los resultados de las citas electorales que tienen lugar en estos años en la capital y provincia(datos recogidos de Gómez Cabornero, S. Tesis, pág. 562-567….falta cita de Marcos) para la constitución de la Asamblea Constituyente en 1931 hay una participación del 78,9 % (ver Marcos, 1995, 219) donde los votos son mayoritarios en Valladolid y en la provincia para la coalición republicano – socialista, con algo más del 50%, y las otras opciones alcanzan alrededor del 42%..

            En las elecciones generales de 19 de noviembre de1933 ganan las derechas, pero en Valladolid y provincia la segunda fuerza es el partido socialista. Si en la provincia los socialistas alcanzan el 30 % en la capital prácticamente igualan el número de votos que los católicos y agrarios. De ello se desprende, según Gómez Cabornero, “que la preeminencia de la agrupación socialista no desciende en el marco urbano como sucede en las zonas rurales, sino que se consolida a pesar de las condiciones electorales adversas que afronta en estos comicios”. Recordar que la capital tuvo siempre un alcalde socialista, si exceptuamos el periodo de imposición de otro alcalde por el gobernador civil, tras la huelga de octubre del 34.

            Para Gómez Cabornero (pág. 566, 567)“las elecciones de 1933 suponen en el ámbito de Valladolid un momento de desconcierto y desmoralización de los partidos republicanos. Un ascenso generalizado de las derechas, más como producto de un voto de castigo a la izquierda que como debilitamiento real de la fuerza socialista, sobre todo en la capital y, finalmente una ocasión clara para constatar la limitada penetración social que las formaciones moderadas o centristas han alcanzado en el contexto vallisoletano. Destaca asimismo Gómez Cabornero la creación por parte de Acción Popular de una sección de juventudes en la provincia que es acogida con una importante implantación. Es importante este dato porque llegado 1936, las juventudes de este como de otros partidos no democráticos, se unirán a la bandera de falange proporcionando un numero sustancial de afiliados, organización y posteriormente allanamiento del camino en la integración al movimiento franquista con la llamada unificación de abril de 1937. Señala Preston que solo en la primavera de 1936, al menos 15000 miembros de las JAP (juventudes de la CEDA) se unieron a Falange (Preston P. “El Holocausto Español” . Barcelona 2013. p. 173)

            Hasta los prolegómenos de la sublevación, falange era una “banda” más que un partido, muy activos, muy violentos, pero muy escasos en numero. Para Valladolid se apunta una cifra de unos 500 en los inicios del 1936, que parece incluso exagerada, pues aunque reconocemos que no hemos hecho un estudio minuciosos sobre esta cuestión, hemos podido percibir, que falangistas “camisas viejas” eran inexistentes en la mayoría de los pueblos, que en los testimonios orales y en los documentos consultados aparecen muchos falangistas que en realidad han recalado de partidos no republicanos, o de los grupos de organizaciones católicas. Incluso relataba un viejo falangista al que entrevistamos, que con ocasión de solicitar ayuda a un cacique local en los prolegómenos de la sublevación, este le rechazo argumentando que les temía más a ellos (los falangistas) que a los de los sindicatos.

            En las elecciones de febrero de 1936 se presentan dos grandes coaliciones, la denominada Antirrevolucionaria que encuadra a los partidos básicamente antirrepublicanos, y el Frente Popular en donde se coaligan republicanos y socialistas. Los resultados difieren en la capital respecto a la provincia (Marcos, 1995, pág. 295) (Cabornero, pág. 575). Mientras en la capital el Frente Popular ronda el 50,76% la coalición Antirrevolucionaria el 41,97 %. En la provincia el Frente Popular alcanza aproximadamente el 37,90 % y la candidatura Antirrevolucionaria el 51,50 %.  Las diferencias son claramente comprensibles por la mayor influencia del catolicismo y de la cultura tradicional rural en las poblaciones de la provincia. Mientras en la capital la pujanza industrial y comercial, o los centros de influencia educativa como la universidad facilitan la implantación de ideas más innovadoras. Significativo es el escaso apoyo de las candidaturas fascistas polarizadas en Falange que en el cómputo global ni siquiera alcanza el 2%. Para conocer con mayor profundidad el desarrollo de las elecciones en Valladolid recomendamos acudir a los trabajos de Marcos (detallar) y Cabornero.

            No queremos dejar de citar un párrafo de la tesis de Sonsoles Gómez, al realizar un análisis de los resultados electorales y sus consecuencias. Comentarios que de una u otra manera otros historiadores comparten al materializar el porque del fracaso democrático republicano, y que puede dar justificación o explicación al levantamiento militar. Expone Sonsoles: (pág. 578) “La victoria electoral de esta coalición en España supone una revancha para la izquierda (elecciones febrero 1936), frente a la dinámica de desquite adoptada desde 1933 por la derecha en el poder. Dicha política queda plasmada en la aprobación de las leyes de amnistía para los sublevados y en la restitución de la legislación reformista derogada, Nos hallamos ante el rotundo triunfo del substrato excluyente, violento, intolerante vivo en las culturas políticas de la Republica. Los principios democráticos elementales inspiradores del sistema han desaparecido definitivamente para dar paso a los componentes autoritarios, intransigentes e insurrecciónales heredados de la política tradicional. La ciudadanía no ha conseguido realizar una transición completa hacia la madurez democrática y ello nos explica, en buena medida, la inestabilidad, la polarización y, finalmente, el fracaso, de la anhelada democracia republicana. El predominio de estas actitudes extremas y antidemocráticas llevará a que la política frentepopulista sea contestada por los sectores conservadores hostiles a través del golpe de estado militar de julio de 1936”.

            No compartimos estas afirmaciones que entendemos pueden terminar achacando el fracaso a una responsabilidad colectiva, minimizando de alguna manera la responsabilidad de los sublevados y los grupos civiles minoritarios que les apoyaron. Aunque esta historiadora como los demás historiadores vallisoletanos citados concluyan que los enfrentamientos callejeros y el deterioro de la vida social y política no fueron la causa de la sublevación, sino la voluntad de una parte del ejército, ni siquiera la totalidad del estamento militar, lo que ocasionará el fracaso del golpe y la generación de la guerra civil.

            Entendemos que se quieren cargar responsabilidades en el conjunto de toda la población entendida como masa activa y movilizada, y diluir las verdaderas responsabilidades de grupos realmente más minoritarios pero con gran peso y capacidad de desestabilizar, más que de movilizar masas. Lo que no significa que no haya que reconocer que se aprobaron políticas por los gobiernos progresistas que si bien podían tener una justificada razón social e histórica, la contundencia o rapidez en la aplicación de los cambios podían causar incomprensión y resistencias en otros sectores de la población, y sirva como ejemplo el tratamiento de la cuestión religiosa. Y que también tengamos que reconocer que esta población esta muy polarizada en Valladolid y provincia, unos con los socialistas y otros con partidos de escasas convicciones republicanas, lo que provoca fracturas y tensiones.

             Es evidente que España llega  a la república no por una evolución del sistema político, sino como desenlace agónico de un fracaso más en la necesaria renovación social y política. Esta situación singular, propicia por una parte una enorme resistencia en los grupos económicos e ideológicos que históricamente han manejado los hilos de la política del país. Como escribe Jacson: (pág 272, 1999)” No hay clase de seres humanos más crueles que una clase dominante amenazada, que se creé élite natural desde el punto de vista histórico, económico y cultural, y que se siente desafiada por una masa obstinada que ya no reconoce sus privilegios”.

            La realidad es que desde el día siguiente de las elecciones de febrero del 36, los sectores golpistas se lanzan a la preparación del golpe de estado, lo que significa que les es indiferente la política que puedan aplicar los nuevos gobiernos. De hecho mucho antes, cuando a los pocos meses de llegar la república fueron conscientes de la dificultad de asemejar el estado republicano al estado monárquico, surgieron los grupos claramente golpistas, que después de la intentona fracasada de Sanjurjo en el 32, aminoraron su proceso de conspiración ante la posibilidad de involucionar el proceso democrático por los posibilistas de la CEDA a través de las urnas; pero que una vez ganadas las elecciones por el Frente Popular en febrero del 36 se lanzaron a propagar un ambiente de violencia que facilitara su sublevación; manejaron con maestría la represión para paralizar a sus oponentes y se encontraron con un  gobierno que tardó unos meses esenciales en reaccionar contra la sublevación, que de otro modo nunca hubiera salido adelante. Porque a pesar de todas las rupturas y desencuentros sociales que se quieran señalar, lo cierto es que los “bandos” se van definiendo no por las movilizaciones de los ciudadanos, sino por la adhesión o no de las guarniciones militares de cada lugar al orden establecido o la sublevación. Es la profunda división de los militares lo que va a producir que desemboque la sublevación en una guerra.

            ¿Cual es la realidad de la vida política en nuestro Valladolid y provincia?. En las conclusiones sobre las elecciones de febrero Marcos del Olmo (Marcos del Olmo, Concepción, “Las Elecciones del Frente Popular en Valladolid, Valladolid, 1986, pp. 164 – 165), destaca que “sin un republicanismo de envergadura, las convocatorias electorales fueron siempre en nuestra provincia el enfrentamiento entre una derecha de corte agrario-cedista y una izquierda capitalizada por el socialismo”. Pero Marcos ante esta polarización y radicalidad destaca que en ambos bloques lejos de colocar en sus candidaturas personas y posturas claramente rompedoras con el nuevo sistema democrático, realizan gestos de suavización del radicalismo. Señala Marcos que en la candidatura Antirrevolucionaria “la presencia de tres hombres de la CEDA es prueba de que la derecha vallisoletana está, como siempre lo estuvo, imbuida de un espíritu conservador, pero no reaccionario”. Y entre las fuerzas del Frente Popular señala que “Tampoco se `puede hablar de un radicalismo exacerbado. El socialismo, incluso el más revolucionario, pudo ser eje de este bloque; pero ceder dos puestos a los republicanos de izquierda y aceptar – aunque sea sobre el papel- un retraso en la aplicación de sus doctrinas, no puede entenderse sino como una muestra de un deseo conciliatorio”. Es más como prueba de que la sensibilidad más extendida entre la ciudadanía no es la del extremismo, apunta Marcos, que en la candidatura Antirrevolucionaria “el candidato monárquico es el menos votado y, además, quien decide sustituir algún nombre de la candidatura completa no suele hacerlo para beneficiar al falangismo, ni siquiera al agrarismo, sino al auténtico republicanismo conservador –al candidato radical-.

            En la capital el alcalde García Quintana, figura reconocida por propios y adversarios por su labor al frente del ayuntamiento al servicio de todos. Nadie le acusa de sectarismo, ni de haber propagado tensiones en la ciudad. En Valladolid los católicos a través de una grieta legal que en modo alguno fue dificultada por las autoridades siguieron impartiendo la enseñanza. En la sentencia militar que le conduce a la muerte a Quintana, la condena no lo es por sus obras y dedicaciones que han defendido en el juicio personas de relevancia en el nuevo régimen de los sublevados, la condena es porque sus ideas se oponen a las ideas de concepción ideológica y social que “defienden” los golpistas, para que la nueva España siga siendo la de siempre.

             Cuando hemos investigado en las actas municipales de los pueblos, lo que nos encontramos es que antes de 1931 las actas municipales son un  reguero de despacho de cuestiones meramente administrativas, con mínima voluntad de inversión pública, en todo caso la que podía favorecer los intereses de los propios gestores que a la vez coincidía que pertenecían a las familias con mayor poder económico de la población. No falta cada año la aprobación del salario de los jornaleros, que hasta la republica se decide entre los representantes que más pagan en impuestos, por propiedad urbana, rústica etc. Es decir imponen el salario los mismos que facilitan el trabajo, sin representación real de los asalariados. A partir de la llegada de los ayuntamientos democráticos, es norma en los pueblos como en la capital la enorme preocupación de las corporaciones en la promoción de obra e inversión pública así como la protección de los trabajadores más necesitados. Sirva como ejemplo la población de Cigales, a falta de escuelas, sin lavaderos públicos, se lavaba la ropa en el río situado a tres kilómetros; sin un matadero, sin aceras en las calles, sin casas para los maestros etc. El alcalde republicano Ángel Sotillo, emprende un plan para satisfacer estas necesidades conjugando el alquiler de tierras comunales, que serviría para pagar un crédito a 30 años (1936-1966), las ayudas del gobierno central, y sin necesidad de subir los impuestos. Este plan es contestado vivamente por las fuerzas tradicionales de la población, que alimentan una campaña, acusando a la corporación de querer vender las propiedades comunales o de intento de enriquecimiento personal del alcalde. El alcalde en un gesto de claras convicciones democráticas convoca a los vecinos a un referéndum, para que sea mayoritariamente como se tome la decisión. La sublevación terminara con este plan y Ángel Sotillo el primer asesinado, además casi todos lo concejales igualmente terminaran siendo asesinados o encarcelados.

            Ángel Sotillo pertenecía a una de las familias de riqueza media de la población, poseía sus tierras, una panadería. De inquietudes sociales, ya entre 1929 y 1932, como presidente del Sindicato Católico emprenderá una iniciativa que le granjea la enemistad de los caciques locales. En concreto gestionara la compra de 67 hectáreas de terreno situadas junto al pueblo, que en alquiler habían mantenido pobremente explotadas  algunos de estos caciques locales. Estas tierras repartidas en parcelas de unos 4000 metros cuadrados serán vendidas a precio de coste entre los trabajadores del pueblo, lo que significó para muchos el acceso a la propiedad, además de ayudarles en su subsistencia.

            Con todo lo expuesto anteriormente queremos apuntar que se realizan afirmaciones en los planos teóricos y se pierde el suelo. Y desgraciadamente la realidad es que en las grandes obras y las grandes miserias, demasiadas veces son enormemente simples las razones “profundas”, las reacciones y las consecuencias. Estos cambios, estas nuevas formas de gestión en la vida local y nacional como la detallada para Cigales, rompen las bases, la pirámide de relación social tradicional; y los menos apoyaran la sublevación y la enorme represión para conseguir el “reequilibrio”, pero los más de estas élites locales guardaran un cómplice silencio.

            Otra cuestión importante y que habitualmente cobra protagonismo por encima de los logros o fines de la república, son los acontecimientos violentos que se sucedieron en los cinco años de experiencia democrática. (Para la capital, tesis de Sonsoles, para la provincia Ignacio)

            El relato telegráfico de sucesos violentos, se resume por un prematuro inicio en los primeros meses de implantación republicana de actos de protesta con agresiones físicas protagonizados por estudiantes católicos. Destaca entre ellos por su reiteración quién será jefe de las milicias, protagonistas de los llamados paseos, Antonio Girón de Velasco, en ese momento estudiante universitario. Estudiantes de tendencias contrarias responderán en unos casos a esas agresiones y en otros serán los protagonistas de las mismas. Son actos violentos que se producen sobre todo en circunstancias concretas, como los disturbios protagonizados tras la aprobación de la constitución en diciembre del 31, o en el traspaso al gobierno de las dependencias de los Jesuitas del colegio San José. 

            Hay un salto cualitativo importante cuando en marzo de 1934, tres años después de implantarse la república, se produce la primera muerte a la salida del acto que realizó Falange y las JONS en el teatro Calderón. Acto que tiene una viva respuesta entre las fuerzas de izquierda, pues falange se definía claramente como antirrepublicana y defensora de la implantación del fascismo. Se producen cargas policiales y enfrentamientos personales, que como consecuencia acaban con la vida  en la Plaza de los Arces del estudiante Ángel Abella. Muerte de la que es responsable un militante o militantes de izquierda.

            En mayo se produce un asesinato frío y calculado cuando salía de su domicilio sobre el joven Luciano Sánchez Peña, que vivía con su tío de conocidas ideas libertarias.

            En octubre del 34 la huelga general en Valladolid y provincia no tiene otros incidentes que los propios de una huelga, a excepción de Medina de Rioseco en donde se producen enfrentamientos con las fuerzas armadas, saldándose la jornada del día 5 con la muerte de un sargento de la guardia civil, heridas de arma de fuego a cinco miembros de las fuerzas de seguridad y el asesinato, nunca investigado, de dos de los huelguistas, la misma noche de su detención, además de numerosas palizas, que en el caso de otro huelguista necesitó dos meses de hospitalización. Sobre los sucesos de octubre en Valladolid estudiamos algunos juicios significativos de la ciudad y provincia en nuestro trabajo titulado: La Revolución de octubre en Valladolid. Algunos ejemplos significativos: Cigales, Medina de Rioseco, Tudela de Duero, Valladolid (Valladolid, 2009).

            En el año 35 se refleja en la prensa algunos enfrentamientos entre jóvenes de tendencias políticas contrarias que en algunos casos necesitaron curas en la Casa de Socorro.

            Ese año 35 en la capital el hecho más significativo fue la entrada en el Casino Republicano, situado en la calle Leopoldo Cano de seis o siete individuos, quienes amenazaron a los presentes, y rompieron mobiliario y cristales. Los protagonistas fueron detenidos posteriormente en la sede de las JONS.

            Llegado el año 1936, expusimos al inicio de nuestras líneas que los datos que reflejamos se corresponden a los que encontramos en historiadores que han dedicado trabajos generales a Valladolid y provincia, como Palomares, Martín Jiménez, Sonsoles Cabornero o Berzal, datos que en el caso de los hechos violentos, también hemos podido seguir, sobre todo a través de la prensa del momento y de los juicios de algunos de los casos. Hacemos hincapié en lo anterior porque en una de las obras consultadas (Berzal, E. El Valladolid Republicano, 2006, pág 68) se puede leer “que un historiador da la cifra de 21 muertos en Valladolid” por actos violentos, que serian antes de la sublevación. Pero además de no citarse la fuente, tampoco se da cuenta concreta de los sucesos.

            El año se inicia con huelgas, y conviene matizar que en aquel tiempo, al igual que hoy era un derecho legal de trabajadores y sociedad en general. Lo decimos porque en no pocas ocasiones vemos que en el mismo saco de los incidentes que pueden suponer un daño o ruptura a la convivencia, se introducen las huelgas de carácter pacífico, reivindicativo o de protesta reguladas legalmente.

            Lo que se hace evidente es que a partir de las elecciones de febrero, tanto en Valladolid como en el resto de España se va a producir un salto cuantitativo y cualitativo de la actividad violenta. Violencia de la que serán protagonistas y sobre todo precursores los grupos que demandan y apoyaran el golpe de estado. Violencia que será respondida como veremos por grupos de ideología contraria. Violencia ejercida por grupos minoritarios, siempre muy jóvenes y que por supuesto tiene una gran repercusión en la vida de una ciudad en la que históricamente no se han vivido episodios de sedición, levantamiento o de violencia como se pudieron vivir en otras zonas de España.

             Estos actos de violencia que desde febrero dejan de ser puntuales como ocurrió los años anteriores, llenando a la ciudad de estupor, indignación y miedo, provocaran también una reacción en la sociedad y en la política, de tal manera que en junio cesó el Gobernador Civil, llegando a la ciudad Luís Lavin, antes gobernador civil en Soria, que casi de inmediato consiguió minimizar los incidentes aplicando una política de registros, cacheos y detenciones, además de revisar y recoger todas las licencias de armas.

            Sobre quienes crean ese ambiente de violencia y con que objetivos cita Preston (“El Holocausto Español. P. 188) como “Mola había lamentado el 1 de julio de que la planeada espiral de provocación y represalias no hubiera convencido a la opinión pública de la legitimidad de un alzamiento militar. Menos de dos semanas más tarde se consiguió el objetivo”. Primero con la muerte por parte de los falangistas del Teniente de la Guardía de Asalto, José del Castillo el día 12 y la posterior represalia con el asesinato de Calvo Sotelo al día siguiente.

             El alcalde García Quintana en dos ocasiones se dirigió a los vallisoletanos con graves palabras, el 19 de junio expresa “…quiero dedicar unas palabras a la situación de guerra civil y de dolor que sufre la ciudad, una ciudad tradicionalmente pacifica, donde todos han podido convivir a  pesar de las diferencias políticas y sociales, hasta que han sido importados métodos de lucha y terrorismo que nunca han existido en nuestra ciudad……Pido a todos los vallisoletanos que depongan sus diferencias y cesen en la lucha civil que esta entablada……y quiero expresar el sentimiento de la Corporación por las victimas de todas las luchas que sufre la ciudad”. (Berzal. 2006, pág. 72).

            Antes, “el día 6 de mayo las organizaciones de izquierda –comunistas, socialistas y anarquistas- organizaron una huelga general contra las agresiones fascistas.: la convocatoria fue un éxito, pero no un remedio” (Berzal, 2006, pág. 70). Sonsoles cita el comunicado de los huelguistas: “como protesta contra las constantes agresiones fascistas y contra la pasividad y complicidad de las autoridades y superiores y subalternos, por lo que se pide la destitución del gobernador civil, del comisario de policía, del jefe de la cárcel y de los jefes y oficiales de la fuerza pública”.

            Siguiendo a Sonsoles (falta página), el día 14 de junio, explota un artefacto en la Casa del Pueblo, lo que suscita una campaña de jóvenes socialistas contra otros viandantes y el saqueo del Centro Tradicionalista. El día 18 un grupo de obreros acuchillan a unos falangistas que gritaban ¡Arriba España!. Y les disparaban con pistolas que según sus declaraciones, habían robado a otros fascistas. El atentado más grave fue el cometido por los hermanos Igea, militantes de Falange, también el día 18 que dispararon en el interior de tres cantinas situadas en las calles Zapico, Nicasio Pérez y Renedo, matando a un cliente e hiriendo a otras siete personas. El día 19 los grupos que había convocado la huelga del día 6 realizan una nueva convocatoria, lo que no impide que en esta ocasión sea asesinado Juan Sainz Sainz, militante de Acción Popular y tesorero de la Federación de Sindicatos Agrícolas de Valladolid. También resultaron heridos su hijo y tres transeúntes.

            En este ambiente de autentico terrorismo callejero protagonizado por grupúsculos de ideologías encontradas, llega Lavin el día 22 de junio, que como indicamos anteriormente toma estrictas medidas de control férreo sobre los ciudadanos; recogiendo y revisando las licencias de armas, se aumenta la presencia policial en la calle y multiplica los cacheos, se detiene a elementos sospechosos, consiguiendo que se reduzcan de forma muy importante los incidentes. Su labor apenas llegó al mes y será uno de los primeros asesinados tras un juicio sumario en agosto.

            En la provincia y siguiendo las investigaciones de Ignacio Martín Jiménez (falta página), destaca la muerte el día 1 de mayo de 1934 en Peñafiel del joven Eladio Alonso de 16 años, como culminación de una jornada de enfrentamientos entre jóvenes socialistas y falangistas. El 18 de mayo también es asesinado el alguacil de Peñafiel, Leocadio Vázquez. En Villanueva de Duero una discusión entre siete personas de ideología contraria acabará con la muerte de Eusebio Maroto del sindicato católico.

            Se relatan otros incidentes de enfrentamientos en otros pueblos de Valladolid con insultos o agresiones que no tienen consecuencias graves. Cita Jiménez (pág. 18-19, 2000) el testimonio que recoge Ronald Fraser, en su historia Oral de la guerra civil española, Barcelona, 1979, pp 119 y ss.) de Alberto Pastor, miembro de las JONS desde 1932, sobrino de un terrateniente de la localidad de Tamariz señalando “que con la llegada de la república cambiaron radicalmente las relaciones de camaradería que hasta entonces existían entre los jornaleros del campo”. Alberto Pastor tiene toda la razón, la ruptura se produce cuando las relaciones de orden y jerarquía social tradicionales se rompen; y eso es precisamente lo que se produce cuando son aprobadas las normas democratizadoras en 1931, como el derecho a la huelga, la Ley de Términos Municipales (28-IV-1931), las mesas de negociación salarial, los Jurados Mixtos (4-XII-1931) Ley de Contrato de Trabajo (21-XI-1931) Ley de Laboreo Forzoso de las tierras. Un orden de siglos, en el que los dadores del trabajo son asimismo los que imponen las condiciones del trabajo y del sueldo, con un importante aditamento además de paternalismo, fruto de la “caridad cristiana”, es literalmente minado por unas nuevas normas, teniéndose que sentar en la misma mesa, con la misma voz y con las armas que les proporciona la legalidad para discutir el horario, el sueldo. Y en el caso de no llegar a un acuerdo los trabajadores antes serviles, y ejerciendo su derecho constitucional de huelga, pueden decidir estar uno o cincuenta días sin acudir al trabajo y poner en un apuro al “amo”. 

           

           

EL ADVENIMIENTO DE LA REPÚBLICA

 

            La Republica llega a Valladolid y provincia con la misma normalidad que en el resto de España. Conocidos los resultados en Valladolid capital: 16 republicanos, 11 liberales, 10 socialistas, 3 conservadores, 3 centristas y 1 de derecha regional; además de las noticias de Madrid y otros lugares de España de resultados igualmente muy elevados para las candidaturas republicanas, una numerosa multitud recorre las calles y empiezan a verse ondear las banderas republicanas. El primer lugar donde se iza la bandera republicana  será en una de las ventanas del edifico de Correos de la capital, y después se ira colgando de otros edificios públicos. Desde el balcón del ayuntamiento de la capital, el histórico republicano Eustaquio Sanz T. Pasalodos proclamará la republica (Berzal de la Rosa, E. “El Valladolid Republicano” Ateneo Republicano, 2006, pp. 11-14).

            Tanto en la capital como en la mayoría de los pueblos los alcaldes se fueron poniendo en contacto con el gobernador civil, tras hacerse eco de las noticias escuchadas en la radio sobre la proclamación de la republica en Madrid. Confirmando el Gobernador Civil que eran ciertas: “y que ante la forma normal con que en Madrid se sucedían los acontecimientos, quedaba autorizado (el alcalde) a proceder como estimase conveniente. Que a su juicio y siguiendo el ejemplo de Madrid procedía acordar el acoger con júbilo el nuevo régimen y proclamar la República en esta ciudad (Valladolid)”. (Actas de sesiones de plenos municipales de 1931. Ayuntamiento de Medina de Rioseco. Archivo Municipal).

            Esa normalidad, cuando no exultante entusiasmo en la población, por la caída del régimen monárquico y proclamación de la republica, que es aceptado por la gran  mayoría, se había agotado sin dar satisfacción ni a los suyos ni a sus detractores.

            La nueva etapa monárquica nacida con la Restauración de 1875 supuso la implantación de un régimen con formas democráticas. Para Francisco Romero (“España 1914-1918. Entre la guerra y la revolución”, Madrid, 2002, Pág 1) “…la solución que aportó la Restauración estaba lejos de ser democrática. Toda la parafernalia constitucional sirvió en realidad para disimular el monopolio de poder que disfrutaba una elite gobernante……La democracia liberal en España, como en la mayoría de los países europeos, fue una farsa y una manera de disfrazar la supremacía de estos grupos privilegiados dentro de la sociedad.”.

            De positivo la Restauración tuvo el conseguir una paz más duradera para el país, que había vivido continuos episodios muy turbulentos a lo largo de todo el siglo XIX. Se instauro la llamada alternancia del turno pacifico. El sistema funcionó sin grandes contratiempos durante dos décadas, pero la perdida de las últimas colonias, el avance de una nueva burguesía ligada a la industria y el comercio, asentada sobre todo en la zona norte de la península, País Vasco y Cataluña. La incipiente industrialización que produce el nacimiento de unas masas proletarias concienciadas ideológicamente y organizadas en sindicatos, pues será precisamente en este último tercio cuando se desarrollen sensibilidades que con el tiempo darán lugar al nacimiento de organizaciones como el PSOE (1879), la UGT (1888) y la CNT (1911), irán rompiendo esos equilibrios iniciales del sistema. “El sistema de la restauración esta amordazado y encadenado por los caciques, piedra angular de toda la estructura política…….gobernaban en sus zonas como si estas fueran sus feudos personales, y tenían poderes ilimitados para resolver los asuntos locales, elegir jueces, nombrar funcionarios, realizar obras públicas e incluso recaudar impuestos según su propia voluntad” (Romero, Pág.,2).

            Un momento crucial para el sistema de la restauración será la llamada crisis del 17. Para muchos historiadores y analistas se dieron las condiciones para que desde el propio sistema, sin rupturas constitucionales, se hubieran dado los pasos necesarios para romper la preeminencia caciquil, y se cristalizara un avance en los usos verdaderamente democráticos, una incorporación de la nueva burguesía económica e intelectual en las estructuras de poder, y un avance significativo en las demandas sociales de una población trabajadora, rural y urbana, rayana en la indigencia y sin ningún derecho social. Este fracaso, esta cerrazón de las clases caciquiles, sobre todo las unidas a la tierra, mayoritarias en Castilla, Extremadura o Andalucía, es considerada por un amplio sector de historiadores no solo como una oportunidad crucial perdida, sino que además sus consecuencias influirán de manera trascendente en la descomposición del sistema monárquico, en el posterior fracaso republicano, en la gestión del golpe de estado, en el fracaso del golpe de estado y en el desencadenamiento de la guerra civil.

             Para el político Antonio Maura Montaner, ministro y jefe de gobiernos monárquicos, además de jefe del partido Conservador, fue la oportunidad perdida de hacer “La revolución desde arriba”. (Rafael Borrás Betriu “El Rey Perjuro”, Barcelona 2007, Pág. 127) “….Antonio Maura representaba, con todas las limitaciones del sistema, la derecha de los ideales frente a la de los intereses, un intento de regeneración por parte de lo que hoy llamaríamos la derecha civilizada” (Borrás, Pág. 102).

            La primera guerra mundial en la que España mantiene su neutralidad, significará una singular oportunidad de negocio para las “empresas industriales y financieras, pero también exacerbó las diferencias regionales, sociales y económicas dentro del país. Para la mayoría de las personas este fue un periodo de crisis caracterizado por la escasez de alimentos, la caída de los salarios reales y una grave miseria material” (Romero, Pág. 28). Desde 1915 van convergiendo y de alguna manera uniéndose para lograr sus intereses un sector importante del ejército, la burguesía emergente y los trabajadores. En 1917, en dos momentos claves, junio y agosto alcanza, con graves disturbios incluidos, su momento de máxima excitación la protesta, que será resuelta por el gobierno sin avances, sin reformas, a favor de los viejos intereses caciquiles; pero que en modo alguno significó una estabilización del sistema sino el principio de su hundimiento, pues tras continuos vaivenes el Rey acabará traicionando el propio sistema constitucional, apoyando, cuando no para muchos protagonizando el golpe de estado de Primo de Rivera en 1923. Y tras siete años de dictadura y después de haber perdido incluso el apoyo de la mayor parte de los monárquicos, con el sistema agotado, serán los propios monárquicos quienes animen la llegada de la Republica.

            Niceto Alcalá Zamora, Miguel Maura, José Sánchez Guerra y Ángel Osorio y Gallardo, ex ministros de la Monarquía serán hombres claves para echar el cierre a la monarquía y abanderar la “transición” pacífica a la republica. En 1930 fundaran el partido “Derecha Liberal Republicana”, y tendrán la iniciativa para convocar a representantes de los viejos partidos republicanos y de los nuevos, además de otros partidos como el PSOE. Será el 17 de agosto cuando se firme el pacto de San Sebastián con figuras esenciales en la vida posterior republicana como Manuel Azaña, Santiago Casares, Marcelino Domingo, Indalecio Prieto etc.

            El comité revolucionario nacido del pacto de San Sebastián entrará en contacto con el estamento militar, entre ellos el general Gonzalo Queipo de Llano, al que nombró jefe del Comité militar (Borrás, Pág 195), o los capitanes Galán y García Hernández, que el día 12 de diciembre protagonizan un levantamiento militar en Jaca, que es dominado por las fuerzas gubernamentales, terminando con la ejecución de ambos capitanes, tras juicio sumario dos días después de la intentona.  Estas muertes sirvieron para ahondar aún más en el descrédito que la monarquía tenía entre la población.

            El 15 de diciembre el Comité Revolucionario, el día en que estaba en realidad prevista la ansiada sublevación, con las formas de la tradición decimonónica, lanza su manifiesto revolucionario. En el aeródromo de Cuatrovientos, Queipo de Llano, Ramón Franco e Ignacio Hidalgo encabezaron un movimiento que había de ser secundado por una huelga general, que no se produjo como estaba prevista, por las disensiones internas en el partido socialista. Huyeron los tres militares en avión hacia Lisboa (Borrás, pp. 202, 203) .

            Desde esta fecha, nuevas adhesiones se suman, abogando por un cambio radical de los usos y costumbres en la política como la movilización intelectual de febrero de 1931, que es fundada la Agrupación al Servicio de la Republica, cuyo manifiesto se publicará en el diario el Sol. En la agrupación se encuentran intelectuales como Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, Antonio Machado, Manuel Azaña o Ramón Pérez de Ayala.                    

            A nadie le cabe ya duda que cuando son convocadas las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, en ellas se dirime algo más que unos concejales, y que realmente están todos convocados para un plebiscito que determinará si los sentimientos mayoritarios en la población se encuentran a favor o en contra de la monarquía.

               

IMÁGENES DE LAS VICTIMAS

            En este capitulo se presentan una serie de documentos de muy diverso contenido. El propósito es mostrar al lector desde cartas de presos que escriben en las horas previas a su asesinato, justificaciones de los militares en las sentencias para ejercer su represión, sanciones a las personas que no colaboran con las colectas del gobierno sublevado etc. etc.. El fin pretendido es  que el lector pueda sensibilizarse con el ambiente de dolor, miedo, irracionalidad, injusticia y represión que desataron los sublevados y las fuerzas que les apoyaron en los territorios que fueron dominando.

            Las cartas que publicamos en las siguientes líneas fueron escritas por los condenados a muerte en los juicios sumarios, durante los días u horas previas al cumplimiento de la sentencia. Estas cartas tenían como destino pasar de mano en mano entre los demás internos que se encontraban en la cárcel. Transmiten a los demás presos sus sentimientos íntimos, y en casi todas una fe inquebrantable en sus ideas de renovación para España.

 

            Valladolid 21 de septiembre de 1936

Amigos Elias y Badás: Por mediación vuestra quiero despedirme de todos los compañeros y amigos. Creo inútil deciros a vosotros cual es mi pensamiento a la hora de enfrentarme a los fusiles de mis asesinos, pues repetidamente lo he expresado hablando con vosotros. En cuanto a la posibilidad que hay de que los mercaderes de la religión que acosan a todos los condenados a muerte hagan circular el bulo de que han ganado mi alma, quiero hacer constar por adelantado que estoy dispuesto a no usar de sus servicios espirituales, aunque tenga que desobedecer a mi misma madre.

            Voy a la muerte tranquilo y confiado en que vosotros y todos luchareis hasta el último instante, e inclusive el sacrificio de la vida por el triunfo de nuestro ideal

            Muchos hemos caído pero los que quedáis disfrutareis del bienestar necesario y haréis participes a nuestras familias que quedan en el mayor de los sufrimientos: pues al final nosotros descansamos.

            Recibir el más cariñoso abrazo de este camarada que se despide de vosotros para siempre.

                                                               Isabelo Robles

                                      ¡Viva el Socialismo!

 

Isabelo Robles Sánchez, natural de Valladolid, fue fusilado en el Campo de San Isidro el día 29 de septiembre de 1936, y enterrado en una fosa común en el Cementerio del Carmen. En su carta alude a los mercaderes de la religión, los sacerdotes. No confesar y comulgar antes del fusilamiento solía suponer que ni siquiera les dejaran a los condenados despedirse de sus familiares, ni en persona ni por carta.         

            Para entender mejor las palabras y sentido de la voluntad de Isabelo o la oración escrita por Nicéforo que se trascribe posteriormente, nada mejor que leer estos párrafos que muestran cómo pensaba y sentía la iglesia que con tanto entusiasmo apoyo la labor “renovadora” de los sublevados. Articulo publicado en el Avisador Numantino. (Época 2ª, Año LIX, Número 5438, 20/03/1937)

            Dios, a la vista

            Días atrás se ha producido en Valladolid un suceso que esta llamado a tener extraordinaria repercusión en toda España.

            Ocurrió, que llegada la hora de cumplirse el fallo de la justicia ( el fusilamiento) sobre un pequeño grupo de marxistas, ninguno de los que lo componían quiso prestar atención  a los religiosos que les exhortaban a reconciliarse con Dios y recibir el sacramento de la Penitencia.

            Ya se disponían los Padres Cid y de los Ríos, Jesuitas, a abandonar a aquellos desgraciados con el consiguiente dolor de ver sus súplicas inútiles cuando alguien les advirtió que uno de los reos había sido alumno de la Compañía de Jesús. Entonces el Padre Gonzalo de los Ríos, sin duda súbitamente iluminado con una inspiración de lo Alto. Preguntó al interesado si había practicado alguna vez la devoción de los nueve primeros Viernes. Al contestarle este afirmativamente, el Padre redobló sus instancias para que se confesase y arrojase fuera de su alma el demonio que indudablemente poseía. Y en alta voz le conjuró diciéndole: “En nombre de Jesucristo, te mando que te levantes”.

            La tremenda escena conmovía  a los presentes. El ex alumno de los Jesuitas, sin embargo no parecía dar importancia a la suprema exhortación. Pero el Padre de los Ríos la repitió con mayor entonación y vehemencia: “¡En nombre de Jesucristo te mando que te levantes!”. Hubo unos momentos de angustioso silencio, al cabo de los cuales se advirtió como el infeliz se ponía súbitamente de pie, cual movido por un resorte, empalidecía y se desmayaba.

            Los demás reos, a su ejemplo conmovedor, recibieron todos también la penitencia final.

            En Valladolid ha tenido extraordinaria repercusión esta escena, tanto por la condición social de quien fue personaje de la misma, como por ser allí muy conocido el Padre Gonzalo de los Ríos que tuvo fortuna y el inmenso consuelo de contribuir  a la salud de unas almas en tanto peligro.

            Sobre el Padre Cid, Martín Jiménez (Martín Jiménez, I. “La Guerra civil en Valladolid (1936-1939” Amaneceres ensangrentados, Valladolid, 2000, p 198) cita el testimonio de un preso: “El padre Cid daba misa portando en su faja una pistola, que con frecuencia mostraba. Los sermones solían consistir en insultos como –hijos de la Pasionaria-, o -hijos de mala madre-, -ayer matamos a…..-seguido de la lista de todos los fusilados”.

           

            Oración –Escrita por Nicéforo Velasco

Oh Dios omnipotente! Por los innumerables tormentos que sufriste en la dolorosa pasión; suplicamoste hagas descargar tu divina justicia sobre los que están cometiendo crímenes cruentos.

            Así os lo pedimos, para castigo de hipócritas, farsantes y fariseos, y ejemplo de la humanidad

  • Amen

 

            A través de los testimonios y de la documentación, es apreciable que un hecho es el sentimiento anticlerical y otro distinto el sentimiento religioso, de los que fueron acusados de ser enemigos de la “religión”. La creencia en Dios o el mensaje de Cristo era muy común entre los republicanos de diverso signo ideológico. Incluso en aras de esos principios de amor al prójimo y justicia contenida en el evangelio, muchos justificaban su implicación social o política. El sentimiento anticlerical venía justificado, por haberse posicionado históricamente la iglesia a favor de los que tenían poder, olvidando al resto. Los sacerdotes eran vistos como instrumentos para mantener en servidumbre y resignación a la población. De hecho la fiereza de los asesinatos se cebo sobre todo en los sacerdotes, y en una proporción infinitamente menor en las religiosas; porque las veían y sentían dedicadas a labores sociales, y no a labores de proselitismo en favor de las clases dominantes.

           

            Otra carta de Nicéforo:

 

A todos los camaradas y amigos:

            Al fin va  a consumarse el sacrificio de mi vida inocente: Va a aumentarse la  ya larga lista de nuestro martirologio social.

            Con la serenidad que ha sido característica de mi vida y con el convencimiento del cumplimiento de mi deber, me acerco a la hora suprema de mi muerte, confiado en que vosotros sabréis atender a mi familia y reivindicar mi nombre.

            Como ruego final de mi existencia yo os pido que sepáis cumplir con vuestro deber, luchando por el triunfo del ideal y que en vuestra bandera de combate gravéis esta frase inmortal: Adelante, Siempre adelante; Hasta por encima de las tumbas; Hasta por encima de los altares; Adelante; siempre adelante.

                                  Nicéforo Velasco

            Una última carta de  Nicéforo Velasco guarda la esperanza de que se pueda vencer a los sublevados, y que con ello lleguen las lógicas restituciones de los expolios sufridos. La realidad ha mostrado que ni siquiera con una democracia establecida, estas personas han recibido el debido reconocimiento ni la obligada justicia.

 

            Amigo Elias: Por si llega (como espero) el día en que se pueda indemnizar, en parte las perdidas ocasionadas por la hecatombe, te agradecería hagas saber donde corresponda, que las mías por todos los conceptos (Biblioteca, radio, almacén, etc. etc.) alcanza la cifra aproximada de de 50 a 60.000 pesetas.

            Confío en que de ser posible conseguirás algo para mí familia

                        Gracias con un cordial abrazo. Nicéforo     20/9/36

Nicéforo Velasco, veterinario y hombre muy comprometido con la cultura y la instauración de la democracia en Valladolid fue fusilado y enterrado en el Cementerio del Carmen de Valladolid el día 26 de septiembre de 1936.            

            Una corta carta de firma ilegible:

            Camaradas mañana  a las     cantar la Internacional. Yo también la cantare al morir por los trabajadores.

                                   Os dejo un hijo ayudadle

 

            MARIA LUISA ALBORNOZ ÁLVAREZ

 

            Para las autoridades sublevadas la represión no alcanzaba solamente a los que consideraban “culpables”, si no que sus familias o allegados de muchas maneras eran también afectados. Un documento significativo de esta represión a personas que de forma directa no representan ni han representado papel alguno de oposición a los sublevados se refiere a Maria Luisa Albornoz Álvarez , quién permaneció encarcelada, entre otras cárceles, en la de Valladolid. Maria Luisa es una mujer de 45 años, casada y con seis hijos. Es detenida el 6 de enero de 1937 y todavía la encontramos en prisión el 18 de julio de 1939.

            La documentación no tiene desperdicio. Se recibe en la prisión provincial de Valladolid un telegrama postal del Gobernador Militar de la Plaza de Valladolid, en el que se pregunta que reclusos hay en dicha prisión en calidad de rehenes. En la contestación del jefe de prisión, dice: “que se encuentra detenida en dicha prisión Luisa Albornoz Álvarez, que se supone esta detenida por ser sobrina de Albornoz, ministro que fue de justicia en uno de los gobiernos de la República: Fue detenida en Oviedo el 6 de enero de 1937, trasladada a Lugo el 4 de marzo del mismo año, ingresando el ¿?  del mismo mes y trasladada a esta Provincial (Valladolid) en el mes de Abril último por haberlo solicitado del Generalísimo por tener familiares en esta localidad. Fechado: Julio 19 de 1939”.

            En otro documento, esta vez expedido por el director del Hospital Provincial de Valladolid dice: “Pongo en conocimiento de V. que con fecha 13 de los corrientes ingresó en este establecimiento la detenida Maria Luisa Albornoz Álvarez, a disposición de S. E. el Generalísimo, según orden del Excmo. Sr. Gobernador Civil de esta provincia…….17 de abril de 1939”.  

            JOSÉ RUBIO SARAZIBAR

            La siguiente documentación hace referencia al asesinato de un teniente coronel del ejército por parte de sus compañeros sublevados. No debemos olvidar que las dos primeras victimas provocadas por los sublevados vallisoletanos fueron los comandantes Liberal y Rioboo, que morirán, y que el propio Capitán General, Molero, recibió un tiro de menor gravedad en una pierna, la noche del 18 de julio. Como ya escribimos en la introducción, si el golpe de estado fracaso lo fue por la división en el ejército. La propaganda franquista y sus seguidores ideológicos, siempre han dado a entender que la sublevación fue seguida por la mayoría del ejército, algo que además de no ser cierto, esconde la brutalidad que ejercieron también con sus propios compañeros de armas.

            La base documental que presentamos son unas notas de Antonio Ruiz Villaplana, que fue secretario judicial en Burgos (Villaplana Ruiz, A. “Doy Fe, un año de actuación en la España nacionalista”, 2012, Espuelas de Plata, pp. 105-111). El interés de su escrito estriba no solo en la descripción cruda y dura del acto de identificación de unos cadáveres, si no además porque nos informa de la mecánica de cómo operan los sublevados para hacer desaparecer los cuerpos de los asesinados, así como de quienes dirigían aquellos asesinatos. En Valladolid, y en general en toda nuestra región es muy difícil el hallazgo de las fosas comunes, sobre todo a partir de la segunda quincena de agosto del 36, porque los asesinos tuvieron cuidado en buscar lugares discretos y enterrar rápidamente a las victimas. El texto es clarificador.

            Por otra parte vemos en la documentación generada como utilizan diversos mecanismos para no dejar rastros que pudieran llevar en el futuro a encontrar los desaparecidos.

            José Rubio Sarazibar nació en Vitoria el 9 de octubre de 1881, tenía en el año36, 54 años. Aunque aparece como destinado en Lérida, en los meses o días previos a la sublevación prestaba servicio y vivía en Valladolid.

            En la pieza separada del juicio al ex alcalde Antonio García Quintana, hay diversa documentación sobre la investigación que realizan las nuevas autoridades sublevadas para conocer quienes estuvieron reunidos los días del 14 al 18 de julio en el Gobierno Civil, con el objeto de tomar medidas ante la posibilidad de un golpe de estado. En la relación de los presentes figura José Rubio Sarazibar. Así como en otros documentos de esta causa (ATM IV, Causa 229/36, Pieza separada) . Hay otra causa en la que también aparece nombrado: ATM IV, Causa 118/36. Su familia tras su muerte seguirá viviendo en Valladolid

            Es detenido en Valladolid el día 19 de julio, y trasladado y encarcelado en la prisión provincial de Burgos por sus compañeros sublevados. Su mujer la única noticia que recibe, es que su marido muere en un accidente de coche el día 19 de agosto. Y cuando quiere inscribir en el registro la defunción, se encuentra con serias dificultades, porque en Burgos le contestan que no lo pueden registrar, porque esta ciudad no fue su último domicilio, y en el registro de Valladolid cuando piden información al juzgado de Burgos, contestan que no constan datos de identificación de José Rubio. La mujer aparece el 5 de enero de 1937 en una relación que se elabora en Valladolid para la Junta Provincial de Beneficencia, con el objetivo de prestar ayuda a los que han quedado abandonados, por “haber desaparecido o haber sido ejecutada la persona que atendía a su subsistencia”.

            Escrito de Antonio Villaplana: CONTINÚA LA “LIMPIEZA EN LA RETAGUARDIA”

Después de una noche de intranquilidad –esas noches de Burgos de entonces, en tinieblas, pobladas de himnos chillones y claxons roncos-, la voz del alguacil, que nervioso golpeaba mi puerta, me despertó sobresaltado.

Don Antonio…Levántese, que tenemos otros siete “fiambres”.

Me incorpore adormilado y respondí maquinalmente:

            -Espéreme en casa del juez, que me arreglo enseguida.

El alguacil marchó lentamente y aún se oían sus recias pisadas cuando empecé a vestirme nerviosamente.

¡Siete “fiambres” mas!. Las crudas palabras resonaban aún en mis oídos; llevamos así veinte, cuarenta…(no sabía ya cuantos) días, pues había ya perdido la cuenta de aquel periodo de pesadilla

(….)

Cuando llegué a casa del juez me esperaban en el portal, junto al coche del juzgado, el alguacil y dos personas más. Una de ellas era un oficial de la Guardia Civil, jefe de un puesto cercano y famoso en toda la línea por su “tacto e inteligencia de mando”.

Comprendí al oírle, que había habido actuación aquella noche y que venia a servir de guía y orientación en la expedición obligada. Por algo imponderable e indefinido, aquel individuo, con quien crucé apenas la  palabra en ocasiones aisladas, me tenía poca simpatía, y por esta razón no quise hacer pregunta alguna sobre el hecho que nos reunía.

La otra persona que esperaba mi llegada era un tipo notable y digno de estudio.

Aprovechándose de la amistad relativa que le unía al juez, y con gran descontento de este, valiase de ella para asistir a todos los hallazgos de cadáveres y demás actos análogos. Era un hombre de avanzada edad, seco, cetrino, vestido siempre de luto riguroso que entonaba perfectamente con los cuadros a que asistía.

(….)

En términos de gran regocijo comentó que, por lo visto,”hoy se trataba de peces gordos”

(…)

Nos acondicionamos todos con estrechez en el coche oficial y tomando la carretera de Valladolid pasamos el fielato, deteniéndonos al final de una subida algo pronunciada; allí nos internamos en una vereda y llegamos a un pequeño altozano en el que la presencia de varios números de la guardia civil y de las brigadas de deposito funerario indicaban que era el sitio de autos.

El oficial perfecto conocedor del sitio, nos dirigió a un sembradillo y en una zanja cercana, que parecía recientemente removida, ordenó excavar a los empleados del depósito.

Lejana, la silueta del Penal se destacaba en el horizonte, entre el silencio sepulcral de los reunidos, las paletadas de los obreros chirriaban al tropezar con las piedras del terreno.

Uno tras otro, terriblemente desfigurados por las heridas y la inhumación, alguno con destrozos causados por los paletazos, se extrajeron siete cadáveres, que se colocaron en fila ante nosotros. Se reconoció enseguida a todos ellos: el coronel Mena, primer jefe de la guardia civil; el teniente coronel Rubio Sarazibar; dos industriales de Burgos, “El Riojano” y Abad, agente comercial y concesionario de conservas; el capitán Marin, de la guardia civil, y dos obreros del directo Madrid-Burgos.

De las explicaciones dedujimos que el coronel había sido ejecutado por obedecer las ordenes del gobierno de Madrid y enviado allí ciertos presos, entre ellos el general González Lara; el teniente coronel y el capitán Marín, cuya aparición nos emociono sobremanera, por haber trabajado frecuentemente en el juzgado, fueron fusilados por haber acompañado a los mencionados presos; los dos industriales por pertenecer al Socorro Rojo Internacional, “del que cobraban mil duros mensuales”, y los obreros, por….no ser “trigo limpio”, frase cuyo alcance no comprendí, pero que debía ser definitiva, por los asentimientos que mereció, singularmente por el acompañante enlutado.

Los siete desventurados cuyos cadáveres teníamos delante, habían sido sacados del Penal aquella noche, simulando un traslado de prisión, y llevados allí, donde se les hizo saber que no iban trasladados si no que iban a ser pasados por las armas.

Todos se mantuvieron serenos a excepción de uno de los industriales que lloraba y gemía, jurando que era inocente y no había hecho nada.

 -¡Claro! ¿Qué iba a decir el muy canalla?.....cometo el enlutado.

El coronel Mena, republicano, antes de morir, se quitó una sortija y encargó a uno de los ejecutadotes que se la entregara a su hija, rogándole que la consolase en lo posible, pues la pobre no sabía nada.

            -Como se perdió mucho tiempo en estas y otras “ternezas” –dijo alguien-, se hizo de día y hubo que apresurar la cosa, enterrándoles malamente.

            -Las prisas nunca son buenas –dijo otro-. Así, se quedaron a flor de tierra, y esta mañana, se conoce que algún perro ha escarbado y unos pastores han visto, al pasar, la mano de uno, avisando al puesto y al juzgado.

            -Esto no puede ser, continuó; hay que hacer las cosas bien; porque además, se molesta a estos señores sin necesidad (el subrayado es nuestro)

A pesar de que todos sabían perfectamente quiénes eran los aparecidos, nadie osó reconocerles oficialmente, y tanto en el cementerio –al que fueron trasladados los cadáveres- como en los folios sumariales, rezó la repetida y fatídica inscripción:

Siete cadáveres desconocidos.

Hallados en el altozano junto al km. 102 de la carretera de Valladolid.

 

LEY DE AMNISTIA DE 1976 Y 1977.

            En el siguiente documento, recogemos la petición que hace para acogerse  a la Ley de Amnistía de 1977, el ex preso vallisoletano Santiago Sánchez Pérez; quién fue condenado a cadena perpetua en 1937, y posteriormente fue conmutada su pena a 30 años y 12 (ARTM IV, Causa 921/37). Asimismo relatamos los sucesos que dieron lugar a su condena, que no fueron otros, que un presunto complot en la Cárcel de las Cocheras de Valladolid para escapar.

            La ley de amnistía nació, según sus impulsores, con el objeto de buscar la reconciliación social entre los españoles. En la amnistía parcial de 30 de julio de 1976, entre otras medidas y propuestas aprueba la reintegración de los derechos pasivos a los militares sancionados después de la pasada contienda, de los indultos concedidos y de la prescripción, por ministerio de la ley, de todas las responsabilidades penales por hechos anteriores al 1 de abril de 1939.

            En la Ley de Amnistía de 1977 en el párrafo “a” del artículo primero, dice que quedan amnistiados todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese el resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al quince de diciembre de 1976. En el articulo segundo de esta Ley, en su párrafo “a”, expone que quedan comprendidos en esta amnistía los delitos de rebelión, sedición, así como los delitos y faltas cometidos con ocasión o motivo de ellos, tipificados en el código de justicia militar.

            Varias puntualizaciones: La primera, esta ley en cuanto a los acontecimientos de nuestra guerra solo afectaba a una de las partes, porque el 23 de septiembre de 1936, los golpistas han aprobado un decreto por el que quedan exonerados de responsabilidad los que cometieron delitos y asesinatos, como oposición al régimen democrático, cometidos anteriormente a esa fecha. Ejemplificamos el alcance de este decreto, en el capitulo dedicado a los sucesos en pueblos, con un hecho en Peñafiel, en el que hubo como resultado un asesinato por parte de un militante de falange. Una segunda puntualización, es que la enorme documentación con la que contamos, no deja  lugar a dudas, que los golpistas tanto en las zonas en las que no hubo oposición al golpe de estado, como en las que fueron ganando a lo largo de la contienda, no solo buscaron y castigaron a los que pudieron hacer tropelías, incluso finalizada la contienda cuando se encontraban exiliados en el extranjero; si no que además, literalmente, se cebaron con miles y miles de ciudadanos inculpados por ser creyentes o defensores de la democracia, aunque no hubieran cometido actos de violencia. Por tanto, poco se podía amnistiar respecto a los hombres y mujeres que habían estado durante la contienda en la zona republicana.

            En tercer lugar, en el artículo segundo, habla de la amnistía para los delitos de rebelión y sedición, tipificados en el Código de Justicia Militar. Debemos tener en consideracón que casi el cien por cien de los republicanos que pasaron por juicios sumarios, fueron juzgados por los famosos artículos 237 y 238 del Código de Justicia Militar, que tipificaban precisamente el delito de rebelión. Delito de rebelión por el que fue condenado Santiago Sánchez. La Ley de Amnistía todavía hoy vigente, olvidaba y olvida que fueron los sublevados los que se levantaron en contra de un régimen legalmente establecido, y por tanto ellos fueron los únicos que cometieron delitos de rebelión y sedición, no los que se mantuvieron fieles a la legalidad. Estos militares en su estrategia subversiva, y como es lógico, dieron la vuelta al razonamiento y la razón, y convirtieron en rebeldes a los cargos públicos, militares y ciudadanos que defendieron el régimen legal. La Ley de Amnistía lo que hace por tanto, es reconocer como legales aquellos actos de ilegalidad jurídica cometidos por los sublevados.

            Por ello, y en cuarto lugar, van a ser los que pasaron por aquellos tribunales de los sublevados los que tengan que pasar por el filtro de ser amnistiados. Pues los que participaron de cualquier forma en la represión o la sublevación, como nunca fueron enjuiciados y juzgados, no necesitan o han necesitado pedir ser amnistiados.

            Como quinta puntualización, dos incongruencias incompatibles con un estado democrático; la primera, que tanto en 1977 como en la actualidad sigan siendo legales aquellos juicios sumarios realizados por los tribunales de los sublevados. De tal manera que los que fueron condenados son todavía delincuentes. La segunda, que esta ley es incompatible con el Derecho Internacional, porque en España se cometieron crímenes de lesa humanidad, crímenes que no prescriben, y que por tanto son siempre perseguibles. Recordar que en febrero de 2012 el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pidió formalmente a España la derogación de la Ley de Amnistía, por estar incumpliendo la normativa internacional sobre Derechos Humanos.

            La aberración jurídica e histórica que se cometió y comete, cobra mayor significación si conocemos los hechos por los que fueron juzgados. Los hechos que dan lugar al posterior procesamiento de Santiago Sánchez Pérez y otros veinte reclusos más, de los que trece serán pasados por las armas, se inician el 12 de abril de 1937 (cuatro días después del bombardeo de aviación que causo varios muertos en Valladolid capital), cuando un recluso Bernardo Morales Corts, de cuarenta años, natural de Ciudad Real, delineante, domiciliado en Valladolid; y que se encuentra en la prisión de “Cocheras”, esta enmascarado trabajando como espía y chivato de la policía. Denuncia que hay preparado un complot para escapar de la cárcel por parte de un grupo de presos; que profieren frases como: “aprovechando alguna circunstancia favorable como la puesta en libertad de algún preso por la noche (los que salían por la noche, lo eran para ser paseados), el castigo de algún preso por parte de un funcionario, la caída de alguna bomba de la aviación roja, todos los presos se levantarían como un solo hombre, apoderándose primero de la guardia interior y sus armas y después de la exterior, echándose sobre los soldados y tomándoles las armas y ametralladoras que poseían para custodiar la prisión, después de lo cual se retirarían a los barrios extremos, donde morirían matando, todo menos consentir la vida que allí llevaban, ya que dos a dos, tres a tres irían muriendo todos”.

            Curiosamente en el oficio que inicia el proceso, firmado por el director de la prisión, después de señalar las causas que aprovecharían los reclusos para levantarse………en los párrafos finales cambian algunas frases, y ahora escribe: ”aprovecharían para salir matando a los funcionarios y a la guardia militar”.

            Unida a la declaración de Bernardo Morales se halla la de otro espía o soplón de la policía, que será además la más determinante para las graves penas que se cumplimentaran. Esta persona es Alejo Pérez Fernández, 40 años, natural y vecino de Portillo. El día 14 de abril en el patio irán desfilando los presos en grupos de 40, y Alejo (sin ser visto por los demás presos) les ira señalando, remitiendo declaración de las palabras que oyó a cada uno.

             Como dato de interés, el director de la prisión informa que en ese momento hay en “Cocheras” 1438 presos.

            A través de las declaraciones de lo que ha escuchado Alejo y Bernardo, se hace evidente que los presos están en una situación de claro malestar. Pues hacen continuas referencias a la penuria del hacinamiento (los presos dormían en las dos naves en el suelo, de lado unos pegados a otros), muy mala comida, continuas plagas por la falta de higiene. Y sobre todo, son testigos y sufren como a muchos que decían poner en libertad, en realidad desaparecían para siempre. En concreto el preso e inculpado Enrique Rodríguez se queja de la puesta en libertad una la noche de Isidoro Valseca Rodríguez, padre de uno de los encausados, Antonio Valseca Fernández. De lo que caben pocas dudas tras la lectura de la causa sumarial, es que no hay un movimiento realmente organizando para emprender una fuga. Son expresiones que encierran deseos e intenciones, que ni siquiera se profieren con discreción, porque todas las conversaciones se realizan prácticamente en público. Y de hecho, tanto Bernardo como Alejo, que reconocen que no han llegado a tener una relación de confianza con los encartados las escuchan sin dificultad.

            El 21 de abril, prácticamente una semana después de iniciadas las denuncias y procedimientos judiciales se firma la sentencia en la que serán condenados a muerte y ejecutados poco después: Enrique Rodríguez Martínez, Ángel Pascual Burgos, Antonio Valseca (hermano del concejal del ayuntamiento de Valladolid, Víctor Valseca. Julio López Blanco, Nicasio Martín García, Virilo Moro Alonso, Ignacio Jiménez Tabares, Julián Santamaría Ortega, Jaime Álvarez del Prado, Benito García González, Santiago Vega Reglero, Honorio Reinoso Arontes, Leandro Villanueva Barrial. Y condenados a cadena perpetua, nuestro protagonista de la petición de amnistía para su delito, Santiago Sánchez Pérez. Y Clemente Martín Gutiérrez, Serapio Orduña Moro, Ignacio Sanz Pastor, Esteban Gregorio Pérez, Eugenio Reguero Espinosa, Agustín Díaz Fuentes, Saturnino Sánchez García. La condena a cadena perpetua de de Santiago Sánchez se justifica, porque aunque no se le han escuchado frases de referencia o adhesión al complot, de continuo se le veía en compañía de los presuntos cabecillas del mismo.

            Relacionada indirectamente con el juicio anterior, También traemos estas líneas el suceso de aparición de un cadáver (Causa 1280/37, Caja 147). Ocurre el mismo día 21 de febrero en el que se dicta la sentencia anterior. El cuerpo es hallado en el río Pisuerga en el término municipal de Simancas. Se trata de un hombre que tiene las manos atadas y un disparo en la cabeza. Para el juez que presencia el levantamiento del cadáver, la muerte parece “ser como consecuencia del Movimiento Nacional”. El cadáver es de Isidoro Valseca Rodríguez (bombero del ayuntamiento de Valladolid, 47 años), padre de Antonio Valseca, que ese día 21 ha conocido su sentencia de muerte. Isidoro también se encontraba encarcelado en Cocheras con su hijo. La represión, como vemos, se va ejecutando según conviene o apetece. Unos pasaran por juicio porque así interesa para la oportunidad del momento. Nada mejor después del bombardeo del día 8, que un buen escarmiento a los encarcelados. Para otros, el tiro directo en la cabeza. Las autoridades hicieron lo posible para detener a Victor Valseca, hermano de Isidoro y tío de Antonio, de quien ya expresamos fue un representante socialista muy activo durante toda la republica. A falta del concejal Victor Valseca, se cebaron en sus familiares, dos asesinados y al menos otros dos encarcelados.

             La identidad de Isidoro no es conocida hasta el día 1 de mayo de 1937, gracias al reconocimiento que hace de las ropas que portaba su hijo Victoriano, ropas que se conservaban en el juzgado de Simancas. En el mismo acto de reconocimiento expresa Victoriano, “que su padre se encontraba en “Cocheras” detenido, que les comunicaron que había sido puesto en libertad la noche del 8 al 9 de abril (el día del bombardeo), pero que no apareció por su domicilio, habiendo desaparecido”.

            El final de la historia es casi rocambolesca. El juzgado de instrucción que recibe todas las diligencias: Hallazgo del cadáver, autopsia, identificación de la persona etc. pide inhibirse a favor de un juzgado militar, porque de los hechos se deduce: “que pudieron haber ocurrido en choque con la fuerza pública, o por desobediencia de sus órdenes”. El juzgado militar que recibe las diligencias, de inmediato determina que se archiven.

            Las diligencias de la detención de Antonio Valseca, 20 años, estudiante también merecen ser leídas. (ATMIV,Causa 150, Diligencias S/N 1936 (70). El 21 de agosto se recibe denuncia de que se han oído disparos en la calle Niña Guapa, tras el paso de un avión republicano. Una patrulla falangista registra algunos domicilios, encontrando debajo de una cama a Antonio. Antonio en su declaración afirma que se encontraba escondido en casa de su tío, Teodoro Benito Valseca, por temor a ser detenido, ya que es sobrino del concejal Antonio Valseca, y porque su padre había sido hecho preso en esos días. La investigación judicial determina en el procedimiento previo de fecha 10 de septiembre de 1936, que no se han encontrado armas en el domicilio, ni siquiera indicios de que se pudieran haber hecho disparos desde dicha casa, por lo que dan por agotado el procedimiento. Pero por otra parte, considera que Teodoro Benito (militante de UGT) y Antonio Valseca (del que no destacan filiación o actividad política), además del hijo de Benito, Adrián, del que tampoco reseñan militancia alguna, “acusan peligrosidad en los actuales momentos, la que es preciso destacar para que el Exmo. Sr. Gobernador Civil (a la sazón un militar), a cuya autoridad deben ponerse los detenidos, tenga conocimiento de la condición de los mismos, para aplicación de la ley de orden público”.

LA REPRESIÓN

            Entre las muchas obras que han tratado la cuestión de los fines, cifras o razones de la represión que se desencadena en el territorio nacional a partir del 18 de julio, queremos citar por el singular interés que nos despierta, la obra coordinada por Santos Juliá: “Victimas de la Guerra Civil”, Madrid, 1999. Un trabajo más reciente de Pablo García Colmenares “Los Usos Públicos de la Historia: La memoria de la represión de la guerra civil en Palencia” (1936-1939), Palencia, 2005, y el libro de Enrique Escanell “1936, La Conspiración”, Madrid 2008.

            Lo primero que cabe señalar es que Valladolid y su provincia no ofrecieron apenas resistencia a los sublevados. En una semana y con un bajo número de victimas toda la provincia quedó bajo control militar. Es más, a través de las actas municipales comprobamos que en la mayoría de las poblaciones el traspaso de poder de las corporaciones democráticas a las gestoras impuestas por los sublevados, se condujo guardando estrictas formas de normalidad, dentro de la circunstancia; que corrientemente consistía en la llegada a la población de un destacamento de la guardia civil que acordaba con las personalidades afines a los sublevados una corporación, que sobre todo en los primeros meses suele estar compuesta por personalidades que ya habían tenido alguna responsabilidad en la vida municipal antes de la llegada de la democracia de 1931, además de otras personas claramente comprometidas con los sublevados. En el ayuntamiento eran citadas las autoridades que habían sido elegidas en las elecciones democráticas de la republica, y se recogía en acta el traspaso de poderes a las nuevas autoridades por mandato de la autoridad militar; haciendo entrega del bastón de alcalde, el alcalde saliente al entrante. De los 230 municipios de Valladolid, y como irá comprobando el lector en el estudio  pormenorizado de los municipios, en apenas una decena de poblaciones se producirán incidentes de oposición o resistencia. En la gran mayoría la situación es aceptada con gesto de resignación.

            Una pregunta que suscita interés es que ocurre en las horas y días posteriores a la sublevación en las poblaciones, antes de que lleguen las autoridades sublevadas, con las personas que son claramente afines a los sublevados. Por las informaciones conocidas sabemos que los incidentes son mínimos, apenas se constatan detenciones y ningún asesinato. Sobre todo, los miembros de partidos y sindicatos de significación progresista se limitan a patrullar por las calles, con cuchillos, pistolas o escopetas de caza. En algunos casos requisan armas a otros particulares con la finalidad de defenderse de los que puedan llegar como sublevados al pueblo, y en otros casos son requisadas las armas a las personas menos afines o enemigas de la republica.

            A la vista de lo que sucederá a partir de la implantación de la sublevación, más de 2000 personas detenidas entre finales de julio y finales de octubre constatadas por Martín Jiménez (La Guerra Civil en Valladolid (1936-1939), pág. 183) , y los cientos de asesinatos en esos mismos meses, bien por los “paseos” bien por los juicios sumarios, cabría deducir que estos sucesos son producto del “paroxismo de violencia” como cita el anterior autor en los tiempos previos a la sublevación; pero la realidad, y sirva de fuente la propia Causa General, causa abierta por las autoridades golpistas a partir de mayo de 1939 para conocer las “barbaries rojas”, es que en Valladolid en los años previos no hay mayores incidentes que los propios, aunque graves, de un tiempo de crisis y cambio, y que justo en esas horas y días inmediatos al 18 de julio, cuando salta la chispa, no se producen detenciones ni asesinatos fríos como los que se prolongan a partir del dominio de la situación por los sublevados; y se constata además que los escasos incidentes con victimas en aquellas primeras horas y días son siempre en enfrentamiento armado.

            Al hilo de las frases anteriores referentes a que en los años previos a 1936 no hay mayores incidentes que los propios, aunque graves, de un tiempo de cambio y crisis…y dado que abunda entre algunos historiadores la convicción de que el clima de violencia pudo jugar un papel determinante para la sublevación, quiero incluir esta cita de Pilar Aguilar (Colmenares, 2005, p. 39) en relación a la Transición Española:“ En contraste con lo que suele decirse del caso español, que ha pasado a la historia como el tránsito “pacifico” por excelencia, cabe destacar que fueron más de 460 las muertes violentas ocurridas en el periodo comprendido entre 1975 y 1980”.

            En los preparativos de la sublevación del 36 se produce en las formas y objetivos inmediatos un cambio sustancial con los golpes de estado de corte decimonónico, en los que un grupo de militares se conjuraban para hacerse con el poder, desmantelando el gobierno o la cabeza de estado de turno, pero sin instrucciones de represión contra la población civil, que entendían no jugaban un papel determinante. En esta ocasión los directores de la sublevación son conscientes que mayoritariamente la población no es afín a sus propósitos, y por otra parte también saben que no se mantendrá al margen de sus veleidades. Pues como ya hemos comentado en otras líneas, la república que es auspiciada por las fuerzas unidas a la oligarquía e ideología más tradicional, fracasa en su intento de construir una Republica “controlada” como lo fue la Restauración de 1875.             La razón del golpe de estado no esta en los temores de una revolución anarquista o socialista; intentonas revolucionarias que ya habían fracasado, y fueron controladas fácilmente por las fuerzas militares y políticas. Es significativo como un buen numero de historiadores a estos intentos revolucionarios, sobre todo el socialista de 1934, lo utilizan como justificación de un fracaso colectivo que favorecerá la sublevación, cuando en realidad, además de tener esos movimientos revolucionarios como el del 34 un área de extensión geográfica poco generalizado, las fuerzas militares no solo obtuvieron un éxito militar en pocos días, sino que al mismo tiempo camparon a sus anchas en Asturias, o en Valladolid en el caso de Medina de Rioseco, vengando con total crueldad e impunidad los asesinatos de militares por parte de los huelguistas, sin ser cuestionados ni por el gobierno, ni por la oposición.

            Su miedo y la razón de su sublevación esta en la pujanza de unas clases medias, trabajadores e intelectuales que han adquirido no solo una clara conciencia democrática, sino además un claro compromiso de defensa de esa democracia, que a pesar de muchas dificultades, incluso errores, iba afianzándose en la vida publica. Es por esas razones que la cabeza visible de la sublevación, el general Mola, en la instrucción reservada número 1 de 25 de mayo de 1936, que envía a los responsables de la sublevación en cada zona, dice: “Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego, serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al Movimiento, aplicándose castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas”.

            Otra circular del 24 de junio de mola afirma: “El movimiento ha de ser de una gran violencia. Las vacilaciones no conducen más que al fracaso”. Iniciada la sublevación ordena: “Es necesario propagar una atmósfera de terror….cualquiera que sea, abierta o secretamente, defensor del Frente Popular debe ser fusilado”.

            De especial interés nos parece también el bando de guerra que el general Saliquet emitía el día 19 para cumplimiento en la 7ª División. Son quince puntos en los que básicamente se impone que todo el control de la vida civil y jurídica queda bajo el mando militar. Que para cualquier acto de oposición o resistencia se autoriza el empleo de la máxima violencia armada.

            Destacamos algunos de los puntos del bando de Saliquet que unidos a las ordenes de Mola, que por otra parte no debemos olvidar durante dos meses tuvo su despacho en Valladolid, nos ayudan a comprender como se organizo la represión y a quiénes se le aplicaron las normas represivas. En el Artículo 1º del bando de Saliquet se expone: Queda declarado el ESTADO DE GUERRA en todo el territorio de esta División y, como primera consecuencia, militarizadas todas las fuerzas armadas, sea cualquiera la autoridad de quien dependían anteriormente, con los deberes y atribuciones que competen a las del Ejército y sujetas igualmente al Código de justicia militar.

             Artículo 2º: No se precisarán intimidación ni aviso para repeler agresiones por las fuerzas indicadas anteriormente……Se tendrá en cuenta la misma norma para impedir los intentos de fuga de los detenidos.

            Artículo 11º: Los jefes más caracterizados o más antiguos de la Guardia Civil, Carabineros, Seguridad o Asalto, con mando, se harán  cargo del mando civil en los territorios de su demarcación, siempre que en ellos no haya fuerzas del Ejército a quien compete en primer lugar.

            Hay que tener en cuenta que la alcaldía de Valladolid recae en manos de un militar, el gobernador civil también es un militar; militar también es el presidente de la diputación. El aparato judicial es asimismo militar, siendo por tanto militares los que dirigen y dirimen la vida pública desde la implantación de la sublevación. En el bando de Saliquet y precisamente en el punto primero expone con clara rotundidad que las fuerzas armadas quedan militarizadas y por tanto bajo las órdenes de los militares.

            Las milicias de civiles son armadas por los militares y en los incidentes en los que por alguna razón se ven implicados miembros de estas fuerzas milicianas, en todos los casos son denominadas como fuerzas auxiliares del ejército, y por tanto según sus propias palabras sujetas y amparadas al código militar.

            ¿Porqué hacemos tanto hincapié en destacar esta realidad de imposición en todos los estamentos de los elementos militares?. La razón es simple, en la historiografía local de Valladolid, como la que podemos encontrar a nivel de otros lugares de España, hay un predominio de dos corrientes a la hora de explicar las responsabilidades sobre los asesinatos generalizados y masivos que se suceden sobre todo en los meses de agosto y septiembre en los lugares en donde primero se impuso la sublevación, y que después se extenderán de igual modo en los lugares de España que fueron siendo conquistados en la guerra. Las explicaciones más llamativas, y que no hacen otra cosa que seguir propagando el discurso de la dictadura, abundan que esta represión fue cometida por grupos de incontrolados que en el fragor y exaltación de los primeros meses camparon sin control. Siendo incluso los propios militares quienes hagan serios esfuerzos por controlar esta situación de desmanes. Otras corrientes, con diferentes matices, vienen a reconocer que estas fuerzas, armadas por los militares, eran de alguna manera controladas por estos y, que se les dio mano abierta para ejercer la represión sobre personas o colectivos. Personas, las asesinadas, que reunían unas características, en cuanto a sus implicaciones sociales o políticas, pero que eran elegidas por los propios ejecutores y no por los jefes militares de quiénes dependían.

            Tanto una como otra explicación de la represión de esos primeros meses,  que se extenderá por todo el territorio nacional a lo largo de la guerra, materializada en los llamados “paseos”, resulta ya de principio cuanto menos sorprendente. Los militares copan todos los puestos de mando de la vida civil, como se ve en el punto 11º, incluso se faculta a mandos de la guardia civil o carabineros para que se hagan cargo del mando civil en las demarcaciones, siempre que no haya, dicen, militares. Es decir deja claro que los territorios se dividen en demarcaciones que son controladas por fuerzas militares. Incluidas las milicias, a las que no se arma, como si ocurrió con el gobierno republicano tras la sublevación que abrió los arsenales repartiendo armas de forma indiscriminada y sin control militar, sino que estás milicias que operan bajo la bandera de Falange, desde el primer día están militarizadas y por tanto bajo la responsabilidad y control de los jefes militares. Por tanto, reiteramos resulta sorprendente que puedan estar meses actuando a su libre albedrío, o con mano abierta para elegir que personas, y en que momento han de ser eliminadas o encarceladas.

            Es cierto que nos faltan evidencias de cómo se organizo la represión. Gracias a la ley de amnistía, ley de punto final cabría definir de 1977, y a la complacencia de muchos historiadores con las versiones ofrecidas por la propia dictadura. Durante la guerra y la dictadura el bando vencedor se preocupó de castigar a todos los que pudieron producir asesinatos o desmanes del lado republicano, además de todos los demás por sus implicaciones democráticas. Pero nuestra democracia no ha juzgado a los responsables y al régimen de los sublevados, cosa que al parecer la mayoría de españoles esta o estuvo de acuerdo en que así se hiciera en aras de una nueva convivencia. Pero es que también se ha tratado de crear confusión y desconocimiento sobre aquellos sucesos en el plano histórico. Lo cual resulta inaceptable desde el punto de vista del debido conocimiento de los hechos, además de injusto e inaceptable desde el punto de vista de la obligada justicia y dignificación de las victimas.

            Estimamos que a pesar de los inconvenientes señalados tenemos los suficientes datos, fruto de los documentos encontrados, sobre todo en las causas de juicios sumarios, que nos dan luz de cómo las autoridades militares sublevadas tuvieron un cuidado máximo en establecer una gradación de penas acorde a las responsabilidades o personalidades de los inculpados; un cuidado máximo para asegurarse y no confundirse que las personas condenadas son merecedoras de esa pena y no de otra. Y para ello, como veremos, en cada localidad hay establecidos unos comités de apoyo a los sublevados, que guardan entre ellos contrastadas características sociales y políticas; lo que les permite a los mandos militares dilucidar de la forma más objetiva, quienes y porqué han de ser unos y no otros los condenados y cuales han de ser sus penas.

            Vayamos por partes y ejemplificando los argumentos. En primer lugar, de lo que hoy apenas hay controversias entre los historiadores es que los objetivos y fines de los sublevados y las fuerzas civiles y eclesiásticas que les apoyaron, buscaban “dar la vuelta al país”. No solo no había intención de devolver la democracia, ni siquiera hubo intención de instaurar en España un régimen Fascista. Adquieren sus formas, pero nada más, de hecho el decreto de unificación de abril del 37 significa el control por parte de los militares del falangismo y el carlismo. El Jefe de Falange, Hedilla, termina en la cárcel y con dos penas de muerte, y el Jefe de los Carlistas,  Fal Conde, tiene que huir a Portugal. En el primer gobierno de Franco de enero de 1938, los falangistas tienen una sola cartera ministerial y poco representativa. El nuevo régimen dará en los años siguientes prebendas a los que se adaptan, además de dejarles parcelas de poder poco significativas en los planos de control del estado.

            Consideraban los sublevados que tanto la democracia nacida en 1931, como todo el movimiento social e intelectual de corte modernizador, liberalizador y progresista que desde finales del siglo XIX se venia propagando por la sociedad española, representaba un peligro a las esencias ideológicas y tradiciones de España. No les valía con ganar una guerra e imponer su orden, sabían que eso no era posible conseguirlo sin eliminar físicamente a los representantes sociales mas destacados en los terrenos políticos, sindicales e intelectuales, además de tener que encarcelar, depurar, desterrar y aterrorizar a otros muchos españoles; y a esa labor dedicaron toda su maquinaria represiva y propagandista, que no culminara con el fin de la guerra; pues a pesar de su victoria, entre los años 1939 y 1949 mueren por ejecuciones o por las condiciones de las cárceles no menos de 60.000 españoles, además del medio millón que sale del país.

            Los sublevados y el régimen que impusieron, desde sus primeros decretos eliminaron todos los derechos de los trabajadores: jornada de ocho horas, derecho de huelga, mesas de negociación salarial etc.etc.; regresando a la vieja tradición de relaciones “amo – jornalero”. Todos los derechos democráticos de elección de representantes fueron suspendidos. Los alcaldes, por ejemplo, son nombrados por el Gobernador Civil. La mujer perdió no solo su derecho al voto, si no sobre todo sus avances hacia la igualdad con el varón, y su papel protagonista en la vida económica y pública. En la educación fueron de nuevo separados en las escuelas los niños de las niñas, y los progresos pedagógicos conseguidos en los años anteriores y durante la república en la enseñanza, fueron relegados en aras de una formación en la que por encima del conocimiento se fomentará el adoctrinamiento. Para esta labor, la iglesia que ya antes de la republica había visto muy disminuida su influencia en la sociedad española, pues desde hacia muchos años el país evolucionaba en una clara espiral laicista, se convirtió en pilar fundamental de justificación del nuevo orden y de adoctrinamiento.

              Todos los maestros, todos los funcionarios pasaron por tribunales de depuración, que sirvieron para eliminar a todos aquellos que hubieran destacado minimamente en la democracia. Los acuartelamientos militares reforzaron su presencia en las ciudades, en un claro signo de que ellos no estaban para la defensa de la población ante las agresiones externas, si no para controlar y recordar quienes dirigían la vida y velaban por el control de la población. Para entrar en la administración y para muchos trabajos eran preceptivos hasta el final de la dictadura los informes de buena conducta, e informes de personas de “orden” que avalaran la adhesión al régimen del peticionario.

             Los que pasaron por las cárceles, fueron depurados o apartados por sus compromisos con la democracia, y en ese afán de que siempre estuvieran relegados, durante toda la dictadura fueron controlados policialmente, sin posibilidad de ejercer derechos sociales o políticos; incluso como gesto de aviso y a la vez entendemos que vejatorio, cuando el Dictador Franco se desplazaba a algún lugar de la península; a lo largo del recorrido los que habían estado en las cárceles o se les consideraba poco comprometidos con el régimen eran llevados a los cuarteles de la guardia civil.

            Queremos a continuación ir abriendo algunos casos que sirven de ejemplo sobre que personas se ejerció la represión, como se discernía la gradación de penas, quienes eran los responsables y ejecutores de las condenas, o como esa represión obligatoriamente debía ser ejercida. Mostramos en primer lugar los sucesos acaecidos en Cáceres en la navidad de 1937.

            Cáceres dependía orgánicamente de la VII División con cabecera de mando en Valladolid. Por tanto las instrucciones generales de Mola, como las especificas de Saliquet son las mismas de aplicación. Al igual que Valladolid la oposición a la sublevación fue mínima, pero en el desarrollo de la represión se producen unos hechos singulares, que serán corregidos de forma expedita. 

            La obra que nos sirve de referente es la publicación del catedrático Julián Chaves, “Tragedia y Represión en Navidad”. Doscientos republicanos fusilados en la Navidad de 1937, Cáceres, 2008.

            En este trabajo de investigación del profesor Chaves, un primer documento que nos parece de interés es la confirmación de un dato que habíamos recogido en algunos testimonios orales, y que también se anuncia en el bando de Saliquet, aunque con poca concreción, como era la presencia en determinados núcleos de población de militares que ejercían una labor de mando sobre varios municipios de la provincia. En Tudela de Duero nos hablaban de un capitán del ejército. En Renedo de un teniente, etc. Señala Chaves (p. 59) que la provincia de Cáceres a partir del 19 de julio se dividió en zonas, y se puso al frente de cada una a un delegado gubernativo que se encargo de la dirección de los sublevados y sus apoyos. Para cumplir su cometido les fueron remitidas las siguientes instrucciones firmadas por Saliquet: 1º) Se presentaran a la Autoridad Militar (Jefe de Línea de la Guardia Civil) de cada cabeza de Partido, presentándole su nombramiento para que se pongan a sus ordenes. 2º) Circulará urgentemente órdenes a todos los puestos de la Guardia Civil para que se incauten de los ayuntamientos de su demarcación, entre tanto se designan las comisiones gestoras…………Este documento tiene gran interés porque no solamente los militares han militarizado a las fuerzas armadas y milicias civiles, han copado los puestos de mando civil, como el de Gobernador Civil, han encomendado a la guardia civil de cada comandancia la responsabilidad en la aplicación de los bandos militares, si no que además el territorio se divide en demarcaciones con delegados nombrados directamente por la cúpula militar golpista y con plenas atribuciones. En definitiva se aprecia una preocupación máxima para que su poder de control, y sus instrucciones no solo tenga los mínimos resquicios, si no que además son ellos, los militares, y no otros, como podían ser fuerzas civiles afines a los golpistas, los que ejerzan las labores de dirección y control de la sublevación.

            En Cáceres como en el resto de provincias ganadas por los sublevados, de inmediato se aplican medidas represivas. Señala Chaves (p. 85) que una singularidad de la represión en Cáceres, es que tras la caída de Mérida y Badajoz, muchos milicianos cacereños que regresaron a sus casas, fueron casi de inmediato asesinados por medio de los “paseos”. A lo largo de los primeros meses se prodigaron los juicios sumarios como los realizados a las máximas autoridades, el Alcalde de Cáceres, Antonio Canales González o el Presidente de la Diputación, Ramón González Cid. Pero si comparamos Cáceres con Valladolid o Palencia, comprobamos en primer lugar que las condenas a muerte en los juicios sumarios alcanzan a un numero inferior en el numero y categoría de responsabilidad entre los dirigentes republicanos, y por otra parte que esas condenas a muerte como es el caso del Alcalde de Cáceres, el Presidente de la Diputación y otros directivos republicanos, van pasando los meses y no son ejecutadas. Incluso en la sociedad civil cacereña proclive a la sublevación, hay una sensibilidad manifiesta para preservar la vida de estas personas. En poblaciones de fuerte compromiso republicano como Malpartida de Cáceres o las Navas del Madroño, la represión tampoco tuvo en los primeros meses un gran efecto, exceptuando los que habían resistido con armas y son paseados.

            Pasado más de un año de la sublevación, en octubre del 37, se produce un hecho que tendra una fuerte repercusión. Las fuerzas militares sublevadas descubren la presencia del guerrillero comunista Máximo Calvo Cano, que había sido alcalde del pueblo de Cadalso, quien es acusado de estar preparando un complot en las líneas de retaguardia, con el fin de hacer caer la provincia cacereña en manos gubernamentales. Desde esas fechas los militares comienzan a detener a numerosas personas de militancia de izquierda, bajo la acusación de ser sospechosas de ayudar al guerrillero. Se propala en la opinión pública a través de los medios de propaganda una importante alarma por riesgo de un ataque republicano a la capital cacereña, y lo mas llamativo es que cuando Máximo es localizado y muere en el enfrentamiento el 27 de diciembre, le es incautado un diario en el que sin guardar las mínimas normas de discreción y protección, tiene anotados los nombres de decenas de personas con las que ha mantenido contactos o le sirven de apoyo para el presunto complot. Las conclusiones que presenta Chaves (p.244) una vez investigado el caso y recogido testimonios sobre la personalidad de los implicados que: “el susodicho complot no existió, que fue una invención de las autoridades para desencadenar una espiral represiva que acabo con la vida de dos centenares de personas”.

            Se forma un Tribunal de Urgencia en la capital Cacereña en diciembre de 1937, y para instruir las causas judiciales llega desde Valladolid el Teniente Coronel de Caballería Ricardo Fajardo. Este militar esta siempre presente en la vida jurídica vallisoletana desde la sublevación, y representaba la máxima autoridad para velar por el cumplimiento de las medidas represivas de los sublevados. “Desde que llega a Cáceres como juez permanente sus competencias en esta materia estaban por encima del mismo Gobernador Militar, aunque este fuese el encargado de aprobar las sentencias” (Chaves, p. 174).

            Una de las primeras instrucciones de este tribunal, cuyos componentes por bando de 25 de diciembre de Saliquet, fueron sustituidos del anterior, ordena: “Remitan relación nominal de todos los señores que al iniciarse el Movimiento desempeñaron el cargo de Alcaldes y Concejales del Frente Popular, indicando el cargo de cada uno, señas de su domicilio, situación actual, y nueva residencia en el caso de que vivan en otra localidad. De igual forma y con idénticos datos, facilitarán, caso de existir antecedentes en dicho ayuntamiento, los de aquellos que al iniciarse dicho Movimiento, fueron Presidentes y Secretarios de cuantas Casas del Pueblo hubiera, y también de los Presidentes de las distintas sociedades obreras extremistas que, en aquella fecha existieran” (Chaves, p.174).  Señala Chaves (p.175) que la intención de esta orden era comprobar si esos nombres de responsables republicanos estaban en las libretas de Máximo Calvo, pero la realidad es que fueron detenidos muchos otros hasta llegar a la cifra de 322, algunos ya estaban detenidos, incluso juzgados. Y como colofón de este proceso al presunto complot de Máximo Calvo, en los meses de diciembre y enero fueron pasados por las armas dos centenares de personas, entre ellas todos los que habían sido juzgados y condenados a muerte, que permanecían en las cárceles sin ser ejecutados como el Alcalde de Cáceres o el Presidente de la Diputación.

            Es importante reseñar que el alcalde de Cáceres, Antonio Canales González, guarda muchas similitudes con el alcalde Valladolid, Antonio García Quintana. Ambos pertenecían a los sectores moderados de las agrupaciones socialistas, y ambos gozan de una buena reputación en la ciudad entre los responsables y dirigentes de todas las ideologías. Recoge Chaves (p.181) la nota de prensa aparecida en el Diario de Extremadura, “guardián de la derecha más reaccionaria”, tras su reposición como alcalde después de las elecciones de febrero de 1936: “Esperamos que la ecuanimidad y dotes del Señor Canales, cuya capacidad de trabajo y espíritu de sensatez hemos reconocido, para aparte de ideologías que no compartimos, poder siempre dedicarle la misma consideración y justicia”. En ambos casos las fuerzas civiles de contrastada ideología, en el juicio que se celebra evitaran las acusaciones contra ellos, pero en ambos casos los militares hacen caso omiso y les pasaran por las armas con argumentos muy similares, que en el caso del juicio de este alcalde, en la sentencia a muerte dictaran que a Antonio Canales se le aplica la máxima pena “por ser notoria su perversidad reflejada en la importancia político-social que con matiz marxista tuvo desde la implantación de la republica”. Esta sentencia es de agosto de 1937, es decir pasado más de un año del golpe de estado, pero por otra parte como hemos apuntado, no se cumplimenta hasta las navidades del 37, cinco meses después y tras la imposición de un nuevo tribunal por Saliquet y la presencia de Ricardo Fajardo.

            En estos sucesos de la navidad cacereña también se ven implicados 16 soldados de Valladolid, que habían sido movilizados y se encontraban en acuartelamientos cacereños. Todos ellos aparecían en los presuntos diarios de Máximo Calvo. Por los datos que tenemos algunos habían estado encarcelados en Valladolid antes de ser movilizados, o tenían antecedentes como militantes de organizaciones de izquierda. El primero en ser fusilado será Pablo Losa Cesteros, natural de Alaejos, militante de izquierda, un hermano suyo es herido de bala en incidentes ocurridos el 19 de julio de 1936 en Alaejos con fuerzas falangistas y de la guardia civil.

            El libro de Chaves, muy minucioso, destaca algunos aspectos que pudieron justificar esta represión, como la personalidad violenta y africanista del Gobernador Militar, Ricardo Rada, o las incursiones guerrilleras en la sierra que habían conseguido ejecutar algunos sabotajes, siempre de poca intensidad. Pero también Chaves escribe en sus conclusiones, que si bien es cierta la presencia del guerrillero Máximo Calvo y la ejecución de algunos sabotajes, no es menos cierto que no hay tal complot y que todo es un montaje de las autoridades militares para desencadenar una importante ola de represión, un año y medio después del golpe militar.

             En nuestra opinión el hecho de que se destine a Cáceres en diciembre del 37 a una persona que en Valladolid ha cumplimentado con absoluta diligencia los bandos de guerra represivos, el hecho de que se nombren nuevos miembros del Tribunal de Urgencia, el hecho de que el juez Fajardo tenga capacidad de decisión por encima del propio Gobernador Militar, el hecho de que las principales autoridades republicanas sigan todavía vivas, al igual que un gran numero de dirigentes republicanos, que en las otras provincias de la VII División ya habían sido eliminadas, nos induce a concluir que en Cáceres no se estaba aplicando la política represiva que había sido aprobada por las máximas autoridades de la sublevación. Que tampoco están dispuestos a aceptar las opiniones o presiones de los sectores civiles, y por último entendemos y reiteramos que además de ganar una guerra, los sublevados se habían propuesto que el país que surgiera después de la contienda en nada se iba a parecer al de cinco, diez o treinta años antes; y para ello debían aplicar una solución, que desgraciadamente veremos aplicada después en otros países, como era la eliminación física de las personas que pronto o tarde podían ir en contra de sus intereses, porque representaban un modo de entender la sociedad y la vida pública de otra forma. Es por ello que el alcalde de Cáceres, Antonio Canales, como el de Valladolid, Antonio García Quintana, sobre los que no hay controversias entre la mayoría de sus convecinos, sean asesinados, porque sus ideas políticas no coinciden con las de la nueva España que se proponen imponer. Igual justificación sirve para la eliminación de los cientos de alcaldes, representantes sindicales, maestros y un largo etcétera.

            En segundo lugar queremos fijarnos en dos juicios sumarios, el 188/36 (Ferrol Caja 131) y el 15/37 (Ferrol, Caja 134). El primero de los juicios es uno más de los cientos de juicios en los que se vieron implicados ciudadanos de la mayoría de los pueblos de Valladolid. Una parte importante de estas causas judiciales reúnen a un número indeterminado de personas de la misma población, que pueden llegar como en el caso de Cigales a un centenar. Estas causas judiciales, en general tienen de común que suelen estar relacionadas con sucesos, aunque sea de mínima oposición a los sublevados. Puede ser algo tan simple como haberse manifestado o patrullado por las calles la tarde del 18 de julio con palos, hoces o escopetas; sin haberse opuesto o resistido en ningún momento a las fuerzas, generalmente de la guardia civil, cuando llegaban con el mandato militar de sustituir las corporaciones municipales democráticas por otras afines a los golpistas. La sentencia en los juicios solía concluir con la condena a la pena capital de una parte de los reos, y distintos grados de condena carcelaria para los demás. En algunos casos, como en el juicio de Alaejos que vamos a analizar, algunos de los encausados ni siquiera llegan a la vista porque ya habían sido asesinados por el método de los “paseos”.

            La vista oral de los juicios, de la que podían salir siete, diez personas condenadas a muerte y otras tantas a penas de cárcel, no duraban ni una hora. El abogado defensor, un militar de menor grado que el fiscal o jueces, solía conocer a sus representados en la misma sala, y pocas horas antes haber recibido para su estudio la causa. Por lo que este militar que hacía funciones de abogado defensor solía limitarse a pedir cierto grado de clemencia al tribunal. Los miembros del tribunal ni siquiera en ocasiones tenían formación jurídica. Dicho todo lo anterior y, si solo se ven por encima las causas judiciales parece que todo aquello era un paripé, un circo y que los encausados y las condenas caían de forma arbitraria y aleatoria. Pero cuando se analizan una a una estas causas con detenimiento, nos damos cuenta que los militares tienen un cuidado escrupuloso  en que las personas que son condenadas sean las que se lo merecen y no otras y, que las penas, sobre todo, si la que van a aplicar es la capital, no quieren tener dudas de que han obtenido todas las seguridades antes de su debida condena o ejecución.

            Habrá otros cinco juicios a vecinos a lo largo de la contienda civil en Alaejos, pero el que tiene una mayor trascendencia por el numero de personas encausadas y por la gravedad de las condenas es el numero 188/36 (Archivo Militar IV, A Coruña,  Ferrol, Caja 131). En esta causa de juicio sumarisimo se ven implicadas dieciséis personas. Entre los encausados figura el alcalde, dos representantes sindicales, un vecino con un floreciente negocio de telas, que le permitía incluso poseer uno de los poquísimos coches a motor de la época. Las detenciones bajo jurisdicción de los militares se inician el día 19 de julio de 1936, y el último encausado lo será el día 2 de septiembre. La vista judicial y sentencia es de fecha 31 de diciembre de 1936. El juez instructor, el Comandante Juez Permanente de la 7ª División D. Ricardo Fajardo.

            Han pasado seis meses desde la primera detención hasta la sentencia, en el procedimiento sumarial comprobamos que la maquinaria judicial se pone en marcha de inmediato. A los primeros detenidos ya se les toma declaración judicial el mismo día 21 de julio. Con celeridad las autoridades judiciales piden informes de las personas detenidas y de las que pueden ser detenidas, además de informes sobre hechos de resistencia armada o desordenes ocurridos desde el día 18 de julio en Alaejos; y como consecuencia vemos un continuo ir y venir de documentos de instrucción sumarial.

            Pero lo que nos interesa, más que el relato concreto de lo sucedido en Alaejos, es exponer lo que de común apreciamos a todas las causas de juicios sumarios. En primer lugar se piden informes al alcalde de Alaejos impuesto por el gobernador civil de la provincia, del que recordemos es responsable un militar. En el caso de Alaejos, como en otros muchos pueblos, a las cinco de la mañana el comandante de puesto de la guardia civil había impuesto una corporación con alcalde y concejales que habían ejercido ese cargo en corporaciones pretéritas. Esta corporación es sustituida por otra el día 21 de julio, esta vez nutrida por personas de total confianza de los sublevados. Entre los concejales, el Jefe Local de Falange, Joaquín Pardo (personaje que cobrara importancia en nuestro relato).

            Además de los informes del alcalde sobre las personas que están siendo detenidas, también se solicitan los de la Falange y los del Comandante de Puesto de la Guardia Civil, que en Alaejos ejerce un brigada.

            Los informes tienen un distinto tono, pero de común van dilucidando que papel han jugado los encartados en la población durante el periodo republicano, y que postura adoptaron desde el momento que es conocido el levantamiento en Marruecos.

            Los primeros detenidos y a la vez los primeros sobre los que se abren diligencias, por ser considerados “inductores directos o indirectos” de los sucesos de resistencia acaecidos en Alaejos, son Antonio Losada, Hilario González, Leoncio Puertas y Francisco del Valle. Con fecha 22 de julio tanto el escrito mandando  por el comandante de puesto de la guardia civil de Alaejos, como el del alcalde, evidencian que las personas que tenían antes de la sublevación y durante esta, capacidad de dirección, de movilización y organización de masas eran el alcalde Antonio Losada, sobre quién en escrito de agosto el nuevo alcalde informa que es afiliado de Izquierda Republicana, anotamos nosotros: un partido progresista, pero muy alejado de cualquier intención revolucionaria. De igual filiación es reconocido Hilario González, hombre como ya señalamos que había adquirido una desahogada posición económica gracias a la comercialización de telas. Hilario si bien no es acusado de intervenir en la organización de ninguna resistencia a los sublevados, si se irá evidenciando que había animado la instalación de una Casa del Pueblo en Alaejos, además de considerarle  un propagandista de ideas avanzadas. Y como hemos podido ver en las actas municipales, en 1933, los jornaleros le habían nombrado su representante para las mesas de negociación salarial. Como nota curiosa y que vemos repetido en otros sumarios, en escrito posterior de fecha 2 de septiembre de este mismo alcalde de los sublevados, Antonio e Hilario ya no pertenecen a un partido de contenido moderado, si no que han pasado a ser militantes y dirigentes socialistas marxistas muy peligrosos. De ambos, también se informa que el día 18 por la mañana estuvieron en Valladolid, que llegaron a entrevistarse con el Gobernador Civil, Lavin y, después en la Casa del Pueblo con el diputado socialista Landrove, el ex diputado socialista Eusebio González, y el dirigente socialista Garrote Tevar, además de haber participado en el reparto infructuoso de armas.

            En estos mismos informes de agosto, en los que se escriben las acusaciones de responsabilidades más graves, también se incluye a Leoncio Puertas y Francisco del Valle, detenidos con los dos anteriores, Antonio e Hilario. Si bien en el informe de la guardia civil no se les achaca tanta responsabilidad en la “reunión de las masas (el día 18 de julio) para excitarlas que atacaran por todos los medios”, si que los define como “directores y encargados de organizar las masas para la ejecución de las ordenes de sus dirigentes”. En el informe del alcalde les define como comunistas, aunque por las informaciones orales recabadas por la ARMH ambos debían ser socialistas. Ejercían como serenos, y en el caso de Leoncio cumplía funciones como Delegado de Trabajo de la población. También le atribuye el alcalde a Leoncio ser el primero en disparar con un arma de fuego el día 18.

            De los restantes procesados, a Fermín Hernández Cimarra, Fernando del Valle Gracia, Emiliano y Aurelio Gallego Cimarra, Paulino Caballero Santos y Vicente Santana Guerra se les condenara en el juicio a muerte. De todos ellos en la instrucción sumarial además de resaltar su militancia política activa como comunistas o socialistas, son acusados de ser los que portaron armas y resistieron o atacaron con disparos a los grupos de falangistas que se manifestaban por la población de Alaejos.

            Los otros seis procesados son condenados a cadena perpetua. No están acusados de resistirse con armas de fuego, pero si de otras circunstancias y delitos que justifican también penas tan graves. En el caso de Saturnino Nieto del Valle, es identificado como dirigente de los comunistas de Alaejos, y aunque no salió de su casa los días 18 y 19, ni trato de movilizar a otros convecinos contra el Movimiento; se le acusa de que estuvo en Valladolid en la mañana del día 18 con el fin de recoger armas con las que “rebelarse contra el Movimiento”.

             Más llamativo es lo que ocurre con Edmundo González, hijo de Hilario. En los informes del alcalde se nota que hay un claro afán de protegerle, recogiendo que es de buena conducta, sin militancia conocida, ni se ha percibido conducta contraria al Movimiento. Pero los informes de guardia civil y de falange le implican en ser el responsable junto con Saturnino de haberse desplazado el día 18 a Valladolid con el fin de recoger armas que se pensaba iban a repartir a los civiles desde el Gobierno Civil. Edmundo permanecía mientras tanto en libertad durante los meses de julio y agosto. En la instrucción militar se piden nuevos informes al alcalde para que explique su disensión con los informes de las otras dos fuerzas afines, y no olvidemos militarizadas. Concluyendo este proceso con la detención de Edmundo en septiembre, y la condena a cadena perpetua. Otro de los condenados a cadena perpetua es el secretario del ayuntamiento Alfonso García Hernández. Es detenido en agosto, cuando ya cumple funciones de Alférez Provisional en el ejército sublevado; por tanto ha conseguido ciertos avales de protección, que son insuficientes para librarse del juicio, porque según la instrucción del juez militar, Fajardo, además de haber demostrado claras ideas republicanas, “después de acompañar a los dirigentes Marxistas a la Capital, siguió en el pueblo acompañando al Alcalde cuando este prevenía a los Marxistas que se reunieran con armas, y se lanzasen contra el Movimiento Nacional, circunstancias que le colocan al lado de los contrarios a este Movimiento e incurso en el delito de rebelión que se castiga”.  Pilar Mangas, la dueña de una taberna desde la que se hacen disparos, se le condena por ser su casa el centro de reunión común de los obreros “comunistas”, y lugar desde donde se hicieron los disparos que acabaron con la vida de un falangista.

            En este punto queremos relatar que ha pasado con  las cuatro personas que en la instrucción sumarial eran considerados los principales representantes de la vida pública de Alaejos hasta el día de la sublevación. Lo primero que debemos destacar es que hay una abundante documentación en la pieza sumarial 188/36 de estas cuatro personas que han sido detenidos los días 19 y 20 de julio. Ya el día 21 han prestado declaración judicial. El día 24 de julio el Juez de Instrucción de la Ciudad de Nava del Rey y su Partido, acuerda la detención y situación de disposición de los cuatro a la Autoridad Militar en el Deposito Municipal de Nava del Rey. El día 3 de agosto en oficio del Fiscal de la VII División se pide que el juzgado militar asuma la competencia para juzgar a estas tres personas por estar incursas en el articulo 3º del Bando declaratorio del Estado de Guerra (Art. 3º Quedan sometidos a la jurisdicción de guerra y tramitados por PROCEDIMIENTOS SUMARISIMOS: a)..……b) Los delitos de rebelión, sedición y los conexos de ambos; los de atentado y resistencia a los agentes de la autoridad; los de desacato, injuria, calumnia…..).

            De fecha 6 de agosto hemos encontrado un importante documento, en donde el jefe de Falange de Alaejos, Joaquín Pardo, desde la prisión Provincial de Valladolid manda un oficio al Señor Auditor de Guerra de Valladolid para comunicar: “Tengo el honor de comunicar a V.S. que con esta fecha, he sido encargado del traslado de los detenidos que al dorso se indican (Antonio, Hilario, Leoncio y Fernando), desde la cárcel de Nava del Rey, a esta Prisión Provincial, los cuales al llegar al kilómetro 20 de la carretera que une Nava del Rey a Tordesillas, trataron de fugarse, lo que obligó a la fuerza de mis ordenes a hacer fuego, sin que hayan aparecido ninguno, ignorando por tanto su paradero”. A partir de esa fecha son varias las providencias en las que se informa del suceso, incluso se pide a la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid que realice gestiones para la localización de estas personas; contestando el Jefe de la Comandancia que nada se ha podido averiguar de ellos. Curiosamente no hay ninguna providencia en la que se pida a este miliciano falangista que aclare algo más de las circunstancias de la huida de los presos, máxime cuando uno de ellos, Hilario González, tiene 54 años y arrastra desde joven una cojera que le impide correr. Pero lo más llamativo es el oficio que con fecha 31 de octubre de 1936 expone que cumpliendo la instrucción del Excelentísimo Señor General Jefe del Ejército del Norte, publicada en la Orden de la División de 14 de agosto último, se suspende el procedimiento en cuanto a ellos, y se suspende cualquier tramitación. El jefe del ejército del norte es el general Mola. No hemos tenido acceso a esa orden del general, pero deducimos que irá en la misma línea que la de fecha 3 de agosto, unos días antes, en la que Mola ordena que cesen las autopsias de las personas que aparecen por campos y cunetas, limitándose los médicos y forenses a realizar una simple descripción de los individuos y las heridas, porque las causas de sus muertes, justifica el general, son como consecuencia de los sucesos relacionados con este Movimiento. A todas luces las providencias que se suceden en el sumario, no son otra cosa que una fachada de jerga judicial, sin contenido ni otra finalidad que mantener esa apariencia de normalidad jurídica, que se remata con este oficio, que clarifica que ni siquiera es necesario mantener esas apariencias formales.

            Sobre las responsabilidad de los militares en estas desapariciones, y el papel que juega la patrulla miliciana de Joaquín Pardo, lo vamos a exponer y analizar cuando veamos en otra página la Causa 15/37 en la que se ve incurso el falangista Joaquín Pardo. Si queremos finalizar esta descripción con lo sucedido con estas cuatro personas, informando que en sendas campañas arqueológicas ejecutadas entre los años 2002 y 2003, pudimos localizar la fosa que contenía sus cuerpos, en parte desaparecida y desperdigados sus restos por el paso de maquinaría pesada por el lugar. Esta fosa estaba en la zona indicada en el oficio de Joaquín Pardo, y se pudieron recoger evidencias suficientes que justificaban la muerte de estos hombres por disparos de armas de fuego a corta distancia.

            De la parte de este juicio que hemos relatado hasta este momento, nos interesa fijar la atención sobre una serie de puntos. En primer lugar y en consonancia con el bando de guerra se detiene y abren diligencias judiciales a las personas que han tenido un carácter representativo, directivo o de relevancia en la democracia que se intenta descomponer.  Los dirigentes de la sublevación, como hemos visto, por una parte han militarizado o han puesto directamente bajo sus ordenes a una serie de fuerzas, como guardia civil y falange, además de colocar una corporación en el ayuntamiento compuesta por personas afines a la sublevación. Estos tres grupos están presentes en las instrucciones de las causas judiciales, y es fácil apreciar que son parte fundamental del tejido social de cada población, y por tanto no solo protagonistas en la vida social y política de la misma, sino además conocedores de primera mano de los entresijos históricos de cada población. Por eso la corporación municipal, generalmente se compone de representantes de las viejas fuerzas caciquiles, que detentan el poder económico e ideológico tradicional de cada lugar, y que además arrastran un fuerte componente de animadversión a una republica que hacia peligrar su poder tradicional. La falange, que se compone sobre todo de jóvenes muy politizados, pero con ideología afín a los intereses de los militares, pues en buen numero esta nutrida de hijos de los viejos caciques. Y por último la guardia civil, que además de ser una fuerza militar, tiene como ventaja que sus miembros no pertenecen a la localidad en la que prestan sus servicios, y además están al margen de las luchas sociales o políticas que los otros grupos afines puedan haber tenido con sus enemigos en la vida del pueblo. Por tanto es una fuerza que se mantiene al margen de las rencillas personales y luchas de intereses que pueda haber en cada localidad.

            Para descubrir y detener a las personalidades que consideran enemigos en cada población contemplados en el Bando Militar de Guerra, los militares sublevados se sirven de estas fuerzas afines. A la vez en los sumarios judiciales y sentencias se aprecia que para la aplicación de las condenas han establecido una clara tabla de responsabilidades, responsabilidades a las que les cabe una determinada condena. Para conocer esas responsabilidades de los encartados se valen como hemos visto de los informes que piden a esos tres grupos de fuerzas afines. Las condenas que se aplican son de un rigor máximo, y los militares, responsables últimos de la vida de tantos cientos de personas, no quieren realizar una represión indiscriminada, injusta, ineficaz e innecesaria. Es por ello que como vemos en este juicio, ejemplificador de otros cientos, se sirven de tres informes contrastados sobre cada persona, y cuando algún informe es contradictorio con los otros se piden nuevos informes aclaratorios, como hemos apreciado en el caso de Edmundo González.

            El calendario e intensidad de la represión en la provincia vallisoletana tiene distintas fases en razón de las circunstancias y objetivos que se pretenden. Pero de lo que no nos cabe duda, a la vista de la ingente documentación que puede ser consultada, es de que los sublevados no se consideran a si mismos unos bárbaros que con su espada van repartiendo mandobles a diestro y siniestro, si no una élite que ante la grave situación de ver a una España que había instaurado un régimen, el democrático, que descomponía los viejos valores de relación social, económica, religiosa e ideológica, tomaron la grave decisión de restablecer el orden, su orden, sacrificando a la parte de población que desde hacía muchos decenios, pero más concretamente en la época republicana habían impulsado de forma comprometida los cambios.

            Con el contenido de los informes recibidos seleccionan a las personas en cuatro grupos. Un primer grupo, los condenados a muerte o los que sufren los paseos, son aquellos hombres y mujeres que en la población ejercen una clara función de dirección política, sindical o de clara influencia democrática en la población; además de los que han tenido gran capacidad para movilizar las masas, además de los que en las horas o días posteriores a la sublevación, han disparado algún arma de fuego, amenazado o amedrentado a personas afines a la sublevación con cualquier otro tipo de arma. En una segunda categoría, los condenados a cadena perpetua, son personas que sin tener esas características de élite en la dirección o movilización de masas, en la republica han tenido cargos de responsabilidad secundaria en las organizaciones sociales o políticas, o que también han podido tener un papel relevante como propagandistas de ideas democráticas. Y también los que el 18 de julio o los días posteriores no utilizaron o portaron armas de fuego, pero se manifestaron claramente en contra de los sublevados. En la tercera categoría, los condenados entre doce y treinta años, se encuentran los militantes o cargos muy secundarios políticos o sindicales, a los que se suele acusar de obedecer las ordenes de sus dirigentes, pero que no tienen verdadera categoría de dirección, aunque si de participación. Y por último, una cuarta categoría compuesta por afiliados, militantes, familiares de personas con mayor implicación, o personas sensibilizadas con la democracia, que los militares no consideran que puedan suponer un peligro para sus fines, pero que también merecen un cierto escarmiento y advertencia a la generalidad de la población. En los juicios tienen penas cortas incluso la absolución, pero la absolución no significa la salida inmediata de la cárcel, pudiendo estar uno, dos años, incluso pasar a la condición de preso gubernativo y seguir de forma indefinida en la cárcel.

            El cuadro que hemos dibujado anteriormente es muy simple pero ejemplificador de una estricta metodología, que tiene como objeto una represión muy medida y equilibrada para los fines que se pretende.

            La segunda causa relacionada con Alaejos que queremos dar a conocer es la 15/37 (Archivo Militar IV, A Coruña, Ferrol, Caja 134). En este juicio se juzga a tres falangistas por el asesinato cometido sobre otro falangista el día 28 de septiembre de 1936.

            La finalidad de la publicación de este documento, al igual que otros que presentamos es tratar de clarificar quienes tenían cometidos para la eliminación física de personas, y quienes eran los que ordenaban y por tanto eran los responsables de esas muertes.

            Joaquín Pardo era el Jefe de la Falange de Alaejos. También era concejal del ayuntamiento de Alaejos. En la Causa judicial 15/37 es acusado de instigar la muerte de otro falangista de Alaejos, asesinato que es ejecutado por otro falangista. En el proceso judicial encontramos una serie de textos que nos parece de sumo interés. En primer lugar, tanto en la instrucción sumarial como en la sentencia de fecha 1 de marzo de 1937, se señala que Falange Española y de las J.O.N.S. había tomado las armas en defensa de la Nación, y que sus afiliados eran considerados según el Bando de Guerra (de 28 de julio), como fuerza militar. En segundo lugar se apunta en la instrucción que en el artículo 2º de dicho Bando de 28 de julio publicado por la Junta de Defensa Nacional, se establece que los insultos y agresiones a individuos pertenecientes a las milicias que han tomado las armas para defender a la Nación, se consideraran como insultos a fuerza armada y serán perseguidos en juicio sumarisimo aun cuando en el momento de la agresión o insulto no estuvieran aquellos desempeñando servicio alguno. En la sentencia cuando se castiga de forma tan severa a Joaquín Pardo con la pena de muerte, se hace por ser un “agravante la gran trascendencia del hecho por lo que a la indisciplina interior de estas milicias pueda afectar un hecho de esta importancia”.

            Joaquín Pardo reconoce que tenía fuertes discrepancias con el compañero asesinado, pero en su defensa arguye que ha servido fielmente a la causa y que ha cumplido fielmente las ordenes que se le han encomendado, entre ellas las recibidas por el Jefe de Puesto de la Guardia Civil de Alaejos, y saca dos hojas (folios 123 a 125 del sumario) que le ha entregado este jefe de la guardia civil con los nombres, apodos o referencias de personas que han de ser “paseadas”: El hijo del Jorobilla “Espia”, Anselmo “El Cacharrero”, Andrés Casado “Presidente de la Casa del Pueblo”, La Rubia del amor libre, Esteban San Juan, así hasta quince personas.

            En la bibliografía encontramos entre los historiadores sobre todo dos corrientes explicativas sobre la personalidad de las victimas de los paseos, y la responsabilidad de las ejecuciones. Hay menos discrepancia sobre la personalidad de las victimas, que en general se admite que son contrarios políticos que merecen ser eliminados. Más lejos quedan ya aquellas explicaciones que atribuían estas muertes a las viejas rencillas, odios y enfrentamientos, que tenían más que ver con conflictos personales o locales, y menos con la situación de cambio social y político que vivía el país.

            Donde si encontramos lo que entendemos mayores dudas, y afirmaciones que nos parecen poco argumentadas y contrastadas, es sobre quienes son los responsables de la elección de los nombres de las personas que han de ser “paseadas”. No nos parece una cuestión menor por diversas razones. Estamos hablando de crímenes de lesa humanidad y es obligado dilucidar responsabilidades, pues aunque ya no vivan quienes organizaron y dirigieron aquella represión, siguen siendo unos delitos y responsabilidades que no prescriben. Pero es que además, como ya hemos expuesto, no solo en el tiempo de la dictadura, si no ahora mismo no son pocos los apologistas, una parte de la sociedad española y demasiados miembros de nuestra clase política y judicial, que siguen propagando que en la retaguardia se desató una ola de violencia intestina, que pudo ser controlada gracias a la eficaz intervención de los militares, que sembraron orden y cordura entre los violentos y exaltados españoles.

             La sublevación en Valladolid ha triunfado casi de inmediato, aunque durante la siguiente semana al 18 de julio se produzcan episodios puntuales, como el “paqueo” en Valladolid capital o Medina del Campo, u otros enfrentamientos esporádicos. En esos primeros días, falange es el aglutinador de un importante numero de jóvenes que armados por el ejército, y que como hemos visto no tienen independencia propia, porque han sido militarizados. De inmediato desde el día 19 y cumpliendo el bando de guerra son detenidas cientos de personas, tantas que tienen que habilitar como prisión las antiguas cocheras de tranvías o el viejo matadero. Los asesinatos como podemos ver en las tablas de fechas son pocos y generalmente individualizados en los primeros días.

            A partir de una determinada fecha, concretamente la noche del día 5 de agosto al 6, durante todo ese mes y el mes de septiembre se cometerá la mayor parte de los asesinatos con el método del “paseo”. Es decir, los asesinatos curiosamente se generalizan cuando ya no hay focos de resistencia que podían justificar un empleo mayor de la violencia.

             Se iniciaran en agosto los juicios sumarios, y la tramitación aunque dure meses de las principales causas sumariales, en las que se ven implicados cientos de vallisoletanos, sobre los que recaerán gravísimas sentencias.

            Los asesinatos desde ese día 6 de agosto se extienden por casi todos los pueblos de la provincia. Siempre sobre pequeños grupos de vecinos de una población que raramente llegan o sobrepasan la decena. Realizándose varias sacas en la misma población en el caso de que la represión deba alcanzar a un número importante de vecinos. Los que van a ser paseados a veces salen de los propios ayuntamientos, de los depósitos municipales, detenidos previamente por fuerzas milicianas o de la guardia civil; con estancias en esos lugares de los detenidos que van desde unas horas a varios días. Aunque vemos que el modus operandi más extendido es que después de haber pasado los días previos por ayuntamientos o cuarteles, hayan sido detenidos en sus domicilios a primeras horas de la noche, trasladados en camiones a varios kilómetros de su población, generalmente más de veinte kilómetros y asesinados.

            En la provincia de Valladolid quitando los asesinatos de la segunda semana de agosto, los asesinatos y fosas de las siguientes fechas nos es imposible de ubicar en la mayoría de los casos, porque se buscaron lugares discretos y sin testigos.

            El 3 de agosto, el general Mola, da instrucciones como hemos señalado, de que no se hagan autopsias a los cadáveres que aparecen por el campo, también que no es necesario investigar esas muertes porque se deben a los sucesos propios del tiempo de conflicto.

            Otro documento que nos parece de interés es la orden de Andrés Redondo de fecha 4 de agosto, en su condición de Jefe Territorial de Falange por la que “prohíbe las rondas volantes y caduca todas las autorizaciones para ellas, en la capital y provincia, debiendo los camaradas integrantes de ellas acuartelarse de inmediato en Valladolid”. (Palomares,  La Guerra civil en la ciudad de Valladolid, Valladolid, 2001, p. 41). Llamar la atención que será justamente un día después de emitirse esta orden, la noche del 5 al 6 de agosto, cuando las patrullas milicianas falangistas comiencen a actuar  en muchos pueblos cada día, y todos los días durante más de dos meses.

            En una tierra muy alejada de la nuestra, Sevilla y otras ciudades andaluzas, donde al igual que en Valladolid, la sublevación se impuso con relativa facilidad, y donde su figura militar máxima es Queipo de Llano. Se ha encontrado un documento que nos parece afirma y fortalece nuestros argumentos de que en un determinado momento los dirigentes de la sublevación deciden dar un salto cualitativo y cuantitativo en la extensión de la represión. El día 4 de agosto (Preston, pp. 203-204), “Queipo de Llano escribió a López Pinto y le urgió a que acelerara el proceso de eliminación de la izquierda en Cádiz…..La carta de Queipo de Llano reflejaba un momento clave de la represión. Las ciudades y pueblos de Cádiz, Huelva, Sevilla y buena parte de Cordoba y Granada habían caído en manos de los insurgentes. La población andaluza simpatizaba mayoritariamente con los republicanos, los socialistas y los anarcosindicalistas. Había que evitar revueltas cuando las columnas avanzasen hacia el norte. Había que matar a los prisioneros…..Las fuerzas de ocupación emprendieron un proceso de ejecuciones más sistemático a partir del 8 de agosto”. Entre los numerosos asesinatos cita el del alcalde de Puerto Real (Cádiz), José María Fernández Gómez, librero moderado del partido de Azaña, que había impedido los disturbios anticlericales y la quema de un convento el 18 de julio. Fue detenido y fusilado, a pesar incluso, de las suplicas de la madre superiora del convento. En esas mismas fechas (Preston, p.218) Queipo recibe numerosos telegramas de clérigos y derechistas a favor de presos republicanos; entre ellos a favor del ex gobernador civil Diego Jiménez Castellano. Queipo de Llano respondió: “lamento muchísimo no poder acceder a su petición de indulto reos condenados últimamente, ya que circunstancias criticas que atraviesa España obligan no entorpecer justicia, para lograr no solo castigo culpables si no ejemplaridad”.

            Recoge también Palomares (p. 33) las palabras de Jesús Rivero Meneses: “Ha sido injustamente valorada la presencia y participación directa de la Falange de Valladolid en la mas penosa, dura e ingrata, pero inaplazable acción represiva de las primeras horas de intensidad revolucionaria”.

            Chaves (p. 88) cita unas palabras del dirigente falangista Raimundo Fernández Cuesta: “En aquellos años caímos en la trampa porque siempre hacíamos el trabajo sucio, como era el de llevar a cabo los fusilamientos, no todos, pero sí la mayoría. Siempre éramos los falangistas los que teníamos que fusilar a la gente en lugar de los demás….”. Apostilla a continuación Chaves: “que independientemente del tono exculpatorio que pretende dar a sus palabras, muestra el grado de implicación de su organización tanto en los “paseos” como en los diferentes contenidos represivos…)

            Sigamos con otras citas de interés, de nuevo Palomares (p.25). Es nombrado Gobernador Civil desde el día 19 el Teniente Coronel de la guardia Civil Joaquín García de Diego, quién tras nueve meses en el cargo vuelve a prestar servicios en la benemérita. Escribe Palomares: “que cumplía a rajatabla las órdenes y disposiciones emanadas de los organismos superiores: Junta de Defensa Nacional y Junta Técnica del Estado; añade Palomares que siempre le acompaño el estigma de la represión, al igual que a sus sucesor Emilio Aspe, Teniente Coronel de Caballería”.

            Hay muchos historiadores que han interpretado ciertas órdenes de Mola, como un claro intento de hacer cesar una violencia descontrolada y en cierto modo gratuita, que se estaba produciendo en las zonas de retaguardia bajo su jurisdicción. Palomares (p.41) llega a argumentar: “Al amparo del desorden y emergencia de las primeras semanas, las milicias de segunda línea, especialmente las falangistas, vivieron en sus comienzos los frutos del espontaneismo: excesos en sus atribuciones…..impaciencia igualmente manifiesta en tomarse la justicia por su mano o intervenir en asuntos cuya competencia pertenecía a otras fuerzas o instancias del estado”.  Las órdenes de Mola tantas veces citadas son de fecha 11 y 22 de agosto de 1936.

            En la primera ordena Mola: “Ordeno a todas las agrupaciones políticas o militarizadas que luchan a nuestro lado por la causa de España que es necesario cesen los actos de violencia en las personas y cosas cometidos por iniciativas de individuos aislados o pequeñas agrupaciones pertenecientes a estas instituciones, así como las detenciones sin causas justificadas, por estimar podría ser causa que nos comparasen en procedimiento a los bárbaros empleados por las hordas comunistas, que en patriótica cruzada y en lucha noble y honrada tenemos que aplastar para salvar a nuestra querida Patria”.

            En la fecha de día 22. Insiste Mola: “Prohíban en forma terminante que falangistas o fuerzas similares practiquen detenciones sin orden escrita y cometan actos de violencia. Estoy dispuesto a castigar severamente, en juicio sumarísimo, los crímenes que se cometan, llegando incluso a la disolución de las agrupaciones que las realicen”.

            En estos meses de verano de agosto y septiembre, en los que la represión es generalizada en Valladolid, que tiene día y hora de comienzo, y se extiende con un goteo incesante de asesinatos durante meses no solo en Valladolid, si no en todas las provincias bajo jurisdicción del Ejército del Norte del que es responsable el general Emilio Mola; que para más precisión tiene despacho en la capital vallisoletana. Lo que hace que sea obvio que de todo lo que pueda suceder en nuestra capital y provincia tiene  conocimiento y control directo. Pero a la vista de ciertos argumentos encontrados en muchos historiadores, resultaría que tendríamos que concluir, que a pesar de los estrictos bandos de guerra, a pesar de la militarización de todas las fuerzas de seguridad y milicias civiles, además de extender desde el mismo día 18 toda una red de delegados militares por toda la provincia, además de contar con el apoyo inquebrantable de la guardia civil, conocedora y dominadora en cada una de sus demarcaciones de la población. Como decíamos, tendríamos que admitir que durante dos meses con mayor intensidad y otros seis con menor intensidad, se están cometiendo decenas de asesinatos diarios sin control de las fuerzas responsables de la sublevación. Obviamente la contundencia de los hechos y documentos es tal que sobran comentarios. Y debemos pensar que hubo casos aislados de indisciplina o delincuencia como el expuesto de Joaquín pardo.

            Es importante destacar que la parte del ejército que se ha sublevado ha fracasado en sus objetivos de aglutinar a todas las fuerzas militares para dar un giro a la situación política del país, lo que ha provocado que el golpe de estado a diez días del 18 de julio se haya convertido en un fracaso. No nos confundamos, el fracaso del golpe de estado no se debe a ninguna reacción o resistencia de las masas; un ejército que se mantiene unido en una sublevación no hay fuerza que se le pueda resistir. Desde el momento que el ejército se ha dividido y por tanto el país queda fraccionado en dos; las provincias o regiones que han sido dominadas por los sublevados corren un grave peligro de perderse y volver al orden constitucional.  Para Scanell (p. 15) “Para desencadenar un enfrentamiento de esa envergadura era requisito inexcusable la existencia de profundas divisiones en la sociedad y, además, que el abismo originado por las mismas alcanzara al seno del ejército, hasta el punto de dividir sus fuerzas lo bastante como para no poder aplastar al contrario en una hipotética confrontación, no cabe duda de que si en 1936 no hubiese estallado el fogonazo, la mecha no se hubiera encendido. La guerra civil no fue por tanto consecuencia directa del fracaso de las instituciones republicanas como del malogrado golpe de estado que dio lugar  a una cruenta lucha por el poder”.

            Los militares sublevados han emitido unos bandos de guerra muy  duros, porque como ya hemos aseverado en otras líneas son muy conscientes de la escasez de sus apoyos entre las masas de trabajadores. Bandos de guerra que en la investigación de los sucesos vallisoletanos vemos se aplican con diligencia, se suceden las detenciones inmediatas de todos los que consideran peligrosos a sus fines, incluso se cometen o se permiten algunos asesinatos, no muchos, según se comprueba en las estadísticas durante los diez primeros días desde el día 18 de julio.

            El problema y la gran decisión se presenta cuando no solo son conscientes los insurgentes de que el ejército se ha dividido en dos, y por tanto el golpe ha fracasado, si no que además la fuerza militar y miliciana que se encaminaba al asalto de Madrid, ha sido paralizada en la sierra de Guadarrama; pero es que además esta resistencia gubernamental podría ser el principio de una reacción por parte de las fuerzas leales, que haría peligrar seriamente el mantenimiento del frente segoviano, incluso el dominio en provincias como Segovia y la misma Valladolid. Como muy bien señala Ramón Salas Larrazabal, los grandes arsenales de armas quedaron en manos gubernamentales, y solo el rompimiento del estado republicano y el descontrol de los primeros meses facilitaron la resistencia de los sublevados en muchos lugares sobre los que dominaron sin resistencia los primeros días. Es por todas estas circunstancias que los responsables militares toman una drástica y dura decisión, y ya no se conforman con la detención de cientos de personas y el asesinato ejemplificador de algunos pocos, si no que es necesaria la eliminación física de todos aquellos que pueden tener alguna capacidad de reacción, dirección, organización, movilización de masas, y para ello imparten ordenes represivas muy precisas a las fuerzas que les sirven de apoyo y control de la población en cada una de las localidades de Valladolid, y del resto de provincias bajo dominio de los sublevados. Sobre este temor de Mola a una reacción interior o a una contraofensiva de las tropas republicanas señala Scanell (p. 177) que Mola le dirige a Franco reiterados mensajes protestando por la escasez de armas y municiones que recibía. Recoge además Scanell un mensaje angustiado del día 3 de septiembre de Mola dirigido a Franco: “Manda el material que te pedí y me ofreciste el otro día. Estoy pasando verdaderos apuros. Creo que no me dejareis por la cuenta que os tiene sin municiones y demás elementos necesarios”.

            Tampoco a estos militares les sirve y les interesa dejar armas y decisiones al libre albedrío de nadie. En primer lugar porque rompe criterios tan básicos para un militar, como los principios de control, orden y disciplina. Y en segundo lugar porque a estos apoyos de civiles con armas, si se les facilitara cierta potestad y autonomía podrían convertirse en algún momento, dentro de la situación de incertidumbre que se esta viviendo, en un riesgo añadido. Pues entre otras cosas, no debemos olvidar que entre los civiles que les apoyan hay sensibilidades muy diferentes, contrastadas y no tan afines en muchos casos con los planteamientos políticos de los militares sublevados. Baste recordar, una vez más, que las banderas falangistas que a lo largo de toda la guerra acudirán a los frentes, no pueden tener mandos propios con un grado mayor que el de sargento, perteneciendo toda la oficialidad al ejército regular. Y que cuando Fal Conde, líder de los carlistas, quiso crear una academia militar, tuvo que salir del país antes de que lo represaliaran.

            Los “representantes” de los militares en cada población cumplen con los cometidos encomendados por estos de elaboración de las listas, con detalle de las responsabilidades que han desarrollado cada uno de los que en ellas se encuentran antes, durante la republica y desde el 18 de julio. Estas listas e informes son elaborados como hemos visto por tres grupos: los militares, los militarizados y los políticos. Se preocupan los militares sublevados de que no haya contradicciones entre esos informes con el fin de que las decisiones que deben tomar, lo sean con todos los argumentos, y con el menor “riesgo de injusticia” posible. Y son ellos, las cúpulas militares, los que deciden los que deben ser paseados y cuando, los que deben ser detenidos, juzgados. Valiéndose para cumplimentar estas ordenes no sólo de las milicias falangistas, si no también de guardias civiles y soldados. No es inhabitual que en los testimonios recogidos se nos informe como este conglomerado de fuerzas, siempre interactúan en conjunto en las distintas fases del proceso: interrogatorio, detención, traslado o asesinato.