El Presidente Lerroux llamó a Franco y a Goded para que organizasen la represión. Se envió a la Legión y a los Regulares de Marruecos. El día 10 se acabó todo con la caída de Gijón.

La represión fue durísima en todo el territorio español: se calculan unos 30.000 detenidos: socialistas, cenetistas, catalanistas (Companys fue condenado a muerte), Largo Caballero, el propio Azaña... A continuación se descabezó el movimiento obrero. En el campo se produjo el caos: los propietarios tomaban represalias por su cuenta; hubo miles de despios; se volvió a la semana de 48 horas y se redujeron los salarios.

Hubo 20 sentencias de muerte. Lerroux no quería que se ejecutasen, pero Gil Robles se negaba a las conmutaciones, y por ese motivo dimitió.

La sociedad quedó profundamente dividida: eran los antecedentes de la Guerra Civil.

En la provincia de Valladolid, provincia agraria por excelencia, y cuya mayor fuerza laboral eran los jornaleros del campo, la huelga fue secundada en muchos pueblos, aunque sin éxito. Se proclamó de inmediato el estado de guerra y comenzaron las detenciones. La ciudad volvió a la normalidad el día 7, pero en los pueblos hubo más resistencia.

En Medina de Rioseco se asaltó una armería; murió un sargento, fueron heridos un teniente y cuatro guardias civiles  y se practicaron más de setenta detenciones.

En Tudela de Duero hubo enfrentamientos y más de cincuenta detenidos.

Lo mismo ocurrió en Peñafiel, en Fombellida, en Cabezón de Pisuerga, en Corcos del Valle, en Cigales, y en varios pueblos más.

A continuación, el Gobierno organizó una represión durísima: se detuvo a cientos de personas; se clausuraron decenas de Casas del Pueblo, y se les quitó a los socialistas de todos los puestos de poder: alcaldías, concejalías, actas de diputados...

Así, la mayoría de los Ayuntamientos, incluido el de Valladolid capital, fueron suspendidos.