(Carta abierta a la prensa)

Digámoslo claramente y desde el principio. Los españoles no hemos asimilado bien nuestra historia reciente. Los hechos y circunstancias terribles que se dieron en España durante buena parte del siglo XX todavía nos pesan. Estos días, con motivo del proceso abierto al juez Garzón, se está viendo con toda claridad. Según muchos la superación de la etapa franquista y el advenimiento de la democracia tuvieron lugar de forma modélica, quizá por la imposibilidad de introducir cualquier elemento de reparación en aquel momento. Ahora, treinta y cinco años después del comienzo de la normalización democrática, la herida no está curada y a este paso se convertirá en pesada gangrena para generaciones futuras. Porque, ¿cómo explicar si no, que haya gente que reaccione con verdadera furia cuando los familiares de desaparecidos y asesinados de forma ignominiosa expresan su determinación de recuperar los restos de sus allegados para enterrarlos como merece cualquier ser humano? ¿Por qué las instancias judiciales se resisten a restaurar el honor vulnerado de los cientos de miles de personas que fueron condenadas en procedimientos injustos realizados durante la guerra y la posguerra? ¿Por qué es tan difícil conseguir que los tribunales colaboren en la recuperación e identificación de los restos de miles de desaparecidos y en la aclaración, cuando sea posible, de las circunstancias que rodearon su desaparición?

El siglo XX ha sido testigo de tragedias por todos conocidas y de las más espantosas masacres, incluido el genocidio nuclear. Por eso hoy sabemos que los pueblos que han vivido situaciones de violencia extrema en su historia reciente tienen que emprender un proceso de asimilación colectiva de su historia duro, largo y costoso, pero imprescindible. No se trata de algo tan ambicioso como establecer la verdad histórica. Para construir esa verdad hacen falta tiempo y especialistas. Simplemente hay que hacer un trabajo que en España no se ha hecho todavía y que mientras no se complete seguirá enturbiando las relaciones entre españoles y enrareciendo el clima político de este país. Y no se podrá afirmar que los españoles hemos asimilado colectivamente nuestra historia reciente mientras no se dé satisfacción a las pretensiones de dignificar la memoria vilipendiada de los desaparecidos y asesinados en la guerra civil y en la dictadura. 

A principios de los años 80, muchos familiares de víctimas de desapariciones programadas por el bando que apoyó la sublevación contra el orden constitucional de la II República, iniciaron las pesquisas necesarias –de forma tentativa y discreta al principio–para saber qué había ocurrido con sus padres, madres, hermanos y abuelos. Han sido años de entrevistas con personas mayores que llevaban años sin hablar, de lectura de cartas con confesiones hechas en el ocaso de la vida. La memoria de este país –que no estaba dormida sino enmudecida–, se atrevió a hablar por la boca de muchas personas silenciadas por un régimen implacable, que quiso aniquilar mediante el terror la memoria y la reputación de personas dignísimas, de la misma forma que encumbraba hasta el ridículo a los defensores de la supremacía de una ideología fascista.

El actual gobierno socialista intentó tímidamente iniciar un proceso más bien formal de reparación moral por los daños sufridos por los represaliados por el franquismo. Sin embargo, fue el juez Garzón quien, en su auto de 16 de octubre de 2008, se mostró inicialmente dispuesto a asumir la competencia para la tramitación de la causa por “presuntos delitos permanentes de detención ilegal, sin dar razón del paradero, en el contexto de crímenes contra la humanidad”. De esta forma reaccionaba a las denuncias presentadas por las asociaciones de víctimas solicitando que los órganos jurisdiccionales españoles adoptasen las medidas necesarias para la identificación de las víctimas de la represión franquista y la localización de las fosas comunes y, también, que se instruyese el oportuno proceso para la averiguación de los hechos y determinación de las posibles responsabilidades penales. 

A lo largo de los dos últimos años, los medios de comunicación habían empezado a interesarse por las discretas actividades de los familiares de las víctimas (nunca hemos hecho exhibición de nuestro drama) y habíamos empezado a pensar que quizás la sociedad estaba preparada para dar ese último paso necesario para saldar las cuentas pendientes. Sin embargo el Tribunal Supremo ha logrado cambiar el panorama radicalmente. El foco ha pasado a estar encima del juez Garzón, al que se acusa de prevaricación. El debate se ha polarizado al máximo y un observador internacional poco informado sólo necesitaría leer un par de días seguidos nuestra prensa para entender hasta qué punto estamos lejos en este país de haber superado el trauma de la guerra civil. A algunos hablar de muertos les parece obsceno, a otros les avergüenza el espectáculo de los familiares exponiendo su tragedia, con lo que demuestran una sensibilidad tan exquisita como poco equitativa. En ciertos medios periodísticos se retrata a los familiares como un coro de vociferantes en apoyo del juez Garzón. Lo cierto es que apoyaríamos a cualquier juez que hubiese oído nuestras demandas, que son idénticas a las presentadas por otros familiares de desaparecidos en otras latitudes, amparándose en el derecho internacional.

En la voluntad de los demandantes no existe ningún ánimo de revancha o venganza. Simplemente hacemos uso de nuestro derecho imprescriptible e inalienable, como familiares de víctimas de violaciones graves de derechos humanos, a conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones y de la suerte que corrieron las personas desaparecidas o fallecidas. Sin embargo, parece que la pretensión de los familiares de recuperar los restos de sus allegados merece una consideración inferior que demandas mucho más radicales que se oyen estos días en boca de muchos ciudadanos: alargamiento de penas, cadena perpetua e incluso pena de muerte para los autores de delitos contra menores de edad. No. No es ese tipo de “justicia” la que pedimos. Lo que pretendemos es impedir que la impunidad de crímenes de lesa humanidad cree las condiciones que permitan que tales actos vuelvan a repetirse.

Desde la óptica del derecho internacional, en virtud del cual los Estados tienen la obligación de investigar los crímenes contra la humanidad, entre ellos la desaparición forzada, es difícil de entender el procesamiento del juez Garzón por prevaricación.

En vez de facilitar la digestión histórica que nos hace falta, nuestra alta judicatura ha reavivado el doloroso y estéril enfrentamiento de las dos Españas. En esta situación, insistimos en la necesidad de que las instancias judiciales, (Audiencia Nacional, órganos judiciales territoriales o quien sea) atiendan las demandas de las víctimas. Ello permitirá que los españoles nos reconciliemos con nuestra historia reciente, un terreno en el que otros socios mucho más recientes de la Unión Europea, con pasados también turbulentos, nos llevan ya una gran ventaja.