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Desde las elecciones de febrero hasta el golpe de estado del 18 de julio el clima político y social se deterioró de forma dramática en Valladolid.

Ciudad de provincias y guarnición militar, nudo de comunicaciones y centro agrario, Valladolid reunía las condiciones ideales para que el drama que estaba a punto de desatarse lo hiciera con toda la intensidad e irracionalidad posible.

Socialmente la capital se definía por los contrastes: un núcleo obrero importante en forma de los trabajadores ferroviarios, concienciados y politizados, de mayoría socialista; una cantidad significativa de profesionales liberales cultos y progresistas que habían dotado al régimen republicano en Valladolid de funcionarios y dirigentes; un sector significativo de la pequeña y mediana burguesía que simpatizaba abiertamente con el sistema democrático republicano, cuyos máximos representantes (el Gobernador Civil, el Alcalde, el Capitán General de la División Orgánica) estaban entre sus más decididos servidores.

Enfrente las clases altas, de tradición monárquica y conservadora; la mayoría de la burguesía urbana, fuertemente católica; los pequeños propietarios rurales; una minoría violenta y activa de falangistas y jonsistas, cuya actividad fue decisiva antes y después de la rebelión; los mandos medios del ejército, la guardia civil y la guardia de asalto, firmemente comprometidos por acción u omisión con la rebelión militar, y, por supuesto, la Iglesia  católica, oponente tenaz de la república desde la constitución de ésta.

Los incidentes violentos, desde Febrero, fueron prácticamente diarios y algunos de carácter muy grave. Llevando a la práctica la teoría joseantoniana de la “dialéctica de los puños y de las pistolas”, los miembros de Falange y de las JONS se lanzaron con entusiasmo a una espiral de agresiones contestadas por extremistas de la CNT o el partido comunista. Para atajar esta situación, el nuevo gobernador civil, Lavín, dictó órdenes de prisión para gran cantidad de miembros de ambos grupos: en julio de 1936 no había menos de ciento cincuenta falangistas en la cárcel, donde protagonizaron numerosos incidentes.

Ya desde el mes de marzo se pondrá en marcha la maquinaria de la sublevación: en diversos acuartelamientos de la ciudad se forman “juntas” o grupos de conspiradores, se entrenan militarmente grupos falangistas en el campo, se compran armas y se hace un proselitismo constante a favor del golpe de estado. A comienzos de Julio, tras el asesinato del capitán Castillo y de Calvo Sotelo, el golpe de estado es un secreto a voces.

En los días previos, el gobernador civil tomará una serie de medidas destinadas por un lado a contener la violencia callejera y por otro a prevenir una rebelión contra el gobierno: se protegen los centros de poder principales, se informa a Madrid de lo que ocurre y se procura, en la medida de lo posible, “asegurar” los mandos de la Policía y de la decisiva Guardia de Asalto.

Todas estas medidas se revelarán insuficientes. El día 18 de Julio se ordena el traslado de la Guardia de Asalto a Madrid, para reforzar la seguridad en la capital y, de paso, alejar un cuerpo conflictivo en Valladolid. Pero los oficiales no obedecen las órdenes y, espoleados por elementos extremistas, deciden de motu propio, sin coordinación con la trama militar, apoyar el golpe de estado. En compañía de algunas decenas de falangistas recorren las calles de la ciudad y toman la Radio, Correos y Telégrafos y la Telefónica.

Mientras, la situación se precipita: la conspiración militar ha sido organizada por algunos mandos medios bajo la supervisión del general Saliquet, al acecho en una finca de los Montes Torozos. Su principal problema es el Capitán General de la División, Molero, un militar profesional leal a la República que durante el mes anterior ha mostrado una actitud enérgica sancionando y apartando del mando al coronel Serrador, designado por Mola como presidente de la Junta encargada de la rebelión.

A las once y media de la noche del 18 de Julio, un grupo de oficiales y falangistas encabezados por los generales Saliquet y Ponte entran en el edificio de la División con la intención de convencer a Molero de que renuncie al mando. Este se niega y sus dos ayudantes de campo, comandantes Liberal y Rioboo intentan arrestar a los golpistas. Se produce un tiroteo en el despacho del capitán general, muriendo un falangista y resultando heridos de extrema gravedad ambos comandantes. Molero es arrestado y desposeído del mando, haciéndose los sublevados con el poder.

Inmediatamente se ejecuta el plan preestablecido: se toma Gobernación Civil, arrestando a Lavín, se ocupa la Estación del Norte, la Fábrica de Gas y demás centros neurálgicos.

El Ayuntamiento, defendido por un retén de bomberos, resistirá hasta la mañana del 19. En cambio, la Casa del Pueblo, dio muchos más problemas a los sublevados.

En efecto, estos temían desde el principio la fuerza del PSOE y UGT en Valladolid, con más de 12.000 afiliados. Estos, ante las primeras noticias del golpe, habían ido a pedir armas al gobernador civil, quien en un primer momento no quiso y posteriormente no pudo dárselas.

Sin instrucción militar ni planes de actuación, se concentraron en la Casa del Pueblo, acabando así con sus ya de por sí escasas posibilidades de resistencia. En efecto, el 19 por la mañana comenzó un asedio en toda regla que culminó a cañonazos, provocando algunas víctimas y la rendición incondicional de los más de ochocientos ocupantes del inmueble, la mayoría de los cuales serían fusilados más adelante.

El mismo 19 por la tarde la situación está ya absolutamente controlada por los golpistas: tan solo se producen algunos episodios de resistencia esporádica por parte de francotiradores en las barriadas obreras, que se prolongarán casi durante un mes. Con las autoridades republicanas detenidas y la ciudad tomada se abrían las puertas a una represión salvaje.